Aunque la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares tiene como fecha límite 2031, el Poder Judicial de Aguascalientes trabaja para comenzar a aplicarlo desde 2027, de manera gradual, a fin de preparar a juzgados, personal y abogados para los cambios que contempla el nuevo sistema.
María José Ocampo Vázquez, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes (STJE), explicó que la intención es avanzar paulatinamente y no esperar hasta 2031 para realizar todos los ajustes de una sola vez.
“Por supuesto que podemos adelantarnos a la declaratoria del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. La idea es hacerlo paulatinamente, es decir, en 2031 tendríamos que entrar de golpe en absolutamente todos los temas. Ya ahorita haciéndolo en 2027, pues puede ser de manera paulatina”, señaló.
Como parte de los preparativos, el Poder Judicial ya realiza capacitaciones para abogados y funcionarios públicos que participan en las audiencias civiles y familiares. Además, trabaja en las adecuaciones de infraestructura que serán necesarias para operar bajo este modelo.
En ese sentido, Ocampo Vázquez detalló que será necesario construir salas para las audiencias familiares en el Palacio de Justicia, ubicado en Héroe de Nacozari, así como reorganizar los juzgados mixtos que actualmente operan en Jesús María, Calvillo, Rincón de Romos y Pabellón de Arteaga.
En estos cuatro municipios, un solo juez atiende asuntos mercantiles, civiles y familiares, por lo que señaló que la transición también requerirá separar estas materias y contar con personal suficiente.
“Tenemos los juzgados civiles, que esos sí están en Poder Judicial del Estado, en Palacio de Justicia. En Héroes de Nacozari, tendremos que construir obviamente las salas familiares, que eso es importante de poder hacerlo. Y también tenemos que dividir en los mixtos. Como bien saben, tenemos cuatro, que son Jesús María, Calvillo, Rincón y Pabellón. Y estos pues un solo juez lleva la materia mercantil, civil y familiar. Y tendremos que dividir ahí también en tema de infraestructura y también de personal”, explicó.
La magistrada indicó que la preparación involucra a distintas instituciones, entre ellas la Defensoría Pública, el DIF, las áreas de tutela, el Poder Judicial y los abogados, pues todos deberán adaptarse a los cambios en la atención de los procedimientos civiles y familiares.
Por ahora, el Poder Judicial no ha solicitado recursos extraordinarios al Congreso del Estado para este proceso. La magistrada señaló que el presupuesto del Poder Judicial para este año fue de 878 millones de pesos y que se contempla un incremento para el próximo ejercicio, aunque todavía no precisó de cuánto será ni qué parte se destinará a contrataciones o infraestructura.