La Auditoría Superior documentó irregularidades en el ejercicio 2023 del Ayuntamiento de Ensenada. La Comisión de Fiscalización las convalidó y reprobó la cuenta. El Pleno, con mayoría de Morena, la aprobó de todas formas. El mismo día, con las mismas reglas, reprobó a Tecate.
Mexicali, Baja California.- Hay decisiones legislativas que no se explican por el expediente, sino por el calendario político. La sesión extraordinaria del 24 de julio de 2026 en el Congreso del Estado de Baja California ofreció una de ellas: el Pleno desechó el Dictamen 165 de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, que resolvía no aprobar la cuenta pública del Ayuntamiento de Ensenada correspondiente al ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, periodo en el que la presidencia municipal fue ocupada por Armando Ayala Robles, hoy senador con licencia y aspirante a la coordinación estatal de Morena en la entidad.
La votación fue de diez sufragios en contra del dictamen reprobatorio, seis a favor y una abstención. Entre los seis votos que sostuvieron el trabajo técnico de la Auditoría estuvo el de la propia presidenta de la Comisión de Fiscalización, la morenista Alejandra Ang Hernández. La abstención correspondió a la presidenta de la Mesa Directiva, Liliana Michel Sánchez Allende, quien razonó su voto señalando que los criterios con que la Comisión evalúa las cuentas públicas deben reformularse porque arrojan valores y costos muy elevados.
El resultado es institucionalmente insólito: una comisión ordinaria, asistida por el órgano técnico de fiscalización del Estado, concluye que una cuenta pública no debe aprobarse, y el Pleno del mismo Congreso revierte esa conclusión sin controvertir un solo hallazgo contable. No se discutió la evidencia. Se discutió la comparecencia.
Conviene precisar el mecanismo, porque en él está el nudo jurídico del caso: el Pleno no votó una aprobación. Votó en contra de un dictamen reprobatorio. La cuenta pública 2023 de Ensenada quedó aprobada por descarte, no por un documento técnico que la avale. Hoy no existe instrumento alguno emitido por el órgano fiscalizador que respalde ese ejercicio presupuestal: existe uno que lo reprueba y una votación que lo desechó sin refutarlo.
El aparato auditor no fue vencido con argumentos técnicos. Fue superado con votos.
¿Qué documentó la Auditoría?
El Dictamen 165 no nació en el vacío. Desde septiembre de 2025, cuando la Comisión de Fiscalización del Gasto Público analizó el paquete de cuentas públicas del ejercicio 2023, la Auditoría Superior del Estado de Baja California (ASEBC) había integrado los informes individuales de los entes fiscalizados. En esa sesión, la Comisión determinó no aprobar las cuentas de la Comisión Estatal del Agua y del Ayuntamiento de Ensenada, al detectarse inconsistencias que debían ser atendidas por las instancias correspondientes.
Entre las observaciones recurrentes que la propia Comisión hizo públicas en aquel momento figuran: falta de cálculo correcto del ISPT y sobretasa; ausencia de evidencia de emisión de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI); contratos por adjudicación directa; adeudo vencido de aportaciones y cuotas al ISSSTECALI y de retenciones del Impuesto Sobre la Renta; cuentas por cobrar a otros deudores; falta de padrón de bienes inmuebles; y fideicomisos sin estructura orgánica ni cumplimiento de los lineamientos de registro contable.
En el debate del 24 de julio, la diputada panista Santa Alejandrina Corral Quintero añadió un dato de orden cuantitativo: entre las observaciones de la Auditoría se encuentran más de 27 millones de pesos en compensaciones. Su compañero de bancada, Diego Echevarría Ibarra, fue más lejos y señaló a Ayala Robles como el principal deudor del ISSSTECALI, con un pasivo que ubicó en tres mil 600 millones de pesos acumulados durante sus dos administraciones al frente del puerto. Se trata de imputaciones formuladas en tribuna por legisladores de oposición, no de conclusiones firmes del órgano auditor, y como tales deben leerse; pero fueron expuestas en sesión pública sin que la mayoría las refutara con documento alguno.
