El presidente Enrique Peña Nieto falseó ante las
autoridades las circunstancias bajo las cuales adquirió unas de sus
propiedades, según demuestran documentos públicos revisados por Reuters,
discrepancia que podría ahondar la controversia en torno de sus finanzas
personales.
Según una declaración patrimonial
oficial presentada inicialmente en 2013, el mandatario afirmó haber adquirido
la propiedad mediante una “donación” u obsequio de su padre. Peña Nieto, quien
hizo pública dicha declaración de bienes en 2013 como parte de un esfuerzo de
transparencia y rendición de cuentas, ha actualizado y ratificado su
declaración en dos ocasiones desde esa fecha.
En respuesta a una petición
de información pública, Reuters pudo revisar los documentos que demuestran que,
de hecho, Peña Nieto adquirió la propiedad en cuestión –un terreno de mil
metros cuadrados en la población de Valle de Bravo- en 1998, y pagó a terceros
un total de 11.2 millones de pesos (equivalentes a 5 000 dólares, en esos
días), según consta en el registro. No obstante, su declaración patrimonial
enumera la propiedad por un valor de solo 11 200 pesos “viejos”, equivalentes a
unos 5 dólares de la época.
Reuters no pudo establecer
porqué la declaración de Peña Nieto describió engañosamente la compra como un
obsequio y subestimó el precio. Sin embargo, detectó que la declaración
patrimonial enumera otros ocho bienes raíces, cinco de los cuales parecen
descritos igualmente como donaciones. Reuters no pudo determinar si esas
propiedades, que incluyen casas y terrenos, están debidamente caracterizadas.
Los funcionarios públicos
mexicanos no están obligados a explicar el origen de los fondos utilizados para
obtener propiedades que reciben como obsequios, mas se les exige que declaren
con toda precisión cómo adquieren sus propiedades.
Al pedir una explicación
sobre las discrepancias de los documentos, la oficina de la presidencia declinó
repetidas peticiones de comentarios.
En los últimos meses, Peña
Nieto ha estado bajo gran presión debido a una serie de escándalos por
conflictos de interés derivados de propiedades que él y su esposa, Angélica
Rivera y el secretario de Finanzas, Luis Videgaray, adquirieron de contratistas
gubernamentales.
El año pasado, la periodista
Carmen Aristegui y sus colegas informaron que Rivera estaba comprando una
residencia de varios millones de dólares a la unidad de un contratista del
gobierno que formaba parte de un consorcio chino que había ganado un contrato
de 3.75 mil millones de dólares para construir un tren de alta velocidad. Más
tarde, The Wall Street Journal
informó que Peña Nieto adquirió otra residencia de un desarrollador que, según
el diario, posteriormente ganó millones de dólares en contratos de obras
públicas federales.
El mandatario ha negado
cualquier delito, pero sus escándalos han ensombrecido una importante reforma
económica con la que Peña Nieto esperaba impulsar la 15ª economía más
importante del mundo.
PRÓXIMA ACTUALIZACIÓN
Esta semana, Peña Nieto
publicará su declaración patrimonial anual actualizada con más detalles,
anunció un funcionario del palacio presidencial. Pero no divulgará los bienes
de su esposa porque ella no es servidora pública ni depende financieramente de
él, agregó el portavoz.
Reuters consultó con diez
abogados y profesores de las principales firmas y escuelas de leyes del país,
quienes dijeron que la declaración patrimonial incorrecta podría causar serios
problemas al mandatario, ya que la discrepancia entre los documentos del
registro y su declaración oficial constituyen falso testimonio ante las
autoridades.
Varios juristas señalaron que
el Artículo 80 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores
Públicos establece cuáles los funcionarios, incluido “hasta el presidentede
la República”, deben declarar su patrimonio a las autoridades, bajo juramento.
“El servidor público que en su declaración de situación patrimonial faltare
a la verdad… será suspendido, y cuando por su importancia lo amerite,
destituido e inhabilitado de tres meses a tres años”, dice la ley
Varios abogados comentario que, en su opinión, la
declaración patrimonial del presidente debía ser auditada debido a sus
discrepancias.
“La propiedad fue declarada como donación del padre
cuando, en realidad, es producto de una compra”, dijo Víctor Blanco, jurista y
académico mexicano. “Eso es incurrir en falsedad”. Otros funcionarios que no
sean capaces de justificar el origen de su patrimonio podrán enfrentar una
auditoría por sospecha de enriquecimiento ilícito y de ser confirmada, habrán
cometido un crimen bajo el Artículo 224 del Código Penal Federal de México.
Un jurisconsulto, al abrigo del anonimato, dijo que
el presidente podría argumentar que el dinero usado para comprar la propiedad
le había sido donado y así, la discrepancia no sería un problema tan grave.
(Con información de Reuters)