Pocas horas después del ataque a tiros ocurrido el 17 de junio, el cual dejó nueve muertos en una iglesia de Charleston, Carolina del Sur, numerosas autoridades calificaron el incidente como un crimen de odio. El jefe de la policía y el alcalde de Charleston estuvieron de acuerdo, el FBI inició una investigación del tiroteo como tal, y el Departamento de Justicia confirmó que el incidente sería considerado como un crimen de odio.
También la mayoría del público en general estuvo de acuerdo con esa consideración: después de todo, el sospechoso, Dylann Roof, un hombre blanco de veintiún años que ha hecho numerosos comentarios racistas, fue visto en las redes sociales llevando banderas de Sudáfrica y Rodesia, anteriormente gobernadas por blancos, y según se informa, Roof dijo, después de su arresto, que esperaba iniciar una “guerra racial”.
“La única razón para que alguien entre en una iglesia y les dispare a personas que estaban rezando es el odio”, declaró Joe Riley, alcalde de Charleston.
Pero aun si el odio fue el motivo, el fiscal local no podrá perseguir tales cargos porque Carolina del Sur carece de una ley sobre crímenes de odio. Carolina del Sur, junto con Arkansas y Georgia, es uno de los únicos tres estados que carecen de previsiones estatutarias relacionadas con crímenes motivados por la raza, religión y el origen étnico, de acuerdo con la Liga Antidifamación.
Jack Levin, experto en crímenes de odio y criminología de la Universidad Northeastern, dice que no existe una explicación general que esclarezca por qué esos estados no han adoptado una ley de esa naturaleza. En Carolina del Sur, la legislación sobre crímenes de odio ha sido sacada a colación en numerosas sesiones legislativas, por ejemplo, todos los años entre 2009 y 2014, y sin duda, pronto será debatida nuevamente, como consecuencia de uno de los tiroteos más mortales en la historia del estado. Dos demócratas residentes en Charleston, Seth Whipper y Wendell Gilliard, son algunos de los legisladores de Carolina del Sur que han intentado lograr la aprobación de dicha ley desde hace mucho tiempo, y Gilliard planea redoblar sus esfuerzos. “No importa si la califican como una reacción refleja”, declaró Gilliard al diario Charleston Post and Courier. “Tengo que hacer lo que tengo que hacer.”
Aunque Carolina del Sur se ha negado repetidamente a aprobar una ley relacionada con los crímenes de odio, los modernos grupos de odio en Estados Unidos han crecido enormemente desde la década de 1990. En 2012, el Southern Poverty Law Center (Centro Legal para la Pobreza Sureña) identificó 1018 grupos activos en el país. En 1998, había solamente 537 de esos grupos. Después de alcanzar su punto máximo en 2012, el número de grupos de odio activos ha disminuido lentamente hasta alcanzar 784 en 2014, un número comparable al que existía a comienzos de la década de 2000. El número de grupos neoconfederados de esa lista ha disminuido desde 2004, de 13 a 5 por ciento del total, pero el número de grupos racistas de cabezas rapadas ha aumentado de 6 a 15 por ciento del total. El Centro también descubrió que los grupos del Ku Klux Klan se han vuelto clandestinos, pero no han desaparecido.
Roof no fue vinculado de inmediato con ningún grupo de odio, aunque las fotografías que aparecen en su aparente manifiesto muestran que siente un gran afecto por el movimiento racista neoconfederado.
No estamos en la década de 1950 en lo relacionado con los temas de raza, por lo menos en el frente legislativo. Pero en una investigación realizada por Spencer Piston, profesor adjunto de la Universidad de Syracuse se muestra que los estadounidenses, entre ellos los más jóvenes, están lejos de carecer de prejuicios con respecto al color de la piel. En ese estudio, realizado en 2012, se pidió a varias personas que evaluaran qué tan inteligentes y trabajadoras consideraban a las personas blancas, negras, hispánicas y asiáticas. En el estudio se descubrió que 64 por ciento de las personas blancas y de mayor edad pensaban que los blancos eran más inteligentes y trabajaban más duro que los negros, mientras que 61 por ciento de los menores de treinta años estaban de acuerdo con las afirmaciones. “Las personas nacidas al inicio del presente milenio y de raza blanca parecen no ser menos prejuiciosas que el resto de la población blanca”, declaró Piston a la revista New York en el momento de la publicación de la encuesta.
