Las personas detenidas por faltas administrativas en Aguascalientes deberán proporcionar datos biométricos, fotografías y, en su caso, información sobre sus tatuajes para incorporarlos al Sistema de Identificación Criminal, una herramienta impulsada por la Fiscalía General del Estado en coordinación con el C5i.
Moisés de Luna Martínez, director de Justicia Cívica del municipio de Aguascalientes, explicó que el sistema permitirá identificar de manera inmediata a las personas detenidas y verificar si cuentan con alguna carpeta de investigación.
“Al momento de que le tomen las huellas o los datos biométricos, van a detectar de ellos al momento la información”, señaló.
Aunque los municipios ya cuentan con información sobre el funcionamiento de la herramienta y existe un convenio de coordinación, el funcionario indicó que en Aguascalientes están a la espera de que la Fiscalía establezca cuándo comenzará su operación.
“Estamos implementando el sistema porque quedaron de implementarlo, porque el programa es de ellos y, a final de cuentas, nos van a marcar la pauta”, precisó.
El funcionario explicó que el procedimiento contempla el registro de las personas desde su ingreso a las instalaciones de Justicia Cívica. Para ello, se utilizarán cámaras fotográficas y equipos de lectura de huellas dactilares, aunque todavía se afinan aspectos técnicos del proceso.
Uno de los puntos pendientes es determinar cómo se realizará la identificación de personas cuyas huellas puedan ser difíciles de registrar, por ejemplo, trabajadores de la construcción con desgaste en las manos o personas que hayan tenido contacto con cemento.
Niegan que el registro implique antecedentes penales
De Luna Martínez aclaró que ingresar al sistema no significa que una persona tenga antecedentes penales, pues estos se relacionan con un proceso judicial y una sentencia, no únicamente con una detención por una falta administrativa.
“Al momento de que queda con un tema de antecedente es cuando ya hay una sentencia y se judicializa la carpeta de investigación”, explicó.
El director de Justicia Cívica sostuvo que el manejo de los datos se sustenta en un convenio de coordinación entre las instituciones participantes; sin embargo, al ser cuestionado sobre las garantías de privacidad y la protección de los datos personales, señaló que el alcance legal debió analizarse al establecer el acuerdo y planteó que posteriormente podría realizarse una reforma para dar mayor sustento normativo al procedimiento.
“A final de cuentas en el convenio se tuvo que haber analizado de manera coordinada el tema de la alcance legal (…) ahorita genera primero un convenio y luego yo me imagino que viene una reforma para el tema de que no se vulnere efectivamente estos datos”, dijo.
De acuerdo con el funcionario, la implementación se suma al Registro Nacional de Detenciones, mecanismo que permite consultar información sobre personas detenidas