Migrar de los combustibles fósiles hacia las bioenergías representa una de las inversiones más grandes que puede realizar un país, pero también una de las más rentables en el largo plazo. Más allá del impacto ambiental, esta transformación implica cambios en infraestructura, tecnología, empleo, legislación e incentivos fiscales que podrían redefinir la economía nacional.
Así lo explica la Dra. Montserrat Govea Franco, profesora investigadora de la Escuela de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Panamericana campus Aguascalientes, quien señala que el mayor desafío no es únicamente construir nuevas plantas de generación de energía, sino diseñar una estrategia de transición que permita modernizar al país sin afectar el empleo ni la competitividad.
“La inversión inicial es muy fuerte y sus beneficios no se observan de inmediato, sino en el mediano y largo plazo. Además de construir nueva infraestructura, es necesario incorporar tecnología, capacitar a la fuerza laboral y replantear parte del presupuesto público”, explica.
Uno de los conceptos centrales es la llamada “transición justa”, promovida por organismos internacionales, la cual busca que ningún trabajador del sector energético pierda su empleo durante el proceso. En lugar de despidos, la estrategia consiste en capacitar y trasladar gradualmente a los empleados hacia las nuevas industrias energéticas.
Contrario a la creencia de que las energías renovables eliminan puestos de trabajo, la investigadora sostiene que la experiencia internacional demuestra lo contrario. “Los empleos no desaparecen; se transforman y, en muchos casos, aumentan. Solo una planta de biometanización requiere nuevas cadenas de recolección, clasificación de residuos, operación tecnológica y mantenimiento especializado”, afirma.
Brasil representa uno de los ejemplos más exitosos de esta transición. Gracias a incentivos gubernamentales para producir etanol y fabricar vehículos flex fuel, el país ha reducido significativamente su dependencia de la gasolina, al tiempo que fortaleció su sector agrícola y generó nuevas oportunidades económicas.
Por su parte, la Unión Europea ha impulsado mecanismos como los mercados de carbono, deducciones fiscales para maquinaria sustentable y créditos preferenciales para empresas que invierten en tecnologías limpias. Estados Unidos también ha fortalecido este proceso mediante programas que ofrecen créditos fiscales para proyectos relacionados con bioenergía, hidrógeno verde y captura de carbono.
Para la especialista, México posee condiciones excepcionales para convertirse en un referente en bioenergías. “Tenemos extensión territorial, diversidad climática, abundantes residuos urbanos y un enorme potencial para producir bioenergía. La materia prima ya existe; el reto está en aprovecharla mediante políticas públicas e inversión”, señala.
Entre las mayores ventajas estaría reducir la dependencia de combustibles importados, disminuir la vulnerabilidad ante las crisis internacionales del petróleo y liberar recursos públicos que actualmente se destinan a la compra de gasolina.
No obstante, advierte que el principal obstáculo continúa siendo regulatorio. Considera que el país necesita incentivos fiscales realmente atractivos para las empresas, mayor apertura a la inversión privada en generación de energía renovable y una estrategia de largo plazo que trascienda los periodos de gobierno.
“La transición energética no ocurre en un año ni en un sexenio. Estamos hablando de un proyecto nacional de al menos una década que requiere continuidad, visión de Estado y decisiones políticas firmes”, concluye.