El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Baja California hizo un llamado al Gobierno de México y a las instituciones de procuración de justicia para que toda investigación y procedimiento penal se conduzcan con estricto apego a la Constitución, respetando la presunción de inocencia, el debido proceso y la privacidad de las personas, tras la detención del exgobernador Ernesto Ruffo Appel.
En el comunicado 11/2026, el organismo empresarial aclaró que no busca pronunciarse sobre el fondo del asunto ni interferir en las actuaciones judiciales, sino defender principios que deben aplicarse de manera uniforme a cualquier ciudadano.
“Ninguna investigación puede realizarse al margen del debido proceso. Una orden de aprehensión no representa una sentencia y toda persona debe ser tratada como inocente mientras no exista una resolución definitiva emitida por un tribunal competente”, señala el documento.
Un llamado a evitar una justicia selectiva
Uno de los aspectos más relevantes del posicionamiento es la advertencia de que el Estado de derecho pierde legitimidad cuando la aplicación de la ley es percibida como selectiva o desigual.
El CCE sostiene que la justicia debe aplicarse “con el mismo rigor, transparencia y celeridad para todos”, independientemente de filiaciones partidistas, trayectorias políticas, posiciones económicas o cercanía con el poder.
Este planteamiento adquiere especial relevancia debido a que Ernesto Ruffo Appel no sólo fue el primer gobernador de oposición en la historia contemporánea de México, sino una figura emblemática de la transición democrática del país.
Preocupación por la exhibición pública de personas detenidas
Otro punto central del comunicado cuestiona la difusión pública de imágenes y actuaciones procesales de personas detenidas.
El organismo empresarial considera que estas prácticas pueden generar una percepción anticipada de culpabilidad, afectar la privacidad de los involucrados e incluso distraer la atención de otros asuntos de seguridad y justicia que enfrenta Baja California.
Asimismo, pide que todos los casos de alta relevancia pública sean investigados bajo criterios uniformes de legalidad, imparcialidad y celeridad.
Contexto
La detención de Ernesto Ruffo Appel ha generado un amplio debate nacional debido al peso histórico y político del exmandatario, quien gobernó Baja California entre 1989 y 1995, convirtiéndose en el primer gobernador emanado de la oposición en romper la hegemonía del PRI.
Más allá del proceso penal específico, diversos actores han abierto una discusión sobre el equilibrio entre el combate a la impunidad y la obligación constitucional de respetar los derechos fundamentales de cualquier persona sometida a investigación.
Juristas han recordado que la presunción de inocencia constituye un derecho humano reconocido tanto por la Constitución mexicana como por tratados internacionales, mientras que el debido proceso garantiza que ninguna persona pueda ser condenada fuera de un procedimiento legal.
El mensaje del sector empresarial
El posicionamiento del CCE refleja la preocupación del sector productivo respecto a la fortaleza de las instituciones y la certeza jurídica.
El organismo concluye que México requiere instituciones confiables y una justicia que actúe sin excepciones ni criterios políticos, reiterando que la confianza en el Estado de derecho depende de que la ley se aplique de manera imparcial para todos los ciudadanos.
Con este pronunciamiento, el empresariado organizado de Baja California busca colocar la discusión en el terreno de las garantías constitucionales y no únicamente en el caso particular del exgobernador, enfatizando que la defensa del debido proceso fortalece al sistema de justicia y a la democracia, independientemente de la identidad o trayectoria de las personas involucradas. Nw