La defensa de la bancada mayoritaria corrió a cargo del coordinador Juan Manuel Molina García, quien sostuvo que parte de las observaciones corresponden a situaciones heredadas de administraciones anteriores (el timbrado de nómina, expedientes de 2016 vinculados al incumplimiento de empresas durante el gobierno de Marco Antonio Novelo Osuna, y los procesos de entrega-recepción con el entonces Concejo Municipal Fundacional de San Quintín). Reconoció, sin embargo, que en el caso de la cuenta 2023 existía una línea muy delgada entre la aprobación y la no aprobación, y se pronunció a favor de que los titulares de entes fiscalizados comparezcan ante los órganos auditores.
El argumento de la no comparecencia terminó siendo el eje de la decisión. Es decir: no se desvirtuó la observación, se dispensó al observado.
Dos municipios, dos varas
El elemento que convierte este episodio en algo más que un desencuentro parlamentario es que ocurrió en la misma sesión, con el mismo orden del día y bajo la misma metodología de dictaminación.
La Comisión de Fiscalización reprobó dos cuentas municipales del ejercicio 2023: la de Ensenada, mediante el Dictamen 165, y la de Tecate, mediante el Dictamen 173, correspondiente a la administración de
Edgar Darío Benítez Ruiz. El informe de la ASEBC sobre Tecate expuso un déficit presupuestal de 61.9 millones de pesos, omisión en el entero de impuestos ante el SAT, impago de cuotas al ISSSTECALI, adjudicación irregular de contratos y sobreprecios que alcanzaron hasta 226 por ciento.
El Pleno votó en contra del dictamen que reprobaba a Ensenada y a favor del que reprobaba a Tecate. Mismo ejercicio fiscal, mismos vicios genéricos, mismo órgano auditor, mismo día, resultados opuestos.
La diputada Corral Quintero calificó el desenlace como «justicia selectiva» y subrayó que la Comisión de Fiscalización tiene mayoría morenista, siete de nueve integrantes. La diferencia entre un exalcalde y otro, apuntó la oposición, no está en el expediente contable sino en la agenda electoral: uno aspira a una coordinación estatal de su partido; el otro no figura en ninguna boleta.
Para efectos de credibilidad institucional, ese contraste es más grave que cualquier observación individual. Una fiscalización que se aplica según la utilidad política del fiscalizado deja de ser fiscalización y se convierte en instrumento. Mismo ejercicio fiscal, mismo órgano auditor, misma sesión: a Ensenada se le absolvió, a Tecate se le reprobó.
La triple factura al contribuyente
Aquí está el fondo del asunto, y conviene enunciarlo sin eufemismos porque es el bajacaliforniano quien lo paga tres veces:
Primero, el contribuyente sostiene el aparato auditor. Durante el debate, el diputado Echevarría estimó que las auditorías representan un costo anual superior a los 300 o 400 millones de pesos. Ese dinero financia a un cuerpo de auditores, contadores, abogados y especialistas en control gubernamental que durante meses revisan expedientes, cruzan registros contables e integran informes individuales conforme a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado. Cuando el Pleno desecha un dictamen sin controvertir un solo hallazgo, ese gasto se convierte en gasto estéril. El trabajo técnico no se refuta: se archiva.
Segundo, el contribuyente sostiene la administración observada. Las inconsistencias documentadas en la cuenta pública 2023 de Ensenada no desaparecen porque el Congreso vote distinto. Los CFDI no emitidos siguen sin emitirse; las cuotas del ISSSTECALI no enteradas siguen sin enterarse; los contratos adjudicados directamente siguen sin proceso competido. La calificación legislativa no sanea la contabilidad municipal: solo cierra el expediente político.
Tercero, el contribuyente sostiene al Congreso que decide desecharlo todo. Y ahí el costo tiene nombre y cifra.
El Congreso que se audita a sí mismo
El Poder Legislativo de Baja California arrastra su propio expediente de opacidad, y ese antecedente es indispensable para dimensionar lo ocurrido con Ensenada.
