La medición de incidencia delictiva en Aguascalientes podría registrar niveles más altos en los próximos meses no porque se cometan más delitos, sino porque ha aumentado la cultura de denuncia.
Así lo prevé el fiscal René Urrutia, quien insiste en que, salvo el caso de los homicidios, el número de denuncias no equivale al número real de delitos.
“No es lo mismo denunciativo que delictivo. Lamentablemente, el índice delictivo se mide por las denuncias exclusivamente, entonces se equipara conceptualmente; sin embargo no es lo mismo”, insistió.
De acuerdo con el reporte más reciente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en octubre Aguascalientes rompió récord en carpetas de investigación iniciadas por robos, principalmente asaltos.
El fiscal atribuyó esa alza, en parte, a la estrategia de atención implementada en la Fiscalía General.
“Sí claro (que veríamos incremento) (…) En materia de robos, que es lo que más aqueja en materia de delincuencia común, claro que tenemos esta problemática. Claro que ha venido incrementándose porque además hemos dejado de recibir estos reportes de noticia criminal, donde no dábamos inicio a las carpetas (…) que no era lo correcto. Era un engaño a la población”, afirmó.
De forma paralela al Sistema Nacional de Seguridad, el INEGI mide la incidencia delictiva y la cifra negra. Es decir, la proporción de delitos que s cometen, pero no se denuncian o investigan. Su Encuesta de Victimización y Percepción de Inseguridad estimó que en 2016, en el estado se denunciaban 11 por ciento de los delitos que ocurrían y solo el 7 por ciento se investigaba.
Avanzan investigaciones por maltrato en cendi
Por otro lado, Urrutia afirmó que la Fiscalía General tiene elementos para fincar responsabilidad penal a personal del centro de desarrollo infantil Kyngo, que ha sido denunciado tanto por la delegación estatal del IMSS como por padres de familia de los menores que aparentemente recibieron agresiones físicas por parte de trabajadoras del lugar.
“Claro que podemos hablar de maltrato. No sé si contra las siete (trabajadoras del cendi) pudiera haber una responsabilidad de tipo penal o pudiéramos nosotros fincar alguna formulación de imputación en materia penal, pero sí tenemos ese número de maestras o de personal administrativo incluso de la guardería, involucrado con alguna situación que pudiera no ser correcta”, indicó el fiscal.
El Ministerio Público, dijo, ha hecho dictámenes psicológicos y pedagógicos. Ahora, se analiza si eventualmente se buscará un solo juicio o se procederá contra cada trabajadora de forma individual.
“Eso es parte de la estrategia que definiremos una vez que terminemos de integrar la carpeta de investigación”, apuntó.