El régimen se pone a prueba

El asesinato a tiros de un coordinador de campaña priista en un pequeño municipio del norte de Puebla adquirió relevancia al momento en el que el dirigente nacional del PRI sugirió que detrás del atentado se encuentra la mano del gobernador Rafael Moreno Valle.

“La política estatal de Puebla debe dejar de intervenir ilegal e inescrupulosamente en el proceso electoral”, tuiteó César Camacho a la cuenta del gobernador panista. “El terror permitido, si no es que solapado, por las autoridades locales, cobró la vida de Salvador Méndez en Puebla.”

Salvador Méndez Morales, de veintinueve años, era regidor de Chignahuapan y coordinaba la campaña a diputado federal de Lorenzo Rivera. La noche del lunes 26 de mayo fue abordado por dos sujetos en motocicleta al salir de la sede del PRI en ese municipio. Murió casi al instante, tras recibir cuatro balazos.

La acusación del dirigente nacional del PRI no tuvo formalidad en la indagatoria del caso. Al margen de ello, permite el atisbo de un escenario en el que la violencia no necesariamente proviene del “narco”, como automáticamente conceden analistas del fenómeno, sino del mismo sistema político.

El de Salvador Méndez es uno de varios homicidios cometidos en el marco de la actual contienda electoral, en la que habrán de elegirse a 500 diputados federales, además de 639 locales, 903 alcaldes y nueve gobernadores.

Se trata de las primeras jornadas que corresponden a Enrique Peña Nieto como presidente de la república, y las primeras también en la era de las reformas estructurales, como la fiscal, la de telecomunicaciones y la energética. El proceso entraña una relevancia que jamás tuvieron otras elecciones intermedias, justo por el andamiaje de crimen y avaricia desatado en el México de las grandes renovaciones.

“Lo que está en juego es la legitimación del sistema”, resume Israel Covarrubias, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Florencia y autor de Los espejos de la democracia: ley, espacio político y exclusión. “La idea de que los gobernadores se disciplinan alrededor de la figura presidencial está en desuso. Ahí hay un problema severo porque hay una cuestión de autonomía de los gobiernos estatales, y esa autonomía tiene que ver con el anidamiento local de los intereses económicos.”

El interés detrás de una mayoría de candidatos es lo que finalmente anima parte de la violencia en su contra, de acuerdo con el investigador. Pero las elecciones del próximo 7 de junio serán, a un mismo tiempo, el juicio ciudadano, se vote o no, a un régimen descompuesto.

Según Telésforo Nava, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, “estas elecciones serán el pivote para una sociedad que atestigua el derrumbe, la caída de toda expectativa y la enorme corrupción de la clase gobernante, encabezada por el presidente”. Además, el experto en elecciones y partidos políticos anticipa que “los resultados de la contienda serán determinantes para lo que resta al gobierno de Peña Nieto”.

Este tipo de proceso electoral, irrelevante en el pasado, sitúa al país o a su sistema político a las puertas de un hecho mucho más trascendental: el de la transformación del Estado mismo. Así lo considera, por su parte, Guadalupe Correa-Cabrera, profesora asociada y directora del Departamento de Gobierno de la Universidad de Texas en Bronwsville.

“Lo que viene es una amplificación del conflicto de interés entre gobernadores y empresas relacionadas con las nuevas inversiones en materia energética”, dice Correa. “Y esto vulnera definitivamente al Estado.”

Corrupción e impunidad

No sólo la violencia enmarca las campañas y el proceso electoral que se avecina. El desencanto mayor surge de la corrupción descarada de los últimos años, continúa el investigador Telésforo Nava.

“Sabemos que el sistema en México es corrupto. Pero hubo un momento en el que sólo se asociaba al PRI”, señala. “Con el tiempo nos dimos cuenta de que también invade al PAN y al PRD. El golpe mortal para el actual régimen llega, sin embargo, cuando le sacan al presidente el tema de la Casa Blanca y de ahí todo se viene en cascada. Entonces basta con negarlo y establecer la ‘verdad histórica’, y con ello se deja ver claramente el sistema de la impunidad.”

