Integrantes del colectivo Salvemos La Pona afirmaron que no retirarán los amparos promovidos en defensa de este espacio natural y exigieron que el proceso para declarar toda la zona como Área Natural Protegida se lleve a cabo con transparencia y una participación ciudadana efectiva.
La representante del colectivo, Sofía González Ponce, señaló que durante un acercamiento con autoridades municipales les plantearon “hacer borrón y cuenta nueva” para colaborar en el proyecto, condición que, aseguró, implicaría abandonar los recursos legales que actualmente mantienen.
“La sola expresión de pedirnos que nos olvidemos del pasado es una expresión bastante equivocada. Un servidor público debe rendir cuentas y someter sus acciones históricas a evaluación. Creemos que eso se hace desde un desconocimiento de sus propias obligaciones como funcionarios públicos”, expresó.
El colectivo sostuvo que está dispuesto a colaborar con las autoridades, siempre que el procedimiento se construya desde el inicio con acceso a la información, mesas de trabajo y la incorporación de especialistas, organizaciones y ciudadanía interesada.
“Nuestra apuesta es por procesos, sí, lentos, pero de participación efectiva. No queremos que primero hagan el estudio y luego nos llamen a opinar para que jamás nos expliquen si aceptaron o no nuestras observaciones y con qué fundamento”, indicó.
Asimismo, Ethel Martinez Aguilera, miembro del colectivo, cuestionó el momento en que se dio el acercamiento institucional y consideró que el tema ha adquirido un tinte político rumbo al próximo proceso electoral.
“No es casualidad que en este momento nos busquen. Desde el año pasado vemos a políticos de todos los colores en La Pona y, sobre todo en esta temporada de reforestación, muchos van a estar queriendo sembrar árboles y acompañar la defensa de la zona”, afirmó.
La defensa de La Pona ha sido impulsada durante años por colectivos ambientalistas y ciudadanos que han promovido manifestaciones y acciones legales para evitar el desarrollo urbano en este bosque de mezquites, considerado uno de los principales pulmones de la ciudad.
En junio de este año, el Cabildo de Aguascalientes aprobó la compra de más de 30 hectáreas del predio por alrededor de 101 millones de pesos, como parte del proceso para declararlo Área Natural Protegida; sin embargo, activistas han insistido en que la adquisición del terreno, por sí sola, no garantiza su conservación y han exigido que las siguientes etapas se desarrollen con transparencia y participación ciudadana.