Este mes, fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes las reformas al Reglamento de Justicia Cívica y Faltas Administrativas del Municipio de Jesús María, con las que se da un paso más en la consolidación de su modelo de Justicia Cívica. Entre los cambios de mayor relevancia destacan la incorporación de la figura del Fiscal Cívico y el reconocimiento de las personas adolescentes en conflicto cívico, fortaleciendo tanto la representación del interés social como un modelo especializado, preventivo y restaurativo para la atención de adolescentes.
La figura del Fiscal Cívico representa un avance en la Justicia Cívica, al encargarse de representar los intereses de la sociedad durante las audiencias. Entre sus funciones estará formular y sostener la acusación ante el Juez Cívico, así como intervenir en defensa del orden público municipal y, cuando corresponda, del interés superior de niñas, niños y adolescentes.
Con ello, se busca fortalecer el equilibrio y la imparcialidad de los procedimientos: mientras el Juez Cívico escucha, analiza y resuelve, el Fiscal Cívico representa el interés social durante la audiencia, favoreciendo un proceso más equilibrado para todas las partes.
Otro de los cambios de mayor relevancia consolida el modelo especializado de atención a adolescentes dentro de la Justicia Cívica, incorporando el concepto de “adolescente en conflicto cívico” en sustitución de la denominación de “adolescente infractor”; de tal manera que este cambio coloca el énfasis en la conducta cometida y en sus consecuencias.
Bajo este enfoque, se fortalece aún más el trabajo que ya se venía realizando desde la Justicia Cívica, consolidando su carácter preventivo, educativo y restaurativo y articulando las actividades por la comunidad con talleres, pláticas, terapias y otras acciones encaminadas a generar conciencia sobre las consecuencias de sus actos, prevenir nuevas conductas y favorecer la participación de la familia y la comunidad.
Con estas modificaciones, Jesús María continúa impulsando una Justicia Cívica que no se limita a atender las consecuencias de una falta, sino que busca prevenir su repetición, intervenir en sus causas y fortalecer la convivencia social, incorporando herramientas que colocan en el centro la protección de los derechos y la representación de los intereses de la sociedad.