La corrupción es lo que anima la guerra entre candidatos en cada una de las entidades y alienta el hartazgo ciudadano.

En octubre de 2013, por ejemplo, la Contraloría General del Estado de San Luis Potosí inhabilitó al exgobernador panista Marcelo de los Santos Fraga (2003-2009) para ocupar cualquier cargo público durante veinte años. Además le impuso una multa por 7000 791 000 pesos, por haber desviado recursos por 1500 millones al final de su gestión.

La sanción fue objetada por el PAN, que aludió un trasfondo político.

El actual gobernador, el priista Fernando Toranzo, ha enfrentado a su vez señalamientos no sólo por manejo indebido de dinero público y maniobras fraudulentas, sino por proteger a Eduardo Córdova, el sacerdote católico al que más casos de pederastia se le han documentado. Córdova hoy está prófugo gracias a esa protección.

San Luis Potosí encabeza la lista de entidades con mayor índice de corrupción, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI en 2013.

Las opciones que tienen los ciudadanos es elegir entre los candidatos del PRI y el PAN, Juan Manuel Carreras y Sonia Mendoza, a quienes las encuestas colocan en empate técnico. Ambos partidos se han alternado el gobierno local por casi dos décadas.

No es la única contienda cerrada que enfrenta a partidos cuyo ejercicio de gobierno se distingue por la vileza de sus funcionarios. Por ello mismo, dice Nava, las campañas se centran en la difamación. “Lo que vemos es un concurso entre candidatos para ver quién se tira más porquería. Ese es el nivel.”

Pero el intercambio de acusaciones en las campañas es irrelevante ante casos como el de Guerrero, en el que la corrupción y el crimen tienen responsables concretos y en absoluta impunidad, ataja él mismo.

“La violencia llegó a niveles desorbitados”, expresa. “La tenemos desde Felipe Calderón, que nos metió en un tobogán. Pero si antes la prensa daba cuenta de ello, ahora tiene prohibido hacerlo. Según la ONU hay 200 000 desplazados en México. Y a esta violencia hay que agregar la violencia de Estado, que aplica la máxima de Porfirio Díaz de ‘mátalos en caliente’. Eso lo vimos en Tlatlaya, en Ayotzinapa y más recientemente en Michoacán. Peña Nieto lo que busca en estas elecciones es ganar lo más que se pueda y así tener algo de oxígeno porque su gobierno se asfixia.”

México está lleno de zonas con población desplazada y muchas otras sometidas ante el poder de las armas, lo que convierte el proceso electoral en un ejercicio vacío. Pero, en opinión de Israel Covarrubias, el éxodo, lo mismo que el asesinato de candidatos, no necesariamente tiene como base el negocio de la droga.

“Hay más población desplazada por la iniciativa de los megaproyectos estatales que por la violencia de los últimos años”, advierte. “Esa es la tendencia de los megaproyectos globales. Es un tipo de desenraizamiento de pueblos enteros porque va a pasar una autopista, porque se va a construir una planta de producción de energía, etcétera. Ahora, lo que hay que preguntarnos es cuántos proyectos de Estado hay compartidos con las élites empresariales y las élites políticas locales.”

La complejidad de todo ello es lo que envuelve el actual proceso. Covarrubias, que en el pasado escribió el libro Estado, seguridad pública y criminalidades, habla de la conformación de un sistema subnacional, en el que no puede referirse más a un autoritarismo federal. Refiere los casos de Tamaulipas y Coahuila, en donde este autoritarismo se volvió local e impide la alternancia. O en Michoacán, en donde el relevo en el poder no reviste ningún cambio de sistema.

“Las áreas de desestabilización del país coinciden con una serie de iniciativas del Estado en función de su estructuración económica, de su propia rentabilidad”. Por lo tanto, dice, “habría que ver la siguiente ecuación: reformas políticas más desestabilidad. El resultado es que tenemos enclaves de soberanización político económicas, que no coinciden con la estructuración clásica de lo que es el Estado en esta modernidad política.”