En febrero de 2026, la dirigencia nacional de Morena documentó que el Congreso de Baja California es el más caro del país, con un costo de 34.9 millones de pesos anuales por cada uno de sus 25 diputados, frente a los 5.2 millones que registra el Congreso de Colima por legislador. El presupuesto de la XXV Legislatura supera los mil 203 millones de pesos en el ejercicio fiscal 2026.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Mexicali, Octavio Sandoval López, elevó la cifra: sostuvo que el Congreso cuesta más de mil millones de pesos al año, equivalentes a 46.3 millones por diputado, y exigió una auditoría externa para transparentar el gasto. Su documentación identificó al menos 200 millones de pesos en partidas atípicas, entre ellas 90 millones etiquetados como gasto social (unos 300 mil pesos mensuales por legislador) y 60 millones en juntas de trabajo. Sandoval calificó como insuficiente el recorte de 52 millones aplicado al presupuesto legislativo y precisó que la falta de austeridad no es exclusiva de la bancada mayoritaria: alcanza también a la oposición, que no ha cuestionado a fondo el uso de esos recursos.
Legisladores de oposición han exigido una auditoría externa al propio Congreso y la transmisión en vivo de las sesiones de las comisiones de Administración y de Hacienda, las únicas que permanecen en opacidad. La demanda sigue sin atenderse.
A ese cuadro se suma el episodio del 5 de enero de 2026, cuando agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos retuvieron en la garita de Calexico a la diputada Alejandra María Ang Hernández, presidenta de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, al detectar aproximadamente 800 mil pesos en efectivo no declarados, localizados en compartimentos del vehículo. La legisladora atribuyó el hecho a un «error», explicó que se trataba de recursos personales derivados de ahorros y de la venta de un automóvil, y señaló que atendería el proceso administrativo para recuperar el dinero. El PAN consideró insuficiente la explicación; el PRI estatal pidió su remoción y anunció denuncia penal por enriquecimiento ilícito; la Presidencia de la República pidió que la legisladora diera explicaciones y que se investigara el caso.
No corresponde a este reportaje anticipar responsabilidad alguna en ese asunto, que sigue su curso. Sí corresponde señalar la consecuencia institucional: la comisión encargada de vigilar el gasto público de todo Baja California está presidida por una legisladora cuyo propio manejo de efectivo fue objeto de escrutinio internacional, y el órgano que la alberga es el más costoso del país sin ser el más productivo. Sobre esa base se pidió a la ciudadanía aceptar que la cuenta de Ensenada estaba bien.
El contribuyente paga la auditoría, paga la alcaldía observada y paga al Congreso que decide ignorar a ambas.
Lo que sigue: la vista que no debe omitirse
La calificación legislativa de una cuenta pública no extingue responsabilidades. Así lo estableció el propio resolutivo aprobado en el caso de Tecate, al precisar que el veto parlamentario no suspende ni exonera las responsabilidades administrativas ni las denuncias penales que la Auditoría Superior del Estado decida emprender contra los funcionarios involucrados en la gestión 2023.
Ese principio debe aplicarse con el mismo rigor en Ensenada. Si el Congreso aprobó la cuenta pública, no por ello quedaron solventadas las observaciones. La ASEBC conserva sus atribuciones y, de presumirse la comisión de conductas constitutivas de delito, debiera dar vista a la Fiscalía General del Estado, así como promover ante las autoridades administrativas competentes (el órgano interno de control municipal y el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa) los procedimientos de responsabilidad que correspondan contra los entonces servidores públicos del Ayuntamiento de Ensenada. La omisión de retenciones fiscales, el impago de cuotas de seguridad social y la adjudicación directa sin proceso competido no son irregularidades meramente formales: son conductas con tipificación potencial en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Mientras esa vista no se formalice, el mensaje que recibe el bajacaliforniano es de una simplicidad brutal: se puede ser observado por el órgano técnico, reprobado por la comisión legislativa competente y, aun así, salir absuelto por el Pleno si la coyuntura política lo aconseja.
El daño no se agota en Ensenada. Alcanza a la credibilidad del sistema estatal de fiscalización, a la utilidad del trabajo profesional de la Auditoría y a la idea misma de división de poderes, que supone contrapesos y no coberturas. Una legislatura que cobra 34.9 millones de pesos anuales por diputado y desecha el trabajo técnico que ella misma financia no está ejerciendo control presupuestario: está administrando impunidad con cargo al erario.Nw