Tijuana, Baja California, 9 de marzo de 2026.- Las manifestaciones realizadas en Tijuana con motivo del Día Internacional de la Mujer derivaron nuevamente en actos de violencia, daños a infraestructura urbana e incluso la irrupción a instalaciones del sistema de justicia, lo que generó preocupación entre organismos ciudadanos que advierten una escalada progresiva en el nivel de vandalismo y una aparente falta de contención por parte de las autoridades.
Durante la jornada del 8 de marzo, un grupo de manifestantes protagonizó actos de destrucción contra mobiliario urbano, paraderos de transporte público, monumentos y afectación directa a propiedades privadas, además de ingresar de manera violenta a instalaciones de la Fiscalía General del Estado y juzgados familiares, donde se reportaron daños materiales y la posible sustracción y destrucción de expedientes relacionados con carpetas de investigación.
Ante estos hechos, el Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Tijuana en voz de su presidente Edgardo Flores Campbell, emitió un pronunciamiento en el que expresó su profunda preocupación por el deterioro del orden público durante estas movilizaciones, advirtiendo que el ejercicio del derecho a la protesta no puede traducirse en conductas que vulneren la ley ni afecten el funcionamiento de instituciones clave para la procuración e impartición de justicia.
El organismo ciudadano subrayó que resulta particularmente grave la intrusión en instalaciones judiciales, ya que la manipulación o destrucción de expedientes puede impactar directamente en procesos judiciales en curso y, paradójicamente, perjudicar el derecho de las propias víctimas a acceder a la justicia.
De acuerdo con el posicionamiento del Comité, lo ocurrido este año refleja una tendencia preocupante de escalada en los actos de violencia bajo el manto de impunidad por tratarse de una fecha emblemática, el presidente del comité ciudadano sostiene que año tras año en cada edición de estas manifestaciones registra niveles crecientes de confrontación, vandalismo y daños al patrimonio público.
Especialistas en seguridad y organizaciones civiles como barras de abogados han emitido posicionamientos públicos al respecto, de igual manera han señalado que este fenómeno no es exclusivo de Tijuana. En diversas ciudades del país, las marchas del 8M han incorporado en los últimos años expresiones de protesta más radicalizadas que incluyen pintas, destrucción de mobiliario y en algunos casos confrontaciones con autoridades, lo que ha abierto un debate sobre los límites entre protesta social y violencia.
Sin embargo, en el caso de Tijuana, el Comité Ciudadano considera que la situación se agrava por lo que describe como una actitud complaciente, omisa o permisiva por parte de las autoridades, que no habrían intervenido de manera efectiva para contener los actos vandálicos.
En su posicionamiento, el organismo recuerda que una de las responsabilidades fundamentales del Estado es garantizar el orden público, proteger el patrimonio colectivo y salvaguardar la integridad de las instituciones.
La ausencia de autoridad con medidas de contención, advierten, podría enviar una señal de permisividad que incentive la repetición de estos actos en futuras manifestaciones. Por ello, el Comité hizo un llamado a las autoridades competentes para investigar los hechos, deslindar responsabilidades y fortalecer los protocolos de prevención y resguardo institucional, especialmente en edificios públicos relacionados con la procuración de justicia.
El pronunciamiento concluye señalando que la defensa de causas sociales legítimas (como la lucha contra la violencia de género) no puede sustentarse en la destrucción del patrimonio público ni en la vulneración del marco legal, ya que la construcción de una sociedad más justa requiere diálogo institucional, legalidad y respeto a las instituciones democráticas.
Los hechos ocurridos durante esta jornada vuelven a colocar sobre la mesa un debate complejo en México: cómo garantizar el derecho a la protesta sin que éste derive en episodios de violencia o en afectaciones al Estado de derecho, especialmente en la actualidad, donde la confianza en las instituciones continúa siendo frágil. Nw