Aunque muchas veces pasa desapercibido, el Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes ha construido, en los últimos años, una de las estructuras más completas del país para prevenir y combatir la corrupción. En entrevista con NW Aguascalientes, Marcela López Serna y Oscar Rodrigo Castañeda Martínez, comisionados actuales del Comité de Participación Ciudadana, explican la evolución, alcances y pendientes del organismo.
El modelo surge de la reforma federal de 2015, que obligó a los estados a articular instituciones bajo una misma lógica: coordinar esfuerzos para cerrar espacios a la corrupción. En Aguascalientes, esto implicó integrar nuevas figuras (como el CPC y la Secretaría Ejecutiva) a instancias ya existentes, entre ellas la fiscalía, el órgano de fiscalización y el tribunal administrativo.
Una de las tareas más difundidas del sistema es el desarrollo de herramientas digitales. De las seis plataformas que marca la ley, cuatro funcionan en el estado.
Una de las más relevantes es la de declaraciones patrimoniales, que permite dar seguimiento anual (cada mayo) a la evolución de los bienes de los servidores públicos. A esto se suman dos plataformas enfocadas en compras gubernamentales: una identifica a los funcionarios que participan en los procesos y otra concentra información sobre licitaciones y propuestas. Esta última aún está en construcción, con la participación de apenas el 20% de los entes públicos.
“La de declaraciones es para saber (de todos los funcionarios) qué tienen, si hay algún conflicto de interés, si están declarando impuestos, y que cada año, en mayo, hagan su actualización para ver cómo van avanzando. Esa es obligatoria para todos. Es lógico revisar cómo va creciendo su patrimonio respecto a cómo entraron y a lo que ganan, ¿no?” apunta Marcela López.
Los comisionados aseguran que Aguascalientes se encuentra entre los tres sistemas anticorrupción mejor evaluados del país, principalmente por su nivel de integración y coordinación institucional. Sus plataformas digitales han sido licenciadas a otras entidades.
En cuanto a incidencia, destacan que alrededor del 90% de las recomendaciones emitidas por el CPC (aunque no son obligatorias ni vinculantes, es decir, no hay sanciones si no se cumplen) son atendidas por las instituciones públicas.
“Finalmente, lo que se detecta son áreas y oportunidades para la mejora de sus procesos: códigos de ética y códigos de conducta” señala Oscar Rodrigo Castañeda.
También han impulsado propuestas con enfoque social, como presupuestos participativos en municipios y auditorías de desempeño con perspectiva de género, además de acciones de mejora regulatoria para simplificar trámites y reducir riesgos de corrupción.
Los pendientes: falta de voluntad política y participación ciudadana
Las recomendaciones que implican reformas legales enfrentan rezagos, en parte por la complejidad legislativa, pero también por falta de voluntad política. Ahí permanece, por ejemplo, la iniciativa “3 de 3” para candidatos, impulsada por Transparencia Mexicana, que sigue sin avanzar en Aguascalientes.
“La han impulsado en diferentes entidades, por ejemplo, en Chiapas, ya está probada. En el caso de Aguascalientes, pues se ha presentado y nos han recibido, pero la verdad es que no ha fluctuado como ni en el Pleno ni en la propia comisión” explican.
Otro riesgo es interno: la renovación del propio CPC. La baja participación ciudadana en la comisión de selección, derivada de que los cargos son honoríficos, amenaza la continuidad del sistema.
A esto se suman fallas en la comunicación dentro del Congreso, que dificultan dar seguimiento a las recomendaciones, y la ausencia de una estrategia de difusión que permita que la ciudadanía conozca los resultados del sistema.
En medio de estos avances y pendientes, la fiscalía anticorrupción mantiene abierta una investigación por la presunta filtración de exámenes en la comisión de selección del CPC. Los propios comisionados ya han sido llamados a declarar.
Este 2026, el Sistema Anticorrupción de Aguascalientes cumple su primera década desde que sentó sus primeras bases en el estado.