La explicación de la legisladora morenista no convence a la oposición ni al empresariado, que reclaman investigaciones formales y rendición de cuentas
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The legislator’s explanation fails to convince the opposition and business leaders, who call for formal investigations and full accountability
Por Redacción | Nw Noticias- información y análisis
Mexicali, Baja California.- La detección de 800 mil pesos en efectivo en un vehículo vinculado a una diputada local de Baja California, durante su intento de cruce a Estados Unidos por la garita internacional de Calexico, ha escalado rápidamente de un incidente administrativo a un tema de alto impacto político e institucional, al sumar cuestionamientos de la oposición y del sector empresarial.
Del cruce fronterizo a la controversia pública
El hecho ocurrió la tarde del 5 de enero de 2026, cuando autoridades estadounidenses localizaron la suma de dinero durante una inspección vehicular de rutina. Al no haber sido declarados conforme a la normativa vigente, tanto la Diputada como el vehículo fueron retenidos por la autoridad de la patrulla fronteriza de Estados Unidos y los recursos quedaron sujetos a revisión administrativa.
Horas más tarde, la diputada Alejandra María Ang Hernández sostuvo que el dinero correspondía a ahorros personales y que su presencia en el vehículo había sido un descuido. Sin embargo, la versión generó dudas inmediatas entre actores políticos y sociales.
La postura del PAN: exigir investigación, no explicaciones informales
El Partido Acción Nacional (PAN) en Baja California calificó la explicación como insuficiente, al considerar que la magnitud del monto rebasa cualquier margen razonable de error. Dirigentes del partido señalaron que el caso debe ser analizado por las autoridades competentes para determinar el origen lícito del dinero y posibles responsabilidades administrativas o legales.
Para Acción Nacional, el episodio no puede resolverse con declaraciones públicas, sino mediante investigaciones formales y verificables, subrayando que ningún servidor público está exento de rendición de cuentas, especialmente quienes ocupan cargos vinculados a la fiscalización y el control del gasto.
El mensaje del empresariado: “el dinero no se olvida, se explica”
El caso también provocó una reacción directa del sector productivo. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Mexicali, Octavio Sandoval López, sostuvo que transportar una suma de esa magnitud no puede atribuirse a un simple olvido.
Desde la capital del estado, el dirigente empresarial afirmó que la transparencia es una obligación ineludible en el servicio público y que las explicaciones deben ser claras, documentadas y congruentes. A su juicio, el manejo de grandes cantidades de efectivo fuera del sistema financiero formal contradice los estándares de control que se exigen tanto a empresarios como a funcionarios.
Más que un caso individual
Más allá de la situación particular de la diputada, el episodio ha reabierto el debate sobre los mecanismos de control patrimonial, la ética en el ejercicio del poder y la fragilidad de la confianza ciudadana en las instituciones públicas.
Mientras la oposición insiste en que se esclarezca el origen del dinero y el sector empresarial exige certidumbre, el caso se consolida como un nuevo foco de tensión política en Baja California, donde la transparencia se ha convertido en una demanda social cada vez más urgente. Nw.
PAN and Business Sector Demand Clarification Over 800,000 Pesos Case at the Border
The legislator’s explanation fails to convince the opposition and business leaders, who call for formal investigations and full accountability
By Nw Baja California Staff
Mexicali, Baja California.-The discovery of 800,000 pesos in cash inside a vehicle linked to a Baja California state lawmaker during her attempt to cross into the United States through the Calexico port of entry has rapidly evolved from an administrative incident into a high-impact political and institutional controversy, drawing criticism from opposition parties and the business community.
From a border crossing to public scrutiny
The incident took place on January 5, 2026, when U.S. authorities detected the cash during a routine vehicle inspection. Because the funds were not declared as required, they were subjected to administrative review.
Hours later, lawmaker Alejandra María Ang Hernández stated that the money represented personal savings and that she had forgotten it was in the vehicle. The explanation, however, immediately raised doubts among political and civic actors.
PAN’s stance: investigation over informal explanations
The National Action Party (PAN) in Baja California described the explanation as inadequate, arguing that the size of the sum exceeds any reasonable margin for error. Party leaders called on authorities to formally investigate the origin of the funds and determine whether administrative or legal liabilities exist.
According to PAN, the matter cannot be settled through public statements alone but requires transparent and verifiable investigations, emphasizing that no public official is exempt from accountability—particularly those involved in oversight and fiscal control.
Business leaders weigh in: “Money isn’t forgotten, it must be explained”
The private sector also responded forcefully. Octavio Sandoval López, president of the Mexicali Business Coordinating Council, stated that transporting such a large amount of cash cannot reasonably be dismissed as an oversight.
Speaking from the state capital, Sandoval argued that transparency is a non-negotiable obligation in public service and that explanations must be clear, documented, and consistent. He added that handling large sums of cash outside formal financial channels contradicts the standards imposed on both businesses and public officials.
Beyond an individual case
Beyond the personal responsibility of the lawmaker involved, the incident has reignited debate over asset-control mechanisms, ethical standards in public office, and the erosion of public trust in institutions.
As the opposition presses for clarity and the business sector demands certainty, the case has become a new flashpoint in Baja California’s political landscape—where transparency is increasingly viewed not as a choice, but as a public imperative Nw.