Luego de que el Gobierno de Aguascalientes rechazara la reforma aprobada por el Congreso local para aplicar un 2% a plataformas digitales de entrega por el uso de infraestructura pública, la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Alma Hilda Medina Macías, reconoció que la medida generó inconformidad en distintos sectores empresariales y de servicios.
La legisladora confirmó que, tras la notificación, la iniciativa quedó sin efecto.
“Ya se leyó, ya quedó archivada. No se aplica. Todo lo que venía en ese dictamen se vetó completamente”, declaró.
El impuesto planteaba que las plataformas aportaran un porcentaje por cada servicio realizado en el estado, con el argumento de destinar esos recursos al mantenimiento de calles y avenidas; sin embargo, cámaras empresariales, repartidores y organismos como Coparmex manifestaron observaciones sobre el impacto económico que podría generar.
Medina Macías sostuvo que hubo diálogo posterior con distintos sectores, aunque reconoció que no en todos los casos hubo consulta previa especializada.
“No es que sea una consulta. En la política hay decisiones que no son populares y hay decisiones que son populares. Esta fue una decisión que se tomó como grupo”, afirmó.
Cuestionada sobre por qué no se consultó previamente a organismos técnicos como el Colegio de Economistas, respondió que en este tipo de contribución no se realizó ese proceso