La reestructuración en la Oficina de Defensa del Consumidor (Profeco) en Guanajuato ya enfrenta sus primeras consecuencias legales. Dos de los cuatro empleados separados de sus cargos en la sede de León anunciaron que acudirán a los tribunales laborales para impugnar lo que califican como despidos injustificados, ocurridos días después del nombramiento de Emmanuel Valenzuela Alcaraz como delegado estatal.
Los exservidores públicos, ambos pertenecientes al grupo de adultos mayores, afirmaron que nunca recibieron un documento oficial que justificara su baja, sino únicamente una notificación verbal en la que se les informó que sus contratos concluirían el 30 de junio. El nuevo titular de la dependencia es hijo de Alma Alcaraz Hernández, delegada de los Programas para el Bienestar en Guanajuato.
Al momento, la delegación de Profeco aún no ha emitido una postura oficial de los cambios dentro dentro de la oficina tras la llegada del nuevo delegado.
Juan Manuel Ramírez Funes, de 75 años, señaló que después de casi siete años de servicio decidió emprender acciones legales al considerar que la terminación de su relación laboral carece de sustento jurídico.
Explicó que ingresó a Profeco el 1 de diciembre de 2018 y que el pasado 22 de junio fue citado por el nuevo delegado, quien le comunicó que su contrato no sería renovado.
“Voy a hacer valer mis derechos conforme a la Ley Federal del Trabajo y la Constitución. Para nosotros es un despido disfrazado de que se acabó el contrato. En la ley no existen estas figuras para separar a un trabajador de esta manera; por eso vamos a defender nuestros derechos”, declaró.
El extrabajador informó que solicitó por escrito la fundamentación legal de la decisión, una constancia de antigüedad, información sobre la continuidad de la plaza que ocupaba y el pago de diferencias salariales que asegura quedaron pendientes.
También advirtió que su separación podría representar un acto discriminatorio debido a su edad.
“Soy una persona adulta mayor de 75 años y pertenezco a un grupo con protección constitucional. Separarme del servicio sin una causa legal y únicamente con una notificación verbal podría constituir un acto de discriminación por motivo de edad”, afirmó.
En una situación similar se encuentra María Teresa Concilión Menchaca, de 67 años, quien anunció que analiza interponer una demanda laboral luego de ser notificada verbalmente de su salida el mismo día en que Emmanuel Valenzuela Alcaraz asumió la delegación estatal.
La exfuncionaria relató que, tras ser cuestionada sobre las actividades que desempeñaba, le informaron que dejaría de laborar al finalizar el mes, sin entregarle una resolución por escrito.
Posteriormente presentó un oficio por Oficialía de Partes y solicitó una audiencia con el delegado para conocer las razones de la decisión; sin embargo, aseguró que nunca obtuvo respuesta.
“No me dio ninguna explicación, ni fundada ni motivada; solamente me dijo de manera verbal que mi contrato terminaba. Me siento totalmente ignorada. Considero que mi despido es injustificado porque en siete años de trabajo nunca incurrí en ninguna irregularidad. Siempre desempeñé mi labor con profesionalismo institucional”, señaló.
Concilión Menchaca indicó que se desempeñaba en el área de Procedimientos Administrativos de Ejecución, donde colaboraba en la recuperación de recursos para la institución, y afirmó que la pérdida de su empleo la coloca en una situación complicada debido a que mantiene un crédito hipotecario vigente.
“Tengo un crédito hipotecario y, aunque una persona tenga preparación y experiencia, a los 67 años no es fácil volver a incorporarse al mercado laboral”, comentó.
Los afectados aseguraron que, además de los cuatro despidos registrados en la oficina de León, existen reportes de nuevas bajas en la representación de Profeco en Irapuato, por lo que prevén que otros trabajadores también recurran a acciones legales.