Las cifras pueden ofrecer esperanza, pero también pueden inducir a una falsa sensación de seguridad cuando se interpretan de manera aislada. La reciente reducción de los homicidios registrada en diversas entidades del país, incluyendo Baja California, merece reconocerse como un dato positivo; sin embargo, convertir esa disminución en sinónimo de paz sería un error de diagnóstico y, por ende, de política pública.
Precisamente esa es una de las principales aportaciones del más reciente informe “De la Violencia a la Pacificación. Monitoreo de la Violencia Letal en México”, elaborado por México Evalúa, uno de los centros de pensamiento más serios, autónomos e independientes del país. Su prestigio no radica únicamente en la calidad técnica de sus investigaciones, sino en una característica cada vez más escasa en el debate público, ya que construye sus análisis sobre evidencia científica, metodologías transparentes y datos verificables, alejándose tanto de narrativas gubernamentales como de posturas políticas y partidistas. Esa independencia intelectual convierte sus diagnósticos en una referencia obligada para quienes creemos que la seguridad pública debe analizarse con rigor y no con propaganda.
El informe introduce una reflexión particularmente valiosa, que consiste en que el reducir el análisis exclusivamente al homicidio doloso ya no permite comprender la verdadera dimensión de la violencia. Hoy resulta indispensable incorporar otros fenómenos igualmente graves, como las desapariciones, la extorsión, violencia intrafamiliar, los feminicidios, el robo en sus distintas modalidades y los delitos contra la vida que tradicionalmente permanecían dispersos en las estadísticas oficiales. Esa visión integral permite entender por qué México, aun registrando una disminución reciente en homicidios, continúa siendo un país significativamente más violento que hace una década.
Para Baja California el mensaje resulta especialmente pertinente porque nuestro estado aparece nuevamente entre las entidades con mayores niveles de violencia letal del país.
Aunque la reducción observada durante el último año es importante y supera el promedio nacional, la entidad continúa ocupando posiciones críticas cuando se compara con el resto de México y, aún más, cuando se contrasta con estándares internacionales de seguridad. No se trata únicamente de una percepción ciudadana; es una realidad respaldada por indicadores objetivos.
Esto obliga a formular una pregunta incómoda, pero necesaria: ¿qué estamos celebrando exactamente o de qué se ufana tanto el gobierno y ahora hasta el gobierno municipal de Tijuana emite boletines asumiéndose como éxito la incipiente reducción de homicidios en la ciudad?
Porque una reducción coyuntural de homicidios no significa necesariamente que las organizaciones criminales hayan perdido capacidad operativa. Tampoco implica que hayan dejado de controlar territorios, diversificar mercados ilícitos o modificar sus formas de violencia. En muchos casos simplemente cambian sus métodos de intimidación, desplazando la violencia hacia modalidades menos visibles estadísticamente, pero igualmente devastadoras para las comunidades.
La evidencia presentada por México Evalúa confirma precisamente esa hipótesis. Mientras algunos indicadores disminuyen, las desapariciones continúan expandiéndose territorialmente y otras formas de violencia mantienen tendencias preocupantes. Esa realidad exige abandonar las explicaciones simplistas y reconocer que la pacificación auténtica depende de instituciones sólidas, no de ciclos temporales en las estadísticas.
En ese contexto, Baja California enfrenta un desafío que trasciende los operativos policiales.
La discusión ya no debería centrarse únicamente en cuántas patrullas circulan o cuántas detenciones se realizan. El verdadero debate consiste en preguntarnos qué tan fuertes son nuestras instituciones encargadas de prevenir, investigar y sancionar el delito.
Y en esa ecuación existe un componente frecuentemente olvidado: la dignificación de la función policial.
Resulta contradictorio exigir resultados extraordinarios a corporaciones cuyos integrantes, en muchos casos, enfrentan jornadas excesivas, incertidumbre laboral, limitadas oportunidades de desarrollo profesional y riesgos permanentes para ellos y sus familias. Ningún sistema de seguridad puede aspirar a niveles de excelencia cuando quienes constituyen su principal activo humano trabajan bajo condiciones que no corresponden con la enorme responsabilidad que asumen diariamente.
Dignificar a la policía no significa únicamente aumentar salarios, aunque sin duda constituye un primer paso indispensable. Significa construir una verdadera carrera policial basada en mérito y profesionalización; garantizar acceso a vivienda, salud y educación para sus familias; fortalecer su capacitación permanente; dotarlos de tecnología moderna; ofrecer respaldo jurídico cuando actúan conforme a la ley; atender de manera sistemática su salud mental y reconocer públicamente su servicio cuando éste se desempeña con integridad.
Las mejores policías del mundo no surgieron exclusivamente por adquirir más armamento o vehículos. Se consolidaron porque sus gobiernos entendieron que la confianza ciudadana comienza por valorar a quienes representan la primera línea del Estado frente al delito.
Paralelamente, el informe recuerda otra realidad frecuentemente ignorada: ninguna estrategia policial será suficiente si no va acompañada de fiscalías capaces de investigar con eficacia. Detener sin judicializar genera una percepción momentánea de control, pero no modifica las estructuras criminales. La inteligencia, el análisis financiero, la investigación científica y el fortalecimiento ministerial siguen siendo los eslabones pendientes del sistema de justicia mexicano.
Baja California posee capacidades institucionales importantes, una sociedad civil activa, un sector empresarial comprometido y corporaciones policiales que han demostrado profesionalismo en múltiples ocasiones. Pero también enfrenta la complejidad propia de una entidad fronteriza donde convergen mercados ilícitos internacionales, movilidad migratoria, tráfico de armas y economías criminales altamente sofisticadas.
Por ello, cualquier estrategia seria debe construirse desde una visión de Estado y no desde horizontes sexenales.
La seguridad pública no puede seguir evaluándose únicamente por la variación mensual de los homicidios. El verdadero indicador del éxito será la capacidad para consolidar instituciones confiables, policías profesionales, fiscalías eficaces y ciudadanos que vuelvan a confiar en el Estado.
La paz sostenible no se decreta. Tampoco se construye únicamente con discursos optimistas.
Se construye fortaleciendo instituciones, profesionalizando a quienes arriesgan su vida para protegernos y tomando decisiones sustentadas en evidencia, precisamente como la que hoy aporta México Evalúa.
Porque al final, la diferencia entre administrar la violencia y construir la paz radica en una decisión política fundamental: invertir en instituciones, principalmente en el capital humano, en la mejor condición de nuestros policías, antes que en narrativas.
Por: Edgardo Flores Campbell / Columnista Nw Noticias