El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio quimioterapia a un niño de dos años y cinco meses sin tener un diagnóstico certero. Los servidores públicos del Hospital General Zona 26, en Coatzacoalcos, Veracruz, no realizaron los estudios clínicos correspondientes para confirmar el diagnóstico.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) obtuvo evidencias suficientes que integran el expediente CNDH/5/2013/7600/Q y determinó que los funcionarios vulneraron el principio del Interés Superior de la Niñez.
Mediante queja se conoció que el 25 de febrero de 2012, una mujer acudió al servicio de urgencias de dicho hospital porque su hijo presentaba fiebre, gripa y dolores musculares. Al ingresar se le realizaron estudios paraclínicos que indicaron que el paciente presentaba anemia y disminución de plaquetas, por lo que ameritaba ser valorado por el servicio de Hematología.
El 3 de marzo siguiente el niño fue dado de alta sin corroborar los resultados de los estudios de laboratorio posteriores a la quimioterapia y sin prever los efectos secundarios inherentes a la misma, por lo que, al recaer, el 6 de marzo, la madre lo llevó al Hospital Regional de Villahermosa, Tabasco, donde se determinó que el infante presentaba malas condiciones generales y falleció al día siguiente por paro cardiorrespiratorio.
Para la CNDH, antes de establecer tratamiento oncológico, el médico debió confirmar el diagnóstico con análisis complementarios, o en su defecto enviarlo a otra unidad médica del sector con mayor capacidad resolutiva para otorgar medicación de mantenimiento y regularizar las condiciones hematológicas. Al no existir diagnóstico certero, se incurrió en negligencia médica.
Por este caso y el de dos mujeresa quienes se vulneraron sus derechos de protección a la salud por violencia obstétrica e inadecuada atención médica, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió tres recomendaciones dirigidas al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Mikel Arriola Peñalosa.
En cuanto a los otros casos, en los que también fallecieron los bebés, el organismo acreditó vulneración de los derechos de protección de la salud, violencia obstétrica e inadecuada atención médica a las agraviadas, y en ambos casos violación al derecho a la vida de los recién nacidos.
La CNDH recibió la queja de una mujer el 27 de septiembre de 2016, quien mencionó que el 3 de enero de ese año acudió al Hospital de Gineco-Pediatría 3-A de la Ciudad de México, por presentar dolores abdominal y de cabeza. Fue atendida por un médico que le realizó un ultrasonido y le indicó que su bebé estaba bien, pero debía ser internada para iniciar la inducción del parto; sin embargo, dicha inducción resultó inadecuada y aumentó el riesgo de complicaciones y los índices de morbimortalidad materno-perinatal.
Además la Comisión constató que de manera innecesaria e injustificada, personal médico del nosocomio realizó siete tactos vaginales durante el trabajo de parto; aunado a ello, V1 fue víctima de expresiones inapropiadas, así como trato descortés consistente en gritos y regaños, cuestiones que constituyeron violencia obstétrica.
Finalmente, la inducción del parto fue detenida y horas después se le realizó una cesárea a la víctima. El 5 de enero le informaron que la recién nacida sería llevada a los cuneros por complicaciones respiratorias, donde sufrió un paro cardiaco y falleció.
En el otro caso, la derechohabiente de 36 años acudió el 3 de abril de 2016 al Hospital General Zona 194, en Naucalpan, Estado de México, donde los médicos decidieron realizarle una cesárea, tras la cual la recién nacida tuvo complicaciones de salud que derivaron en su fallecimiento.
La CNDH determinó que los médicos que la atendieron durante su control prenatal en el HGZ 194 en el Estado de México y en el Hospital General Zona 2-A Troncoso, en la Ciudad de México, omitieron realizar estudios complementarios, no proporcionaron a la paciente indicaciones o tratamientos clínicos correspondientes, y no la remitieron oportunamente al Servicio de Nutrición, lo cual expuso la vida de la madre e hijo, por los síntomas de embarazo de alto riesgo que presentaba.
Por esos tres casos, la CNDH recomendó al director general del IMSS reparar los daños a las respectivas madres y padres de los menores de edad, que incluyan indemnización, atención médica y psicológica, y se envíen a la Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.
Además, en colaboración con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), se inscriba a los agraviados en el Registro Nacional de Víctimas para que tengan acceso, en lo conducente, al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.