Hay casas vacías y familias sin hogar: en Aguascalientes, mientras miles de viviendas permanecen abandonadas, muchas mujeres llegan tras enfrentar desplazamiento forzado, violencia y la imposibilidad de acceder a un techo propio.
En la última década, además, el estado se ha consolidado como un destino recurrente para familias desplazadas, que huyen de episodios de violencia en entidades del centro-bajío del país.
Sin embargo, las causas de estos movimientos van más allá de la violencia de género: la precariedad puede hacer que acceder a una vivienda sea una posibilidad muy lejana.
En ese escenario nace la Unión de Mujeres Trabajando en Cooperativas, una organización en Aguascalientes que desde hace más de diez años apoya a mujeres vulnerables (incluyendo a familias movilizadas de otros estados) a conseguir vivienda, recuperando casas abandonadas y en el limbo legal.
“Los primeros resguardos se dieron en San Francisco de los Romos con personas que venían huyendo de la violencia por desplazamiento forzado interno”, explica María Escalante, fundadora de la organización. “Las mismas familias ubicaron los inmuebles (…) así surgió el movimiento para recuperar viviendas vandalizadas y darles una función social”, señaló.
María Escalante, fundadora de la Unión de Mujeres Trabajando en Cooperativas (Foto: Daniel Hernández)
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI) 2020, en México, existen 35.3 millones de viviendas habitadas, pero también 6.15 millones deshabitadas, sin que haya claridad sobre qué ocurre con estos espacios. En el caso de Aguascalientes, el Censo de Población y Vivienda 2020 ya había identificado más de 60 mil casas abandonadas.
A la fecha, alrededor de 400 familias han encontrado un espacio donde vivir gracias a esta organización, de las cuales 39 han logrado certeza jurídica. La mayoría de estas viviendas se ubican en Villas de Nuestra Señora de la Asunción y Paseos de San Antonio, en la capital; así como en Santa Isabel, en Pabellón de Arteaga; Ex Hacienda Chichimeco, en Jesús María; y La Ribera, en San Francisco de los Romo.
Para Mariana Ávila Montejano, coordinadora del Observatorio de Violencia Social y de Género, esta movilización no es casualidad. Ella sostiene que la falta de un techo seguro es, en sí misma, una extensión de las violencias que el sistema ejerce sobre las mujeres.
“No podemos hablar de erradicar la violencia de género si no garantizamos primero el derecho a una vivienda digna. No se trata solo de tener un techo, sino de que ese espacio cumpla con condiciones de seguridad, accesibilidad, servicios y entorno. Además, implica que existan salarios que permitan sostener esa vivienda y una cultura que reconozca a las mujeres como titulares de su propio patrimonio”, explicó.
Mariana Ávila Montejano, coordinadora del Observatorio de Violencia Social y de Genero (Foto: Daniel Hernández)
Desde su experiencia, el problema no solo es estructural, sino profundamente desigual, ya que las mujeres no solo tienen menos acceso a la propiedad, sino que enfrentan barreras económicas, laborales y burocráticas que las mantienen fuera de ese derecho.
“Hay un gran rezago: pocas mujeres son propietarias y muchas enfrentan procesos casi imposibles para acceder a una casa o regularizarla. La mayoría trabaja en la informalidad, con salarios precarizados que no les permiten acceder a créditos o programas. Por eso, muchas terminan rentando toda su vida o habitando espacios abandonados que ellas mismas dignifican, porque no existen condiciones reales para que puedan adquirir una vivienda”, señaló.
Además, advirtió que en los contextos de violencia, la pérdida del hogar es casi un destino seguro para las mujeres.
“En los procesos que acompañamos, el 95% de las mujeres son las que se tienen que ir de sus casas, porque no son espacios seguros. Quedarse ahí implica no saber si van a seguir vivas o si sus hijos e hijas estarán a salvo. Ante la falta de mecanismos reales de protección y alternativas de vivienda, ellas terminan desplazándose como única opción”, puntualizó.
