El poder no llegó: desaire institucional al gremio jurídico en Baja California, donde los tres poderes del estado le dan la espalda al derecho.
Tijuana, B.C.- Al calor de la reciente visita presidencial a la entidad junto con el gabinete de seguridad federal, el Colegio de Abogados “Emilio Rabasa” A.C. hizo público un posicionamiento que sintetiza el malestar creciente de amplios sectores sociales frente a la crisis de inseguridad que atraviesa Baja California. El documento, firmado por su presidente, Francisco Castro Trenti, denuncia una desconexión institucional con la sociedad y la ausencia de respuestas ante solicitudes formales de diálogo en materia de seguridad pública.
De acuerdo con el comunicado, el Colegio solicitó audiencia al Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con el objetivo de entregar datos duros que sostienen y evidencian el desbordamiento de la criminalidad y una impunidad que ronda el 99% en la entidad. La respuesta, señalan, nunca llegó.
Un reclamo que trasciende a los abogados y a la comunidad jurídica
El pronunciamiento no se limita a una queja gremial. Al contrario, se inserta en un clima de inconformidad transversal que recorre cámaras empresariales, organizaciones civiles, colectivos de búsqueda y asociaciones profesionales. En días recientes, estos sectores han reiterado denuncias por cobro de piso, extorsión sistemática y violencia de alto impacto que no distingue oficios ni trayectorias.
La comunidad jurídica ha sido particularmente golpeada. Abogados litigantes, docentes y operadores del sistema de justicia han figurado entre las víctimas de homicidios recientes, hechos que han encendido alertas por el riesgo directo al Estado de derecho. La violencia contra quienes ejercen y enseñan el derecho no solo intimida: erosiona la confianza en las instituciones encargadas de impartir justicia.
Fosas clandestinas y la herida abierta del Valle de Mexicali
A este escenario se suma la localización de fosas clandestinas en las últimas horas en el Valle de Mexicali, un hallazgo que profundiza la percepción de impunidad estructural. Para los colectivos de búsqueda y familiares de personas desaparecidas, cada excavación confirma una deuda histórica: verdad, justicia y reparación. Para la ciudadanía, es la constatación de que el control territorial del crimen organizado persiste.
El comunicado también subraya un episodio simbólico: la incomparecencia de la gobernadora del estado, del presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la presidenta del Congreso local o de representantes a la toma de protesta del Consejo Directivo 2025–2027 del Colegio, pese a haber sido invitados. En palabras del documento, fue un acto de cortesía política, no de pleitesía. La lectura que deja la ausencia, afirman, es clara: la distancia con la sociedad se normaliza.
“Nuestra voz no la habrán de callar”
El cierre del posicionamiento es contundente. El Colegio advierte que, aunque se “baje la cortina” institucional, la crítica pública continuará. Promete seguir señalando fallas, desaciertos, corruptelas y complicidades, y redoblar esfuerzos para restablecer el Estado de derecho como condición mínima de estabilidad y paz social. La frase final resuena como advertencia ética: “El silencio de los ‘inocentes’ en nada abona a ello.”
Un contexto que exige respuestas
La suma de homicidios de alto impacto, extorsiones, fosas clandestinas y ausencias políticas coloca a Baja California en un punto de inflexión. Más allá de estadísticas, la narrativa que emerge es la de una sociedad que exige interlocución real, estrategias verificables y resultados medibles. El mensaje del Colegio de Abogados “Emilio Rabasa” se convierte así en síntesis de un hartazgo que ya no acepta dilaciones.
En una entidad clave para la frontera y la economía nacional, la seguridad dejó de ser un discurso: es una urgencia cotidiana. Y, como advierten los miembros del Colegio de Abogados “Emilio Rabasa”, en voz de su presidente Francisco Castro Trenti: callar no es opción. Nw