El Congreso de Hidalgo analiza incrementar las sanciones penales para aquellas personas que vendan terrenos o permitan los asentamientos humanos de forma irregular, pues se pone en riesgo a las familias adquiridoras.
Apenas la semana pasada una contingencia natural ocurrió en San Felipe Orizatlán, donde una fuerte tormenta dejó como saldo un muerto, más de 200 viviendas dañadas, 39 casas destruidas en su totalidad, 194 personas llevadas a refugios temporales, además de 20 vehículos arrastrados por la corriente y 15 mil personas sin agua potable.
Aunque ya se atendieron las necesidades básicas de la población afectada, ahora la Subsecretaría de Protección Civil de Hidalgo tendrá que hacer el análisis y estudio para determinar si se reconstruyen las viviendas o son reubicadas.
De acuerdo con Omar Zerón Flores, presidente de la Comisión de Protección Civil del Congreso de Hidalgo, el tema de los asentamientos irregulares se debe atender para evitar tragedias.
Sólo en los municipios que comprenden la Huasteca hidalguense, dijo, 95 por ciento de la población vive asentada cerca de ríos o arroyos que “se cruzan” con las viviendas, un riesgo latente que debe de prevenirse.
“Estamos de acuerdo que no se debe de permitir un permiso en zonas y asentamientos irregulares. Es importante que las sanciones se plasmen en la Ley de Protección Civil, y desde luego estaremos legislando para endurecer las penas para la o las personas que vendan o que permitan un asentamiento en una zona de riesgo”, señaló.