Las diputadas Mirna Rubiela Medina Ruvalcaba y Lucía de León Ursúa presentaron una iniciativa para expedir la Ley para la Protección Integral de los Derechos de las y los Trabajadores de la Educación del Estado de Aguascalientes. Este marco normativo tiene como objetivo central salvaguardar la integridad, el honor y la seguridad del personal educativo en instituciones públicas frente a denuncias o actos que puedan vulnerar su estabilidad laboral.
La propuesta ordena al Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), en coordinación con la Contraloría y la Fiscalía General del Estado (FGEA), la creación de un protocolo con procedimientos claros para la atención de denuncias, el cual deberá incluir apoyo jurídico y psicológico para los afectados.
Asimismo, la ley busca garantizar que ningún trabajador —salvo en casos de naturaleza sexual— sea suspendido o removido de su cargo sin una resolución debidamente fundada y motivada, asegurando en todo momento el respeto al debido proceso.
Hasta 3 años de cárcel por amenazar o acusar falsamente a maestros
La promotora de la iniciativa, la diputada Lucía de León Ursúa, sostuvo que las denuncias falsas contra docentes se han convertido en un problema creciente dentro del sistema educativo, muchas veces impulsadas por padres de familia que incitan a sus hijos a mentir por conflictos personales con los maestros.
“Hay casos en los que los maestros o personal ha sido expuesto a mentiras, entonces vamos a sancionar, porque es muy fácil decir ‘tú hiciste’, cuando ni siquiera tienes las pruebas o simplemente porque te cae mal (…) hay papás que han incitado a los alumnos a decir ‘di que tu maestro hizo esto’ cuando no es cierto”, afirmó.
En ese contexto, la iniciativa presentada ante el Congreso del Estado plantea reformar el Código Penal y la Ley de Educación de Aguascalientes para proteger al personal docente, directivo y administrativo frente a denuncias infundadas, amenazas y actos de difamación, sin impedir las denuncias legítimas.
De acuerdo con la exposición de motivos, actualmente basta un señalamiento para separar a un maestro del aula o afectar su reputación, incluso sin una investigación previa, lo que vulnera la presunción de inocencia y el debido proceso. La propuesta advierte que este tipo de acusaciones puede generar daños irreversibles en la vida profesional y personal de los docentes, además de debilitar al propio sistema educativo.
El proyecto no crea nuevos delitos, pero sí endurece las penas cuando las conductas afecten a personal educativo en el ejercicio de sus funciones. Por ejemplo, establece que las amenazas contra docentes podrán castigarse con penas de uno a tres años de prisión, además de multas de 100 a 200 días y la obligación de reparar el daño.
Asimismo, se contemplan agravantes que aumentan hasta en una mitad las sanciones cuando las acusaciones o agresiones se cometan contra personal educativo o cuando se utilice a menores de edad para sostener denuncias falsas.
La iniciativa también pone énfasis en frenar el llamado “linchamiento mediático”, al proponer sanciones para quienes utilicen redes sociales o plataformas digitales para difamar o dañar la imagen de docentes sin haber agotado los canales institucionales.
Además, plantea que no debe haber sanciones ni separación automática del cargo sin una investigación previa, ni exposición pública sin resolución firme, obligando a que cualquier queja se canalice por vías legales e institucionales.
“No se trata de negar la existencia de abusos reales, sino de evitar que la injusticia se disfrace de denuncia”, sostiene el documento, que también advierte sobre casos donde docentes han sido señalados sin pruebas, con consecuencias inmediatas y difíciles de revertir.
La diputada explicó que las investigaciones serán atendidas por las áreas jurídicas del Instituto de Educación de Aguascalientes y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y en casos graves podrían escalar a la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.
“En el IEA hay un área jurídica que nos apoya en eso, también en el Sindicato de Trabajadoras hay un área que siempre trabaja coordinado con el Instituto de Educación, y si es necesario llegar a la Fiscalía, pues lo vamos a hacer”, concluyó.
Postura del IEA: Certeza jurídica sin frenar denuncias
Al respecto, el director del IEA, Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, señaló la relevancia de esta iniciativa. Aunque reconoció que no se ha registrado una cantidad considerable de falsas acusaciones contra personal educativo, enfatizó la necesidad de brindar certeza jurídica al magisterio ante posibles escenarios de riesgo.
“Es importante garantizarles a los maestros que no sean víctimas de alguna difamación o de alguna acusación que pudiera resultar perjudicial para ellos. En el IEA hemos trabajado siempre en apego a la normatividad, los protocolos son muy claros y eso es lo que queremos garantizar y continuaremos trabajando con ellos para que no se vulneren sus derechos” subrayó.
No obstante, Gutiérrez Reynoso precisó que la iniciativa será revisada a detalle para asegurar que su implementación no obstaculice ni debilite la cultura de la denuncia entre padres de familia, alumnos y el propio personal educativo, manteniendo un equilibrio entre la protección del docente y el derecho de la comunidad escolar a señalar irregularidades.
SNTE: Hasta 10 casos de difamación motivaron la ley
La secretaria general de la Sección 1 del SNTE en Aguascalientes, Adriana Ochoa Díaz, confirmó que la organización sindical participó activamente en la planeación de esta iniciativa. Según la líder sindical, se han identificado hasta 10 casos recientes de difamación, lo que evidenció la urgencia de establecer protecciones legales específicas.
“El protocolo dice que cuando hay una denuncia, la parte oficial está obligada a quitar al maestro por seguridad de las dos partes en lo que se hace la investigación. Lo que nosotros pedimos es que no se sancione sin antes hacer una investigación; si el maestro es culpable, que se le sancione, pero si no, que se sancione a quien le levanta un falso testimonio” enfatizó.
Esta petición se ve reflejada en los Artículos 10 y 11 del proyecto de ley, el cual establece que quienes formulen acusaciones dolosamente falsas podrán ser sujetos a responsabilidad administrativa, civil o penal:
ARTÍCULO 10.- Quien formule denuncias o acusaciones dolosamente falsas contra personal educativo, podrá ser sujeto a responsabilidad administrativa, civil o penal, según corresponda, conforme a la legislación aplicable.
ARTÍCULO 11.- En caso de que por la vía jurisdiccional civil, se acredite daño moral en contra de la persona trabajadora de la educación, la autoridad judicial competente podrá a petición de parte con interés jurídico, condenar a la reparación integral del mismo, así como restituir en el cargo, disculpa pública, según sea el caso.