Una gotera de dinero público equivalente a 551 mil pesos diarios se convirtió un al fuga de 33.6 millones de pesos en el Instituto del Agua de Aguascalientes (Inagua), durante los últimos dos meses del gobierno que encabezó de Carlos Lozano de la Torre.
Solo en octubre y noviembre de 2016, el organismo malgastó esos recursos en pagos en exceso por obras y servicios, contrató trabajos de los que no existe prueba que se hayan realizado y adjudicó un contrato que debió licitar, de acuerdo con un informe de auditoría del Órgano Superior de Fiscalización de Aguascalientes (Osfags).
El monto de las irregularidades detectadas equivale al 38 por ciento del presupuesto que el Instituto recibió en 2016, de 89.9 millones de pesos.
Por ejemplo, el Instituto adjudicó directamente un contrato de 25.2 millones de pesos para realizar obras “extraordinarias” en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Villas de Nuestra Señora de la Asunción.
De esa obra, el organismo hizo dos pagos por 23.9 millones de pesos, sin demostrar con documentos que los trabajos se hubieran realizado. Además la contratación de la obra fue ilegal, pues por ley todos los contratos superiores a 1 millón 119 mil 400 pesos deben ser licitados entre varias empresas concursantes.
Las observaciones que el Osfags hizo a la Planta Tratadora de Villas de Nuestra Señora se repitieron en dos auditorías más, según reconoció el propio Instituto.
“La citada obra está en dentro de una auditoría practicada por la Secretaría Fiscalización y Rendición de Cuentas (…) y bajo auditoría de la Secretaría de la Función Pública en forma conjunta con la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas (…), y en ambas hemos tenido una observación de requerimiento de recursos al contratista. En cuanto se defina la situación con la empresa veremos la procedencia de actuar a este respecto”, respondió el Inagua al Órgano Superior.
Newsweek Aguascalientespublicó el mes pasado que la Secretaría de la Función Pública revisó 33 contratos otorgados por el Instituto del Agua en 2013 y 2015.
Según el informe del Ofags, el Inagua también pagó 3.7 millones de pesos por el Servicio de de Laboratorio Externo para Análisis Residual certificado. Injustificadamente, publicó la licitación un día antes de que la autorizara su Dirección Jurídica y obligó a los licitantes a asistir a la junta de aclaraciones, aunque la ley marca que no es obligatorio acudir.
Además, no comprobó haber recibido del proveedor la garantía equivalente al 10 por ciento del monto contratado y no indicó si el contrato, que concluyó este año, también afectaría el presupuesto 2017.
Otros 220 mil pesos observados por los auditores fueron pagados por un software que no funcionó. El programa fue entregado con dos meses de retraso y sin embargo el Inagua no descontó al proveedor, Francisco Javiera Araiza Méndez, los pagos por retrasos ni hizo nada para resolver las deficiencias que presentaba.
El resto de las irregularidades, por 5.6 millones de pesos, corresponden a pagos por costos indirectos de obra -veladores, bodegas, entre otros- de los que no se entregó respaldo documental.
Los más de 33 millones de pesos deberá resarcirse a las arcas del Instituto o incluso a la Tesorería de la Federación, por tratarse de recursos de origen federal.