La consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral (IEE), Clara Beatriz Jiménez González, emitió una postura luego de que la mayoría de los consejeros promovió una denuncia formal para solicitar su remoción, acusando presuntas irregularidades administrativas, falta de transparencia y afectaciones a la imparcialidad del organismo.
Jiménez González hizo un llamado directo a las consejerías electorales a dirimir el debate en los márgenes de la legalidad y no mediante disputas personales. Asimismo, sostuvo que cada una de las observaciones administrativas realizadas a su gestión han sido atendidas formalmente.
“Este instituto ha recibido diversos oficios, observaciones, cuestionamientos y solicitudes de información… todos y cada uno de ellos han sido atendidos. Se han emitido las respuestas correspondientes con los elementos jurídicos, administrativos, técnicos necesarios procurando en todo momento que cada determinación se encuentre debidamente fundada y motivada. No se ha ignorado un solo cuestionamiento y no se ha pretendido evadir un solo señalamiento”, aseveró.
Uno de los principales puntos de fricción entre la Presidencia del IEE y los consejeros ha sido la reestructuración orgánica del instituto y la propuesta de creación de plazas operativas en el anteproyecto de presupuesto. Al respecto, la consejera presidenta rechazó que la reorganización haya sido una imposición arbitraria o autoritaria de su administración.
“La modificación de la estructura interna y la propuesta de nuevas plazas no surgieron de una decisión unilateral de esta presidencia. Existió un procedimiento institucional, un análisis de las necesidades de las áreas y una deliberación en el órgano competente”, argumentó.
Jiménez González insistió en que el disenso dentro del órgano colegiado es un ejercicio democrático válido, sin embargo, advirtió sobre el riesgo de convertir las discrepancias en una parálisis institucional.
“Cuestionar las decisiones de una autoridad es un derecho y forma parte de la dinámica democrática de cualquier órgano colegiado, pero cuestionar no significa desconocer las atribuciones legales que corresponden a cada órgano ni convertir el disenso institucional en un obstáculo para el cumplimiento de las funciones constitucionales del instituto” advirtió.