La gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García Muñoz Ledo, señaló que la decisión sobre la despenalización del aborto en Guanajuato corresponderá exclusivamente al Congreso local, y aseguró que su administración será respetuosa de lo que determinen las y los legisladores.
La mandataria estatal afirmó que el Ejecutivo se mantendrá atento al proceso legislativo que se desarrolle en el ámbito local, sin intervenir en las resoluciones que adopte el Poder Legislativo.
El pasado 4 de diciembre del año pasado, el Congreso del Estado rechazó la despenalización del aborto, al archivar tres iniciativas que proponían eliminar este delito del Código Penal y suprimir de la Constitución local el reconocimiento de la vida desde la concepción, con 19 votos en contra.
“Habrá que ver las determinaciones que tome el Congreso, y seremos muy respetuosos de lo que ahí se decida”, expresó.
Las declaraciones se dan luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenara al Congreso de Guanajuato adecuar su marco legal para despenalizar el aborto, otorgando un plazo de 90 días hábiles para realizar las reformas correspondientes a la legislación estatal.
Cuestionada sobre su postura personal respecto al tema, más allá del mandato judicial, la gobernadora sostuvo que su prioridad es garantizar los derechos de las mujeres desde el ámbito gubernamental, sin invadir las atribuciones del Poder Legislativo.
“Más que una postura personal, se trata de garantizar desde el gobierno los derechos de todas las mujeres y que el Congreso haga lo que le corresponde”, concluyó.
En días pasados, la bancada de Morena presentó dos propuestas de reforma al Código Penal estatal relacionadas con la interrupción legal del embarazo; la primera fue impulsada de manera individual por la diputada María Eugenia García Oliveros, mientras que la segunda fue registrada de forma conjunta por las legisladoras Plásida Calzada Velázquez, Miriam Reyes Carmona, Hades Berenice Aguilar Castillo y Martha Edith Moreno Valencia. García Oliveros ha destacado dentro del grupo parlamentario por asumir posturas firmes y confrontativas, como ocurrió tras su remoción de la presidencia de la Comisión de Justicia, decisión que incluso buscó revertir mediante un procedimiento jurídico.