Diputados panistas mantienen postura contra el aborto frente a nuevo dictamen de la SCJN

El diputado local del Partido Acción Nacional (PAN) por el distrito VIII de Aguascalientes, Adán Valdivia López, reafirmó su postura en contra de la interrupción legal del embarazo, de cara a la próxima discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), relacionada con el plazo legal para la práctica del aborto, reducido a seis semanas de gestación desde hace más de un año.

En entrevista colectiva, el legislador recordó que, previamente, cuando la SCJN declaró inconstitucional el tipo penal del aborto voluntario en Aguascalientes y ordenó al Congreso local eliminar los artículos que lo sancionaban, la bancada panista tuvo que acatar la resolución, aun cuando —dijo— iba en contra de su convicción.

“Nosotros siempre hemos sido muy responsables y mostramos nuestra molestia respecto a que la Suprema Corte nos obligó a legislarlo. En próximos días vamos a tener una vez más esta situación; en lo particular estoy en contra y, si no restringen nuestra voluntad, estaré a favor de la vida” subrayó.

No obstante, y pese a lo que pudiera dictaminar la Corte en los próximos días, Valdivia López subrayó que buscarán mecanismos para que la práctica del aborto continúe restringida, aun cuando actualmente se realiza en hospitales públicos a cargo del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA), tras los criterios emitidos por la SCJN.

“Desde la vez pasada fuimos forzados, no se nos preguntó, no nos dieron oportunidad de manifestar ni de poder respetar la voluntad de nuestros distritos y de las personas que nos apoyaron y nos lo pidieron. En lo particular, veré la manera de asistir y votar a favor de la vida” reiteró. 

Finalmente, el legislador panista condenó la presunta represión policial que vivieron grupos provida el pasado domingo, luego de que autoridades retiraran 92 lápidas simbólicas colocadas en el centro de la ciudad, las cuales representaban el número de abortos practicados en Aguascalientes durante los últimos dos años, desde que se eliminó su criminalización por mandato judicial.