En el marco del Día de las Personas Juzgadoras (7 de marzo), nuevos datos del INEGI revelan la situación del sistema de justicia en el estado. Aguascalientes se posiciona exactamente en la media nacional en cuanto a su capacidad de respuesta humana, aunque enfrenta una carga de trabajo dominada por conflictos entre particulares.
Un juez para cada 26 mil habitantes
De acuerdo con el reporte, Aguascalientes cuenta con una tasa de 3.8 personas juzgadoras por cada 100 mil habitantes en el ámbito estatal. Esta cifra sitúa a la entidad en el promedio de México, lejos de los extremos como Campeche (10.2) o el Estado de México (2.3).
A pesar de estar en la media, el sistema local debe procesar un volumen considerable de casos; tan solo en el último año, ingresaron 51,614 nuevos expedientes a los juzgados de primera instancia del estado.
¿Qué conflictos aquejan a los hidrocálidos?
La radiografía de la justicia local muestra que la mayoría de los conflictos no son de carácter criminal, sino relacionados con deudas, contratos y problemas del hogar.
La distribución de los expedientes en Aguascalientes se divide de la siguiente manera:
- Materia Civil y Mercantil (54.9%): Es la principal causa de juicios, reflejando una alta actividad en litigios de propiedad, cobros y contratos comerciales.
- Materia Familiar (32.8%): Uno de cada tres casos tiene que ver con divorcios, custodias o pensiones alimenticias.
- Materia Penal (8.0%): Los delitos ocupan una parte menor del volumen total de expedientes en comparación con los temas civiles.
- Materia Laboral (4.3%): Los conflictos entre patrones y trabajadores representan la menor proporción del pastel judicial.
El reto de la equidad
A nivel nacional, el informe destaca una brecha de género persistente en los altos mandos. Mientras que en los juzgados de menor nivel hay una participación más equilibrada, en los cargos de magistraturas (los de mayor jerarquía), solo 1 de cada 4 puestos es ocupado por mujeres, un reto que Aguascalientes y el resto del país aún tienen pendiente por resolver para alcanzar una paridad real en la impartición de justicia.