La representante del Gobierno de Aguascalientes en la Ciudad de México, Lorena Martínez Rodríguez, reiteró su intención de participar en el proceso electoral 2026-2027 mediante alguna candidatura, aunque todavía no define por qué cargo competirá ni con qué partido político.
En entrevista colectiva, la exalcaldesa de Aguascalientes explicó que actualmente no milita en ningún partido político, luego de haber formado parte del PRI y mantener acercamientos con Movimiento Ciudadano, mientras que actualmente trabaja en una administración encabezada por Acción Nacional.
Esta situación, señaló, le ha permitido mantener conversaciones con distintas fuerzas políticas y recibir invitaciones que todavía se encuentra evaluando.
“Yo he tenido diálogo y conversación con muchos partidos políticos; hoy no milito en un partido político y por lo tanto he tenido acercamientos con varios de ellos y en este momento estoy valorando las invitaciones que tengo y me estaré definiendo próximamente” declaró.
Martínez Rodríguez consideró que todavía es pronto para tomar una decisión, al señalar que los partidos políticos han adelantado sus tiempos electorales. No obstante, confirmó que definirá su participación conforme se acerquen los plazos establecidos para el registro de candidaturas.
Asimismo, expresó su expectativa de que el próximo proceso electoral genere una mayor participación ciudadana y permita discutir los principales problemas que enfrenta Aguascalientes.
“Yo aspiraría a que este proceso electoral sea muy vivo, donde los partidos políticos y los candidatos y candidatas tengan la capacidad de motivar al electorado a salir a votar. Me dolería muchísimo tener una elección inercial donde no se discutan los problemas de fondo y donde, al final del día, también la sociedad no se interese” agregó.
De acuerdo con el calendario electoral aprobado por el Instituto Estatal Electoral (IEE), el registro de candidaturas para gubernatura, ayuntamientos y diputaciones locales se realizará del 1 al 15 de marzo de 2027.
Esta última fecha también será el límite para que los servidores públicos que aspiren a contender por un cargo de elección popular se separen de sus funciones, en los casos en que así lo exija la legislación electoral.