De la necesidad a la extorsión: cuando pensionarse por invalidez se convierte en un negocio bancario

Adquirir una condición de discapacidad o una enfermedad que imposibilite continuar trabajando no solo representa un quiebre físico o médico en la vida de una persona. Es, ante todo, una fractura profunda en su estabilidad emocional, familiar y económica. La narrativa oficial suele romantizar la “protección social” que brinda el Estado a través de la seguridad social, pero en la práctica, especialmente bajo el esquema de la Ley del Seguro Social de 1997, esa protección se diluye hasta convertirse, en muchos casos, en una experiencia cercana a la extorsión institucionalizada.

Cuando una persona es dictaminada con invalidez para el trabajo, inicia un viacrucis que comienza en hospitales, consultorios, terapias de rehabilitación y, en no pocos casos, quirófanos. A ese desgaste físico se suma el impacto psicológico: la incertidumbre, el duelo por la pérdida de la vida laboral, el miedo al futuro. Pero hay una dimensión que suele ser invisibilizada y que, paradójicamente, es la más urgente: la económica. En cuestión de semanas, una familia puede pasar de una relativa estabilidad a una emergencia permanente. Esta situación se vuelve dramáticamente más aguda cuando quien adquiere la invalidez es el jefe o jefa de familia.

La historia que motiva estas líneas no es un caso aislado ni una exageración retórica. Es un hecho real, ocurrido recientemente en Aguascalientes, y que ilustra con crudeza lo que muchos legisladores se negaron a ver —o decidieron ignorar— cuando se discutió y aprobó la reforma de pensiones que dio origen a la Ley 97 del Seguro Social.

Dicha ley modificó de raíz el modelo solidario de pensiones previsto en la Ley de 1973. Bajo el nuevo esquema, la pensión por invalidez —al igual que la de cesantía o vejez— deja de ser responsabilidad directa y permanente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y pasa a depender de los ahorros individuales acumulados en una Afore, los cuales son administrados por una “casa pensionaria”, generalmente una institución bancaria o financiera privada. En teoría, el modelo es impecable desde una lógica neoliberal: el Estado se libera de la carga financiera, el sector privado administra los recursos y obtiene ganancias, y la persona pensionada recibe su pensión. Todos ganan. Al menos en el papel.

La realidad, sin embargo, es otra.

El caso es el de un joven trabajador diagnosticado hace cuatro años con insuficiencia renal crónica, una enfermedad devastadora que, además de comprometer seriamente la salud, limita de manera severa la capacidad laboral. El IMSS, siguiendo el procedimiento legal, le otorgó una pensión temporal por invalidez, figura contemplada en la Ley 97, mediante la cual el Instituto cubre íntegramente la pensión durante un periodo aproximado de dos años, con el objetivo de evaluar si la condición es reversible o permanente.

Hasta ahí, el sistema funcionó. Pero al concluir dicho periodo, y al iniciar el trámite para dictaminar una pensión permanente por invalidez, comenzó el verdadero calvario. El proceso fue lento, tortuoso, burocrático. Más de dos meses de espera para obtener una resolución. Dos meses sin ingresos. Dos meses en los que no hubo pensión, pero sí renta, comida, medicamentos, transporte y responsabilidades familiares. Dos meses en los que la ley simplemente guardó silencio frente a la urgencia de la vida cotidiana.

Finalmente, el IMSS emitió el dictamen de pensión permanente. Y entonces vino el siguiente paso: elegir una casa pensionaria. Porque bajo la Ley 97, la pensión ya no se “otorga”; se “compra”. Literalmente. El propio personal del Seguro Social lo explica así en ventanilla: usted debe elegir con qué banco o institución financiera quiere adquirir su pensión. Algunas incluso ofrecen “bonos” para hacer más atractiva su oferta, en una lógica de mercado que raya en lo absurdo cuando hablamos de personas con discapacidad, enfermas, empobrecidas y desesperadas.

El joven eligió una institución bancaria. El trámite, le dijeron, tardaría diez días. No fue así. Pasaron semanas. Luego un mes. Después, otro más. La explicación era siempre la misma: “el Seguro Social no ha entregado los papeles”. Una excusa anacrónica en plena era digital, donde los expedientes podrían transferirse en segundos. Pero la demora no parecía ser un error administrativo, sino parte del diseño.

Cuando por fin fue citado para firmar el contrato, después de casi tres meses sin recibir un solo peso de su pensión, ocurrió lo inadmisible. La empleada bancaria, con total naturalidad, le informó que si quería que su pensión comenzara a pagarse de inmediato, debía contratar un crédito con la institución. De lo contrario, el depósito de su pensión podría tardar hasta siete meses más.

Siete meses.

Para un padre de familia con dos hijos pequeños. Para una persona con una enfermedad crónica. Para alguien que, por ley, ya fue reconocido como inválido para trabajar.

Eso no es una “oferta financiera”. Eso es extorsión. Es aprovecharse de la necesidad extrema para imponer un producto que genera ganancias al banco y costos adicionales al pensionado. Es convertir un derecho social en un instrumento de mercadotecnia. Es la expresión más cruda de un capitalismo deshumanizado que no distingue entre clientes y víctimas.

Datos del propio sistema de ahorro para el retiro indican que más del 90 % de las pensiones bajo la Ley 97 son administradas por aseguradoras y bancos privados. Al mismo tiempo, diversos estudios han documentado que las pensiones otorgadas bajo este esquema pueden ser hasta 40 % menores que las del régimen anterior. A ello se suma la opacidad, la falta de regulación efectiva y la ausencia de mecanismos reales de defensa para las personas pensionadas.

La pregunta es inevitable: ¿dónde está el Estado? ¿Dónde están los legisladores que aprobaron este modelo? ¿Dónde están las autoridades financieras que permiten estas prácticas? Porque lo que hoy vemos no es una falla del sistema: es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado, priorizando la ganancia sobre la dignidad humana.

La discapacidad y la invalidez no pueden seguir siendo terreno fértil para el abuso. Una pensión no es un favor, no es un producto, no es una oportunidad de negocio. Es un derecho adquirido. Mientras no se entienda así, seguiremos permitiendo que la necesidad se convierta en extorsión y que la justicia social sea sustituida por contratos bancarios.

Hablar de discapacidad también es hablar de poder, de economía y de decisiones políticas. Y hoy, esa conversación es más urgente que nunca.