En 2018, millones de mexicanos votaron por una promesa que parecía simple y poderosa: acabar con la corrupción. Se nos dijo que la corrupción era el origen de gran parte de los problemas nacionales. Que, si desaparecía, alcanzarían los recursos para mejorar la salud, la educación, la seguridad y el desarrollo económico. Que bastaba con limpiar al gobierno para transformar al país: barriendo de arriba para abajo.
Han pasado varios años y los datos cuentan una historia muy diferente.
Según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, México ocupa hoy la posición 141 de 182 países evaluados, con apenas 27 puntos sobre 100. Nuestro país se encuentra muy por debajo del promedio mundial de 42 puntos y se ubica entre las naciones con peor percepción de corrupción del planeta. Pero el dato se vuelve aún más preocupante cuando observamos nuestra posición regional. México ocupa el lugar 27 de 33 países evaluados en América. En otras palabras, somos el séptimo país peor evaluado de la región. Solamente estamos por encima de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Venezuela, Haití y Paraguay.
Resulta difícil sostener que la corrupción fue derrotada cuando las mediciones internacionales muestran exactamente lo contrario. Y aquí aparece una reflexión incómoda: Durante años, muchos mexicanos creimos que la corrupción tenía partido político. Que era un problema exclusivo de ciertos gobiernos. Que bastaba con cambiar a las personas para resolverlo. La realidad demostró algo diferente: no tiene ideología. Tristemente la corrupción tiene: incentivos. Y mientras esos incentivos existan, seguirá reproduciéndose independientemente del color del gobierno en turno.
Quizá por eso uno de los errores más grandes de nuestra vida pública ha sido creer que la honestidad personal sustituye a las instituciones.
Los países menos corruptos del mundo no dependen de líderes honestos,dependen de instituciones fuertes, mecanismos de transparencia y sistemas de rendición de cuentas que funcionan incluso cuando llegan malos gobernantes.
México sigue teniendo una deuda enorme en ese terreno.
De acuerdo con el INEGI, los actos de corrupción vinculados a trámites, pagos y servicios públicos costaron a los ciudadanos 17,707 millones de pesos en un solo año. Cada persona afectada desembolsó en promedio 3,865 pesos en sobornos o mordidas. Lo más alarmante es que esta cifra representa un incremento cercano al 49% respecto a mediciones anteriores.
Diversos organismos estiman que el impacto económico total podría superar los 500 mil millones de pesos anuales y llegar a representar hasta el 10% del Producto Interno Bruto.
Mientras discutimos narrativas políticas, la confianza institucional sigue deteriorándose. El 84.1% de los mexicanos considera que la corrupción continúa siendo una práctica frecuente dentro de las dependencias públicas. Además, la tasa de víctimas de corrupción alcanzó su nivel más alto desde 2019.
Eso significa que el problema no se percibe resuelto.
Siempre he creído que los países no cambian por los discursos que pronuncian sus gobernantes. Cambian por la calidad de las instituciones que construyen sus ciudadanos. Por eso la discusión ya no debería centrarse en quién promete combatir la corrupción.
La verdadera pregunta es otra.
¿Cuándo construiremos instituciones capaces de combatirla sin importar quién gobierne? Porque mientras la corrupción dependa de promesas, seguirá sobreviviendo, y solo desaparecerá el día que conduzca hacia consecuenciascontundentes.