Durante años construimos una imagen casi inofensiva de la piratería. El disco copiado, la película
vendida en la calle, los tenis de imitación, los lentes o la bolsa con una marca falsificada. Un mercado irregular tolerado socialmente porque ofrecía productos baratos y parecía representar poco más que una afectación a las grandes marcas.
Ese México ya no existe.
La piratería y el contrabando evolucionaron. Hoy forman parte de una economía ilícita mucho más
sofisticada que atraviesa aduanas, carreteras, centros de distribución, plataformas digitales y mercados formales e informales. Mueve mercancías, evade impuestos, golpea a la industria y, en determinadas cadenas, encuentra puntos de contacto con corrupción y otras actividades criminales.
Por eso, en el marco del Día Nacional de Combate al Contrabando y Delitos en Materia de
Derechos de Autor, la discusión debería ir mucho más allá de cuántos productos pirata decomisamos.
¿Quién controla el negocio que existe detrás de ellos?
Ya no hablamos solamente de películas y tenis
La propia definición tradicional de piratería permite entender el punto de partida: reproducción y
comercialización no autorizada de materiales protegidos por derechos de propiedad intelectual. La
UNESCO incluye además la distribución y puesta a disposición de obras protegidas mediante redes de comunicación.
Pero el fenómeno contemporáneo rebasa esa imagen.
Hablamos de ropa, calzado, bebidas alcohólicas, tabaco, medicamentos, artículos eléctricos, productos de limpieza, accesorios, juguetes y autopartes, además de películas, música y software. Varios de esos sectores ya aparecían identificados como particularmente afectados en el diagnóstico que sirve de base para este análisis.
Y en algunos casos comprar un producto falsificado dejó de ser únicamente una decisión económica.
Un medicamento falso puede afectar la salud. Una pieza automotriz apócrifa puede provocar un
accidente. Un componente eléctrico sin controles de calidad puede causar un incendio. Una bebida
adulterada puede matar.
El consumidor que cree haber encontrado una ganga puede estar comprando un riesgo.
Las cifras permiten dimensionar el mercado
Los datos recientes muestran además que estamos lejos de enfrentar un fenómeno marginal.
Durante 2024, las autoridades mexicanas aseguraron 1 millón 846 mil 730 productos de contrabando o piratería, con un valor comercial de 42 millones de pesos. El valor de lo decomisado fue 85% superior al registrado durante 2023. Entre los productos asegurados se encontraron tabaco, juguetes, aparatos eléctricos, envases y materias primas.
La Fiscalía General de la República informó que entre enero y la primera semana de junio de 2026
aseguró 9 millones 317 mil 464 productos falsificados. En el mismo periodo de 2025 habían sido 259 mil 107: prácticamente 36 veces más.
Hay que ser cuidadosos con la interpretación: más aseguramientos no significan automáticamente que la piratería haya crecido en esa misma proporción. También pueden reflejar mayor actividad de las autoridades. Pero nueve millones de artículos falsificados decomisados en poco más de cinco meses sí dicen algo sobre la dimensión del mercado que estamos enfrentando.
El contrabando también roba impuestos
Hay otro daño que suele perderse entre las cifras: el dinero que nunca llega al erario.
Cada mercancía que cruza ilegalmente, cada importación subvaluada y cada producto que evade IVA, IEPS, aranceles o ISR crea una ventaja artificial frente a quien fabrica, importa, transporta y vende cumpliendo la ley.
No estamos hablando únicamente de una empresa perdiendo ventas. Estamos hablando de recursos públicos.
En 2025, alrededor del 27.1% de los ingresos tributarios netos de México estuvo relacionado con operaciones de comercio exterior recaudadas en las aduanas. La recaudación tributaria total del país alcanzó 6.045 billones de pesos y los ingresos aduaneros crecieron alrededor de 246 mil millones respecto de 2024.
Por eso el combate al contrabando también debería entenderse como política fiscal.
Entre diciembre de 2025 y enero de 2026, autoridades federales aseguraron en el Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México cerca de 20 toneladas de tabaco ilegal, equivalentes a más de 954 mil cajetillas, cuyo valor fue estimado en más de 70 millones de pesos.
El cigarro ilegal no paga lo que paga el legal. La mercancía de contrabando tampoco enfrenta los costos regulatorios de la empresa formal. Después nos preguntamos por qué resulta tan difícil competir contra ella.