Aun cuando pueda argumentarse que el racismo y los grupos de odio se han reducido en Estados Unidos, ha aumentado la conciencia de los horrores que pueden provocar, y los castigos específicos contra estos crímenes han adquirido un importante simbolismo y suelen generar una sentencia más severa. Cuando una persona es condenada por cometer un crimen de odio, el cargo original puede ser incrementado en el tribunal: un homicidio puede convertirse en un homicidio agravado; un crimen de segundo grado puede ser considerado como un crimen en primer grado.
El FBI define un crimen de odio como “una ofensa tradicional como el homicidio, el incendio provocado o el vandalismo, con un elemento adicional de prejuicio”. Esto se aplica en casos relacionados con la raza, el color de la piel, la religión o el lugar del origen. En 2009, el presidente Barack Obama amplió la ley federal de crímenes de odio, aplicándola a los actos de violencia motivada por razones de género, orientación sexual y discapacidad. “Esta ley parlamentaria federal se vuelve muy importante, especialmente para juzgar casos en estados como Carolina del Sur”, declaró Levin a Newsweek.
Aunque el gobierno federal puede presentar cargos de crimen de odio contra Roof quien, según se informa, ha confesado los asesinatos, Carolina del Sur sólo puede juzgarlo por nueve cargos de homicidio y uno de posesión de arma de fuego, a falta de una ley relacionada con los crímenes de odio.
Dada la naturaleza del crimen, es probable que los fiscales locales pidan la pena de muerte, y la gobernadora Nikki Haley ha dejado claro que eso es lo que ella quiere. Debido a que Carolina del Sur ya tiene una pena de muerte en el papel, es mucho más fácil ejercer esta sentencia en el ámbito estatal. Por ello, es probable que el estado maneje el caso, y no el gobierno federal. “Habrá conversaciones entre el gobierno federal y el estado de Carolina del Sur sobre cómo se debe enjuiciar a esta persona. Las partes pueden decidir que es mejor que el estado lleve el caso”, señala Matt Pitcavage, director del Centro sobre el Extremismo de la Liga Antidifamación.
Roof podría ser enjuiciado en los niveles federal y estatal, declaró Pitcavage a Newsweek. “Una ley federal de crímenes de odio podría desempeñar una función aquí”, explica. “En algunos casos, el gobierno estatal y el federal entablan simultáneamente una acción judicial; un ejemplo notable de esto es el caso de Terry Nichols.”
Nichols, uno de los bombarderos de Oklahoma City, fue condenado dos veces, una en el tribunal federal y, debido a que ese jurado no votó a favor de la pena de muerte, fue condenado una segunda vez por el estado de Oklahoma, que tampoco impuso la pena de muerte. Aunque esto podía ocurrir en el caso de Roof, los expertos están de acuerdo en que ello es poco probable.
Los fiscales de Carolina del Sur podían seguir una estrategia similar a la que se utilizó en el juicio del bombardero del maratón de Boston, en la que un jurado condenó a Dzhokhar Tsarnaev y otro estableció la sentencia, dice Levin. Si un segundo jurado en el caso de Charleston presentara una sentencia de pena de muerte, es poco probable que el gobierno federal prosiguiera con los cargos de crimen de odio.
En algunos casos, se trata de hacer que el simbolismo del castigo esté a la altura del delito. Los crímenes de odio “no afectan necesariamente sólo a la persona y a quienes la rodean. Afectan a una comunidad entera”, señala Pitcavage. “En algunos casos, si es lo suficientemente prominente y creo que este tiroteo lo es, entonces afecta al país entero.” Reconocer los crímenes de odio en un tribunal judicial también puede permitir que las comunidades, y en este caso todos los habitantes del país afectado por el tiroteo, puedan sanar.
Los expertos también destacan el posible impacto de enjuiciar un crimen de odio. “Si alguien dice únicamente que tirotear a alguien es un homicidio, eso es una cosa, pero el hecho de enjuiciarlo como un crimen de odio nos da una mejor oportunidad de, con un poco de suerte, desalentar a otras personas que deseen repetirlo. [Charleston] es un caso agravado. Debe ser tratado como tal”, afirma Randall Kessler, un abogado residente en Georgia. Señala además que el enjuiciamiento de los crímenes de odio puede ser visto como la mayor forma de intolerancia contra los actos de odio.
“Lo que tenemos aquí es un crimen de odio que Carolina del Sur no puede reconocer oficialmente como tal”, señala Pitcavage. “No tienen ninguna manera de ofrecer respeto a la víctima al acusar al sospechoso de un crimen de odio, y eso es una lástima, ya que es simbólicamente importante. Se reconocerá que son víctimas de un crimen, pero no víctimas del odio.”