La violencia familiar se mantiene como la principal causa de atención de niñas, niños y adolescentes en Guanajuato, pero además los casos registrados muestran un aumento en la gravedad de las agresiones, que han pasado de los gritos y castigos físicos a golpes que incluso requieren atención hospitalaria.
Así lo explicó la titular de la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PEPNNA), María Teresa Palomino Ramos, quien informó que durante 2026 se han recibido 497 denuncias por violencia familiar, de las cuales más de 300 corresponden al municipio de León. En todo 2025, la dependencia contabilizó mil 63 casos.
Detalló que el incremento no necesariamente significa que exista más violencia, sino que actualmente los hechos son más visibles debido a que las denuncias pueden realizarse de manera anónima, ya sea por familiares, vecinos u otras personas que tengan conocimiento de las agresiones.
Sin embargo, advirtió que lo que sí ha cambiado es la intensidad de los ataques contra menores de edad.
“Las violencias lo que sucede es que están aumentando más, en la forma. Antes era la nalgada, que ahora ya no se permite, pero ahora es un golpe, un golpe fuerte”, señaló.
Palomino Ramos indicó que los casos pueden ser detectados en hospitales, debido a que los médicos están obligados a notificar al Ministerio Público y a la PEPNNA cuando atienden a un menor con lesiones que pudieran estar relacionadas con maltrato.
Detalló que el personal médico también puede identificar lesiones antiguas que ya fueron atendidas o sanaron, pero que permiten establecer antecedentes de posibles agresiones.
Cuando se determina que existe un riesgo para el menor, la Procuraduría realiza una evaluación multidisciplinaria para establecer si puede regresar con su familia o requiere una medida de protección. En los casos considerados graves, el Ministerio Público puede ordenar su alojamiento en un Centro de Asistencia Social.
La funcionaria estatal explicó que, cuando las condiciones lo permiten, se trabaja con las familias para modificar las prácticas de crianza y promover una convivencia libre de violencia. En situaciones de mayor gravedad, la autoridad puede iniciar procedimientos legales.
Actualmente, la PEPNNA mantiene 50 juicios relacionados con la pérdida de la patria potestad, medida que, dijo, representa el último recurso cuando no existen condiciones para garantizar la seguridad de niñas, niños o adolescentes dentro de su entorno familiar.
Además, comentó que otro factor identificado por la Procuraduría es el consumo de sustancias. Se estima que alrededor del 30 por ciento de los casos de violencia familiar que afectan a menores en Guanajuato están relacionados con hogares donde el padre o la madre consume algún tipo de droga.
Ante este escenario, Palomino Ramos consideró necesario visibilizar la problemática y generar políticas públicas, a través del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), que permitan prevenir que las agresiones escalen hasta poner en riesgo la integridad de los menores.