La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció las deficiencias en la identificación de restos humanos. El cuestionamiento surgió tras revelarse que, en el hallazgo de Salvatierra, donde se exhumaron 80 cuerpos, solo un caso ha logrado ser judicializado hasta la fecha.
Durante la conferencia matutina en Irapuato, la mandataria federal señaló la necesidad de una coordinación estrecha para procesar los restos acumulados.
“Tanto los gobiernos de los estados como el gobierno federal a través de las fiscalías o los tribunales de justicia… tienen que trabajar conjuntamente para la identificación de restos”, afirmó.
Sheinbaum Pardo subrayó que la ley mandata un control estricto sobre los servicios periciales para abatir el olvido institucional.
“El objetivo es fortalecer esta situación a través de identificaciones genéticas… es obligación pues actualizar todos los registros forenses”, puntualizó sobre las tareas pendientes en materia de registros genéticos.
Por su parte, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo informó sobre los avances para dignificar a las víctimas con un memorial el predio de Rancho Nuevo.
“Estamos en el proceso de escrituración del terreno que adquiere el gobierno estatal para efecto de que podamos avanzar ya con este sitio de memoria”, explicó la mandataria.
García Muñoz Ledo aseguró que mantiene un canal de comunicación directo con las familias que buscan a sus seres desaparecidos.
“Justamente ayer sostuvimos una reunión… con los colectivos de búsqueda… estas reuniones las hacemos directamente conmigo… por lo menos dos al año”, detalló sobre su agenda de interlocución.
Mientras el estado gestiona el terreno, a nivel federal se diseña una nueva estrategia de localización nacional. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que actualmente trabajan en reglamentos y protocolos de búsqueda de la mano con las organizaciones civiles para garantizar que los nuevos mecanismos tengan impacto real.
El caso de Salvatierra, iniciado en 2020, sigue siendo una herida abierta marcada por la impunidad y la violencia, pues 80 cuerpos fueron encontrados y hasta la fecha 25 siguen sin ser identificados y sólo por uno hay un proceso judicial abierto.
Se trata del caso de Guadalupe Barajas Piña por el que el pasado miércoles 18 de febrero el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal solicitó la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para evitar la liberación de sus presuntos victimarios.