El secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, informó que se revisan propuestas para disminuir derechos municipales y garantizar servicios básicos en los nuevos desarrollos habitacionales con lo que se busca proyectar la construcción de 60 mil viviendas en Guanajuato a través del Infonavit, como parte del Programa de Vivienda para el Bienestar.
Explicó que durante una reunión encabezada por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, con la participación del director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, así como de alcaldesas y alcaldes, se presentó el avance del programa y las metas previstas para la entidad.
Recordó que la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo informó que Guanajuato trabaja en coordinación con el Gobierno Federal para avanzar en la meta de 75 mil viviendas durante el sexenio, al considerar que el acceso a un hogar propio es una de las principales aspiraciones de las familias guanajuatenses.
El funcionario estatal señaló que algunos municipios ya trabajan en medidas para reducir los costos de construcción y facilitar el acceso a una vivienda. Como ejemplo, mencionó a San Luis de la Paz, donde el Ayuntamiento envió una propuesta de reforma a su Ley de Ingresos para exentar algunos derechos municipales.
Indicó que durante el encuentro también se plantearon inquietudes sobre la infraestructura necesaria para los nuevos desarrollos habitacionales, particularmente en materia de agua potable y vialidades.
El secretario dijo que entre los planteamientos estuvo el de Apaseo, donde se expuso la necesidad de evitar que los municipios tengan que asumir por sí solos los gastos para dotar de servicios a los nuevos fraccionamientos.
Jiménez Lona explicó que el Infonavit manifestó su disposición para revisar cada caso en particular y analizar alternativas para que los desarrolladores entreguen las viviendas con los servicios e infraestructura necesarios, sin trasladar esa responsabilidad económica a los gobiernos municipales.
Finalmente, señaló que se estableció un canal de comunicación directa entre el Infonavit y los gobiernos locales para dar seguimiento a sus inquietudes y atender las particularidades de cada proyecto.