En el marco del Informe Anual de Actividades 2025 de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, el fiscal general Gerardo Vázquez Alatriste solicitó a la gobernadora promover una reforma constitucional que permita a las fiscalías estatales investigar y perseguir delitos del orden federal bajo un esquema de competencia concurrente.
El fiscal argumentó que la dimensión actual de la criminalidad exige una mayor participación de las entidades federativas en delitos que hoy son competencia exclusiva de la Federación.
Además, Vázquez Alatriste planteó que Guanajuato encabece esta propuesta a nivel nacional y pidió formalmente el respaldo del Ejecutivo estatal para impulsar la iniciativa.
“Poco puede sola, porque es mucho trabajo. Está en las manos y el talento de las 32 fiscalías de este país.Queremos que esta contienda comience en Guanajuato, señora, y le proponemos respetuosamente, por su conducto, que se presente la propuesta constitucional. Está en sus manos, sabemos que nos va a ayudar”, afirmó.
Como antecedente, el Fiscal General recordó la reforma que permitió la competencia concurrente en delitos contra la salud, anteriormente reservados a la Federación. También, aseguró que la institución cuenta con la capacidad técnica y humana para asumir ese reto.
“Algo parecido a cuando se construyó la competencia concurrente en la atención de los delitos contra la salud, que anteriormente estaba reservada exclusivamente para la Federación. Esa práctica ha demostrado en los hechos que fue una buena medida. Para eso se requiere de hombres y mujeres valientes y en la fiscalía los tenemos. Tenemos el talento, tenemos las ganas y, por qué no, el deseo de dejar muestra de que en Guanajuato, donde se forjó la patria, se puede forjar también el nuevo rostro de la justicia”.
Resultados 2025
Dentro de su informe, el funcionario estatal aseguró que durante el 2025 se iniciaron 162 mil 587 carpetas de investigación, lo que representó un incremento del 7% en comparación con 2024, indicador que la fiscalía atribuye a una mayor confianza ciudadana y a la reducción progresiva de la cifra negra.
Además, comentó que el Ministerio Público emitió 348 mil 454 determinaciones, cifra histórica en resoluciones, mientras que la judicialización creció 38%, al llevar 15 mil 570 casos ante la autoridad jurisdiccional.
Vázquez Alatriste dijo que la efectividad en vinculaciones a proceso alcanzó el 96%, consolidando la solidez jurídica de las investigaciones. Además, comentó que se obtuvieron 2 mil 495 sentencias condenatorias, 39% más que el año anterior, con más de 2 mil 600 personas sentenciadas.
En el combate a estructuras criminales, el fiscal reportó la detención de más de 22 mil personas y objetivos delictivos. Se realizaron 2 mil 150 cateos, un aumento del 87% respecto a 2024, y se cumplimentaron 6 mil 113 mandamientos judiciales. También, comentó que se aseguraron más de 1.5 millones de dosis de droga, además de armas de fuego, vehículos y recursos económicos que impactan las finanzas del crimen organizado.
En materia de justicia restaurativa, detalló que más de 41 mil carpetas fueron canalizadas a mecanismos alternativos de solución de controversias. Por ello, se celebraron más de 21 mil acuerdos reparatorios, con un cumplimiento del 95%, y se recuperaron 356 millones 449 mil 565 pesos por concepto de reparación del daño, lo que representó un incremento del 42% frente a 2024.
En materia de búsqueda de personas, Vázquez Alatriste refirió que el 87% de las personas reportadas como desaparecidas fueron localizadas. Además, de que se fortalecieron los procesos de identificación genética, antropológica y dactilar, y se otorgaron más de 36 mil órdenes y medidas de protección. Asimismo, se brindaron más de 54 mil atenciones a víctimas, con más de 36 mil servicios especializados bajo perspectiva de género.
Finalmente, aseguró que ell presupuesto aprobado para la institución superó los 4 mil 537 millones de pesos, recursos destinados al fortalecimiento operativo, infraestructura y equipamiento, además de reportarse el 100% de atención a recomendaciones en materia de derechos humanos y la evaluación del 99.7% del personal en control de confianza.