Aguascalientes ha registrado un repunte significativo en la adopción de niños, niñas y adolescentes institucionalizados. Durante el año 2025, más de 70 menores bajo el resguardo del DIF Estatal fueron adoptados. Esta tendencia se mantiene al alza en 2026, año en el que, tan solo durante el primer trimestre, ya se han autorizado 27 asignaciones.
Este ritmo contrasta significativamente con periodos anteriores a 2025, cuando el promedio anual de adopciones oscilaba apenas entre las 30 y 40 asignaciones.
La procuradora de la Defensa del Menor, Luz Trinidad Rosales Hernández, atribuyó este dinamismo a la implementación de los certificados de abandono. Se trata de un acto administrativo avalado por la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes que sustituye a los procesos judiciales tradicionales, los cuales solían ser considerablemente más lentos.
“Implementamos ya la certificación de abandono, que es un acto administrativo emitido por la procuraduría; se trata de un proceso administrativo para que los niños queden lo más pronto posible como idóneos para una adopción y se les pueda garantizar el derecho a vivir en familia” destacó.
Aunado a ello, la sociedad ha jugado un papel importante al promover la adopción no solamente de bebés, sino de menores de edades más avanzadas. Asimismo, el alcance de estos procesos ha trascendido las fronteras locales, involucrando no solo a familias de Aguascalientes, sino de otras entidades de la República Mexicana.
“Comúnmente quieren adoptar bebés o niños no mayores a 4 años, sin embargo, ya hemos tenido adopciones de adolescentes de 12, 13 y hasta 16 años. Además, hemos tenido la confianza de otras entidades federativas como Baja California Sur, Nuevo León, Tabasco, Chiapas, Ciudad de México, entre otras, que han venido a adoptar” informó.
Para las personas interesadas en iniciar el trámite de adopción, es necesario cumplir con una serie de requisitos establecidos por la institución. Entre los principales criterios se encuentran ser mayor de 25 años, certificar el estado de salud de los solicitantes y comprobar tanto el empleo como los ingresos económicos.
Asimismo, los aspirantes deben aprobar un taller de preparación y entregar la documentación de rigor solicitada por la Procuraduría de la Defensa del Menor.