El secretario de Gobierno de Guanajuato, Jorge Jiménez Lona, confirmó que el centro de rehabilitación “Los Marginados” donde se registró un ataque armado el pasado sábado en San Felipe, con saldo de dos personas muertas, no contaba con autorización municipal, uso de suelo ni permisos en materia de salud.
“El centro no tenía autorización municipal. Hablé con la alcaldesa y me comentó que no contaba con las autorizaciones correspondientes, ni uso de suelo; en el tema de salud tampoco había información”, declaró el funcionario estatal.
Tras el ataque, la Fiscalía General del Estado realiza las investigaciones para dar con los responsables, mientras que los heridos se reportan estables y reciben atención médica. Jiménez Lona precisó que la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas también fue notificada para brindar acompañamiento.
El secretario advirtió que este caso refleja una problemática estructural en Guanajuato relacionada con la operación de anexos clandestinos, los cuales se caracterizan por su alta movilidad para evadir inspecciones y clausuras.
“Cuando llegas a revisar o clausurar, ya se cambiaron a otra casa. Es una manera de operar muy fácil para estos clandestinos, moverse de manera inmediata”, explicó.
Incluso, señaló que algunos de estos espacios funcionan como pantalla para actividades ilícitas, por lo que es necesario que los municipios agilicen las revisiones.
“Hemos detectado que algunos se presentan como anexos y no lo son; incluso hemos encontrado mercancía robada en estos lugares”, alertó.
Jiménez Lona detalló que, durante operativos de supervisión y búsqueda de personas, se inspeccionaron 304 anexos registrados, logrando localizar a 12 personas con reporte de desaparición, lo que evidencia el riesgo que representan los centros no regulados.
“El mayor problema no está en los anexos que trabajan bien o están dados de alta, sino en los que no están registrados, que se cambian periódicamente y operan en casas habitación”, afirmó.
Ante esta situación, el Gobierno del Estado impulsa una estrategia de regularización, reconociendo que existe una crisis de salud pública y una necesidad real del servicio. Para ello, se cuenta con una bolsa de 140 millones de pesos del programa “Tocando Corazones”, a cargo de la Secretaría del Nuevo Comienzo, destinada a apoyar a estos espacios en su proceso de formalización.
“No podemos llegar y clausurarlos todos porque hay una necesidad del servicio. Lo que necesitamos es que operan con reglas claras, permisos municipales y condiciones de seguridad”, subrayó.
Finalmente, el secretario llamó a los municipios y a la ciudadanía a verificar que los centros de rehabilitación cuenten con autorización, uso de suelo y avisos de funcionamiento, al tiempo que reiteró que continuarán las inspecciones conjuntas con autoridades estatales y federales.