La mercancía es solamente la punta de la cadena
Aquí está el problema que considero más importante.
Una caja de cigarros de contrabando no aparece mágicamente en una tienda. Una tonelada de ropa
subvaluada tampoco llega sola a un mercado. Nueve millones de productos falsificados no se
distribuyen sin infraestructura.
Alguien los produce. Alguien los importa. Alguien facilita su ingreso. Alguien los almacena. Alguien los transporta. Alguien los distribuye. Alguien cobra. Y alguien lava o reinvierte las ganancias.
Cuando se observa de esta manera, la piratería y el contrabando dejan de parecer un problema de
vendedores ambulantes y empiezan a verse como lo que realmente son: cadenas logísticas ilícitas.
Porque si toda nuestra estrategia consiste en decomisar la mercancía cuando llegó al último eslabón, estamos atacando el síntoma y no necesariamente la estructura.
Seguir el producto, pero también seguir el dinero
El IMPI ha advertido que la falsificación y la piratería no solamente dañan la economía: afectan la
seguridad pública, debilitan el Estado de derecho y perjudican la innovación. El Observatorio Nacional Ciudadano ha planteado también la necesidad de observar su coexistencia con fenómenos como extorsión, robo al transporte y corrupción.
Ahí debería concentrarse la siguiente etapa de la política pública.
México necesita dejar de perseguir únicamente productos y comenzar a reconstruir redes.
Seguir la mercancía, pero también seguir el dinero.
Cruzar información aduanera, fiscal, financiera y criminal. Identificar rutas recurrentes, puntos de
almacenamiento, empresas fachada, operaciones de subvaluación, patrones de transporte y
comercialización.
Las empresas conocen sus productos, rutas, proveedores y cadenas de suministro. Detectan
mercancías sospechosamente baratas, anomalías en mercados, falsificaciones y patrones que muchas veces no llegan oportunamente a las instituciones encargadas de investigarlos. Esa información dispersa puede convertirse en inteligencia preventiva.
La inteligencia social como herramienta
Necesitamos construir mecanismos institucionales para recibir, sistematizar, analizar y convertir esa información en productos útiles para la toma de decisiones.
Podríamos llamarlo inteligencia social o procesamiento estratégico de información: aprovechar el conocimiento generado por industria, cámaras empresariales, transportistas, academia, organizaciones civiles y ciudadanos para identificar riesgos antes de que se conviertan en crisis.
No se trata de sustituir las funciones de inteligencia del Estado ni las facultades de investigación de las fiscalías. Se trata de generar mejores insumos para ellas.
La industria mexicana cuenta con miles de empresas que todos los días mueven mercancías por
carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles y aduanas. Esa red observa el territorio económico del país prácticamente en tiempo real. No aprovechar esa información sería desperdiciar una de nuestras principales herramientas preventivas.
Decomisar más no necesariamente significa ganar
Durante años hemos medido buena parte del éxito contra la piratería y el contrabando contando
mercancías aseguradas. Pero existe una paradoja.
Podemos decomisar millones de productos y, al mismo tiempo, permitir que las estructuras que los
financian, importan y distribuyen sigan funcionando.
Por eso necesitamos cambiar el indicador.
No solamente preguntar cuánto aseguramos, sino cuántas redes desarticulamos, cuánto dinero ilícito identificamos, cuántas rutas cerramos y cuánto recuperamos para la economía formal y el erario.
El diagnóstico de fondo sigue siendo válido: la piratería genera evasión fiscal, pérdida de empleos
formales y afectaciones a las empresas legalmente establecidas. Lo que cambió fue la dimensión del problema.
Hoy el contrabando y la piratería deben discutirse junto con seguridad logística, inteligencia,
corrupción, fiscalización, protección al consumidor y fortalecimiento del Estado de derecho.
Porque detrás de cada producto ilegal existe una cadena. Y mientras sigamos persiguiendo únicamente el producto y no la cadena que lo hace posible, estaremos llegando siempre al final de la historia.
El verdadero reto es llegar al principio.
Fuentes de referencia: documento base de CANACINTRA “La evolución del contrabando y la piratería hacia los nuevos fenómenos de la ilegalidad”; IMPI; Fiscalía General de la República; Gobierno de México y autoridades federales. Cifras actualizadas a 2026 conforme a información pública consultada para esta columna.