Durante 2025, la Dirección de Justicia Cívica del municipio de Aguascalientes registró alrededor de 150 amparos, de los cuales la gran mayoría estuvieron relacionados con detenciones derivadas del operativo alcoholímetro, informó el director del área, Moisés de Luna Martínez.
El funcionario explicó que estos recursos legales no anulan las sanciones administrativas, sino que únicamente permiten la liberación inmediata de la persona detenida mientras se resuelve el procedimiento legal.
“La mayor parte de los amparos son por alcoholímetro, aproximadamente fueron entre 150 durante el año”, señaló.
De Luna Martínez precisó que, en la práctica, la mayoría de quienes promueven un amparo no continúan con el proceso, por lo que los juicios suelen quedar sin efecto, aunque la multa de tránsito permanece vigente.
“El amparo genera la salida de la persona, pero la multa no se cancela; sigue vigente la sanción por conducir en estado de ebriedad”, puntualizó.
Finalmente, reconoció que interponer un amparo tras una detención por alcoholímetro puede ser una conducta irresponsable, aunque subrayó que se trata de un derecho constitucional.
“Sí es irresponsable, pero al final de cuentas es un derecho que queda a salvo de los ciudadanos, el amparo protege ante posibles violaciones a las garantías individuales”, concluyó.