La Unión de Mujeres Trabajando en Cooperativas levanta casas prácticamente desde cero: inmuebles sin puertas, sin ventanas, sin servicios y, en muchos casos, utilizados para delinquir. Cada familia invierte, en promedio, 30 mil pesos para hacer habitable lo que antes era un foco de inseguridad.
Mientras tanto, el acceso a la vivienda formal se vuelve cada vez más complicado. El Índice de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) señala que el costo de la vivienda en Aguascalientes aumentó un 9.3% entre enero y marzo de 2024.
Pero el problema no es solo económico, sino también es legal, ya que muchas de estas casas existen en una especie de vacío jurídico.
“Están en el limbo jurídico, no pertenecen ni al Infonavit ni al trabajador; mientras tanto, somos la sociedad las que estamos sufriendo esta situación”, señala Escalante.
En estos casos, una de las pocas vías para acceder a la propiedad es la usucapión, también conocida como prescripción adquisitiva, la cual permite que una persona pueda quedarse legalmente con una vivienda si demuestra que la ha habitado de forma pacífica, pública, continua y como si fuera suya durante varios años. Sin embargo, este proceso no es instantáneo; se requiere iniciar un juicio, presentar pruebas y obtener la resolución de un juez.
“La mayoría de las mujeres que estamos en el movimiento sufren violencia, pero no solo en el hogar. Es una violencia sistemática por la falta de oportunidades (…) esta economía está hecha nada más para los que tienen dinero”, afirma Escalante.
En Aguascalientes opera un Centro de Justicia para Mujeres que brinda atención integral a víctimas de violencia. Sin embargo, cuando el problema se traslada al acceso a la vivienda, las capacidades institucionales muestran límites claros. Para Marcela Guadalupe Valdivia Delgado, fiscal especializada en delitos sexuales, violencia de género y familiar, este es un fenómeno complejo que no puede abordarse desde una sola perspectiva.
“No solamente la violencia está enfocada al delito de violencia familiar. Tenemos violencia económica, sexual y otros delitos relacionados. En total manejamos alrededor de 4 mil 700 carpetas, donde muchas de estas violencias se entrelazan”, explicó.
En los casos donde una mujer se encuentra en riesgo, la Fiscalía activa mecanismos de atención inmediata; sin embargo, estos suelen ser temporales.
“Si una mujer no tiene dónde ir, gestionamos una casa de transición para resguardarla temporalmente y, a partir de ahí, buscamos un refugio más estable (…) temas como la regularización de vivienda o situaciones relacionadas con servicios no le competen directamente a la Fiscalía, porque nosotros atendemos el delito y lo urgente”, indicó.
Aun así, explica que uno de los factores que más limita a las mujeres para salir de entornos violentos sigue siendo la falta de independencia económica, lo que impacta directamente en su capacidad de acceder o sostener un hogar.
La violencia estructural se refleja en historias concretas, como la de Brenda, madre soltera que desde hace una década lucha por asegurar un hogar para sus hijos. Antes de llegar a la organización, su vida era una cadena de rentas inestables y constante incertidumbre.
“Uno como madre piensa: ‘¿qué patrimonio le voy a dejar a mis hijos?’”, cuenta. “Desde el principio me dijeron que era una lucha constante, y sí, aquí sigo, después de casi 10 años”.
“La casa estaba en totales ruinas, no tenía ventanas, no tenía puertas, pero dije: me están dando la oportunidad de luchar por algo para mí y para mis hijos”, relató.
Brenda, madre de familia desplazada (Foto: Daniel Hernández)
En medio de su constante lucha por construir un patrimonio, Brenda lleva más de dos años sin servicio de luz, pese a haber reportado la situación ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE), situación que catalogan como una manera de hostigamiento para que se dé por vencida. A pesar de todo, Brenda no contempla irse.
“Yo no me doy por vencida. Yo quiero que el día de mañana esta casa sea mía, que realmente me pertenezca como debe de ser. Todo esto que he hecho ha sido por mis hijos”, afirmó.