Después de las reformas estructurales alcanzadas por el gobierno de Peña Nieto, el país asistirá a un nuevo modelo de democracia, de acuerdo con Guadalupe Correa-Cabrera, de la Universidad de Texas.

Lo que deja una sola de las reformas, la energética, proyecta una serie de subordinación política a los grandes capitales. Las empresas transnacionales buscarán beneficios y requerirán forzosamente de mayor vínculo con la clase política.

“Por lo consiguiente, se requiere que los nuevos gobernadores [y legisladores] mantengan una relación muy estrecha con las empresas y esto definitivamente tendrá un efecto importante en el modelo de democracia mexicano, en el cual la clase política se sujeta aún más a los intereses del gran capital (nacional y extranjero) en un momento clave del desarrollo del sector de los hidrocarburos en el país”, explica Correa.


El auge de los independientes

En noviembre de 2014, Alfonso Martínez Alcázar se tomó un tiempo para reflexionar sobre su futuro político. Había renunciado al PAN después de considerar que el proceso de afiliación mediante el cual se eligió candidatos fue manipulado desde la cúpula. Al final decidió lanzarse sin partido en pos de la alcaldía de Morelia. Hoy encabeza las encuestas con 31 por ciento de la intención del voto.

La travesía no fue nada fácil después de aquella decisión. Las autoridades electorales exigieron no sólo firma y copia de la credencial de quienes apoyarían la candidatura independiente, sino su presencia física.

“Nos dieron veinte días para llevar 11 000 personas. Lo único que logramos es que, en vez de una, fueran cuatro las sedes receptoras. Aceptaron, pero no creas que pusieron estos lugares en zonas conocidas, sino que las escondieron en colonias lejanas con el propósito de que nadie fuera. Al final logramos llevar a más de 13 000 personas y logramos el registro”, cuenta Antonio Plaza, el coordinador de la campaña de Martínez.

A mediados de mayo, Martínez fue visitado por Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, el más notable de los candidatos independientes. Fue un encuentro en el que se compartieron estrategias y se desearon suerte. El Bronco hoy encabeza las preferencias electorales en Nuevo León, donde contiende por el gobierno contra la priista Ivonne Álvarez y el panista Felipe de Jesús Cantú.

Martínez y Rodríguez son, junto con Manuel Clouthier en Sinaloa, los candidatos sin cobijo partidista que llegaron para contravenir al sistema. Cada cual cataliza parte del hartazgo ciudadano y, de triunfar, podrían definir el rumbo de las presidenciales en 2018.

En la actual contienda existen 116 candidatos independientes, 22 de los cuales buscan una diputación federal.

“Los candidatos independientes van a tratar de cubrir de algún modo parte del espectro que está a medio camino de dos polos: la masa abultada de los abstencionistas y la pequeñísima parte de aquellos que anulan su voto. Porque es en esas dos facciones en donde se discute y se debate el tema de las candidaturas independientes no sólo de estas, sino de las elecciones que vendrán”, dice Israel Covarrubias.

Sin embargo, en un ejercicio de prospectiva política, no concede a ningún independiente un triunfo en las presidenciales.

“El carisma no es suficiente para ganar una elección”, explica. “Para ello necesitas dinero, necesitas una organización territorial muy eficiente a lo largo del país. Lo que está demostrado es que gana no el que está bien organizado, sino aquel que puede corporativizar mejor el voto, y en México corporativizar es comprar el voto”.

La razón por la que el Bronco tiene posibilidades reales de triunfo es porque detrás existe un respaldo empresarial, más allá de la enorme popularidad de la que goza, piensa Telésforo Nava, investigador de la UAM.

La solución sería dotar de igualdad a los independientes en las contiendas electorales, dice. “Pero en México la democracia no avanza porque la oligarquía política le pone trabas. El Broncoes la excepción por este apoyo empresarial que posee. Si no, otra sería su suerte”.