Solo dos de los 21 procedimientos administrativos iniciados en los últimos cuatro años por contralorías estatal y municipales de Aguascalientes contra servidores públicos han sido resultado de auditorías practicadas a dependencias gubernamentales.
Información entregada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) vía ley de transparencia indica que 14 de los procedimientos iniciaron por denuncias de otros servidores públicos, tres por denuncias ciudadanas y dos más por incumplimiento de los funcionarios su obligación de prestar declaración patrimonial.
Los procedimientos administrativos derivados de auditorías gubernamentales iniciaron en 2014 y concluyeron en 2015 con la inhabilitación de dos funcionarios, por 10 años cada uno. Los sancionados habrían incurrido en “negligencia administrativa” y no podrían ejercer el servicio público hasta octubre de 2025.
Sin embargo, las sanciones administrativas (incluida la inhabilitación) pueden ser impugnadas ante autoridades judiciales, por lo que las resoluciones incluidas en la lista no necesariamente son definitivas.
De acuerdo con el listado de la SFP, la negligencia administrativa es la falta más recurrente por la que las contralorías han inhabilitado a funcionarios. De los 17 servidores públicos involucrados en los procedimientos administrativos, 10 fueron sancionados por esa causa.
Otros dos funcionarios, sancionados por una contraloría municipal, fueron inhabilitados hasta 2026 por abuso de autoridad y tres más -inhabilitados este año- fueron sancionados por incumplir con su declaración patrimonial.
En total, los servidores públicos que aparecen en la lista de la SFP suman 184 años de inhabilitaciones. Esta lista solo incluye los procedimientos administrativos que ya han concluido en las contralorías, pero no los que están en curso.