La nueva Ley de Transporte en el estado de Puebla entró en vigor este martes, cuyo funcionamiento obliga a las empresas de transporte privado en plataformas como Uber a acatar nuevas reglas para operar.
El servicio de Uber en la entidad entró en un controvertido escándalo, luego del asalto y asesinato de la universitaria Mariana Fuentes a manos de cuatro sujetos, entre ellos un chofer de la empresa en octubre pasado. Sin embargo, el gobierno que encabeza el panista Antonio Gali no canceló sus servicios y para contrarrestar el hecho presentó ante el Congreso estatal una iniciativa que incluye distintos mecanismos de seguridad.
En medio de la controversia, la empresa Uber impidió que el gobierno poblano tenga acceso a sus datos en tiempo real, que sus conductores no trabajen con licencia mercantil e incluso que no quedara expresamente prohibido el cobro en efectivo.
Los legisladores locales aprobaran recientemente con 32 votos a favor, 2 en contra y una abstención los nuevos lineamientos que pretenden dar mayor seguridad a los usuarios de este servicio.
Esta ley obliga a los conductores de las compañías que prestan el servicio de transporte ejecutivo a tener sus datos actualizados ante la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes (SIMT) cada mes.
Dos días después de que se aprobó la nueva ley, esta empresa extranjera dio a conocer en un boletín de prensa cambios en su declaración de privacidad que incluye que los clientes pueden solicitar información sobre sus viajes durante los dos años en el que serán resguardados.
Los hechos violentos cometidos por conductores de este tipo de servicio no son exclusivos de Uber, pues en septiembre pasado la joven Mara Castilla fue violada y asesinada presuntamente por un chofer de la empresa Cabify, lo que derivó en la cancelación del registro en Puebla.
Después de ambos asesinatos, el gobierno poblano incluyó en las disposiciones un botón de alerta en la aplicación, para que los usuarios avisen a la firma y un familiar que se sienten en peligro.
Los exámenes y la información que presenten los conductores, así como el padrón de los mismos no serán públicos, ya que serán manejados por las propias compañías como actualmente ocurre.