Las Asociaciones Público-Privadas (APP) son contratos complejos entre un gobierno y empresas privadas para lograr lo que ninguno de los dos podría hacer por separado.
Sin embargo, el Banco Mundial reporta que hay intentos de APP que han resultado en fracaso por falta de transparencia y débiles esquemas de gobernanza o participación ciudadana.
Dado que el gobierno atiende muchas funciones, es difícil que desarrolle por sí solo proyectos de infraestructura que se hagan de forma correcta y eficiente. Las APP han servido para construir puentes, carreteras, aeropuertos, acueductos, entre muchas otras obras, mejorando el nivel de vida de los habitantes de una región.
En teoría, las APP pueden ayudar a que el objetivo se logre con mayor eficiencia y eficacia, enfocándose en la satisfacción del usuario y dando mantenimiento al ciclo de vida de la inversión. El costo es que para atraer inversión, una APP debe de recuperar la inversión en el proyecto y obtener una ganancia.
Si bien Baja California tiene restricciones en el acceso al agua ya que dependemos del suministro del Río Colorado de Estados Unidos, el gobierno autoriza la instalación de una empresa cervecera para utilizar millones de litros cúbicos de agua para producir cerveza.
Primer pregunta: ¿Por qué el gobierno del estado justifica una APP para construir dos desalinizadoras por una parte reconociendo que el agua no es suficiente, pero por otra parte permite la instalación de la empresa cervecera que agudizará el problema?
De lo anterior se derivan más preguntas, ya que se está hablando de que para que se lleven a cabo estas obras a través de APP, el gobierno se compromete a comprar el agua a un consorcio por 37 años a razón de 149 millones de pesos mensuales, lo que equivale a más de 1,788 millones de pesos al año, o casi 70 mil millones de pesos durante todo el periodo.
Si esto sucede, el nivel de endeudamiento que el gobierno adquiriría (ante un contrato forzoso de compra) sería inaudito y al final de cuentas lo terminaremos pagando los bajacalifornianos.
De acuerdo con la información disponible, para que las plantas desalinizadoras sean viables deberán alcanzar una producción de 4.4 metros cúbicos por segundo.
Esa cantidad es cuatro veces más de la que necesitamos.
¿Qué van a hacer con el excedente de agua?, ¿lo van a exportar a California? Si es así, ¿por qué tenemos que pagar los bajacalifornianos toda la inversión?
Siguiendo con los cuestionamientos: ¿cuánto va a pagar por metro cúbico la empresa cervecera Constellation Brands? Según las Comisiones Estatales de Servicios Públicos, el agua cuesta más para uso industrial que para uso residencial.
¿Cuánto vamos a pagar los tijuanenses y ensenadenses por el agua una vez que la Comisión Estatal de Servicios Públicos empiece a pagar al consorcio 149 millones de pesos al mes?
Estas son solo algunas preguntas que el gobernador Francisco Vega y su grupo de asesores tienen que aclarar, porque a como van las cosas, las APP se están utilizando para subsidiar la inversión privada con recursos públicos y privatizar el agua y las ganancias.
La ciudadanía debe de exigir transparencia y rendición de cuentas a los diputados locales que los representan, porque al fin de cuentas serán ellos quienes autoricen este jugoso negocio del agua.
¿Qué opina la oposición política al respecto?, ¿existe?, ¿y el sector empresarial?Solo Canacintra Ensenada se ha manifestado al respecto al momento de escribir estas líneas, señalando que la propuesta de la desalinizadora es opaca, por decir lo menos.
Dicho de otra forma, como suele ocurrir en México, las APP son el instrumento perfecto para “socializar las pérdidas y privatizar las ganancias”.
* El autor es profesor-investigador de la Universidad Autónoma de Baja California y Fundador del Clúster de Bioeconomía de Baja California.