Ningún doctor le recomendaría una dieta rica en azúcares a un diabético, así como no le sugeriría beber cerveza en lugar de whisky, a un alcohólico.
Pero en Baja California, el Sistema Estatal Penitenciario vende cigarros en los Centros de Reinserción Social (Ceresos) a una población de internos que lucha contra las adicciones.
La autoridad dice que vende cigarrillos para ayudar a los internos a sobrellevar la ansiedad que les provoca dejar otras drogas, y que no lo hacen por negocio, pero obtienen utilidades de hasta un 64%.
El problema es que ningún funcionario sabe en qué se reinvierte ese dinero.
David Limón Grijalva, Subsecretario del Sistema Estatal Penitenciario (SSEP), dice que el dinero se envía a la Secretaria de Planeación y Finanzas y que ellos deciden qué uso darle.
Pero Nolberto González, Director de Ingresos en esa secretaría, dice que él solo registra y recauda el ingreso, aunque desconoce en qué se gasta.
La ruta del dinero por la venta de cigarros es esta.
El Sistema Estatal Penitenciario deposita el dinero en una cuenta del gobierno y Nolberto González verifica que esa cantidad haya ingresado.
La cuestión es que en esas cuentas se deposita todo el dinero de la venta de productos de las Unidades de Abastecimiento y Nolberto no sabe de qué artículos se generó el ingreso.
Una unidad de abastecimiento es una tienda operada por el gobierno dentro de las cárceles que venden frituras, refrescos, champú y tarjetas telefónicas, entre otros productos, incluyendo cigarros.
Carlos Padilla Terán, Coordinador Administrativo del Sistema Estatal Penitenciario, explica que el ingreso de los Ceresos no se desglosa por productos, porque el SSEP considera los depósitos que reciben de familiares de los internos, de forma indistinta.
Ese dinero se deposita en una cuenta bancaria del gobierno del Estado y el Sistema Estatal Penitenciario le pierde el rastro.
Así, cuando las dependencias presentan su presupuesto de egresos, el Congreso del Estado revisa, ajusta y autoriza sin saber exactamente dónde fueron a parar las utilidades de los Ceresos.
Este es un problema de administración de recursos, de salud pública y de tráfico dentro de las prisiones.
Dentro de los Ceresos, el cigarro es moneda de cambio.
El 74% de la población de internos en Baja California, compra cigarros, según el IPEBC.
“El cigarro es dinero dentro. Puedes intercambiar”, dice Giovanni Pérez, un liberado que estuvo preso de 2012 a 2015 en el Cereso de La Mesa en Tijuana.
Giovanni no fuma, pero compraba cigarros para venderlos a cambio alguna tarea. El daba un cigarro, y otro lavaba su ropa, limpiaba su celda o hacía fila por él para cortarse el cabello.
—¿Y los internos prefieren cigarros que por ejemplo, comida?, se le pregunta.
—Sí. La verdad sí. Medio cigarro es un pan, responde.
Recuerda también que algunos internos compraban para almacenar y esperar a que hubiera escasez. Luego los revendían por productos cuyo valor superara al de los cigarros.
En prisión, quien tiene cigarros, tiene poder.
Daniel de la Rosa Anaya, Secretario de Seguridad Pública en Baja California lo admite, pero rechaza que siga pasando con la misma frecuencia.
En 2016, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) calificó con 10 las condiciones de gobernabilidad, a través del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria.
“El cigarro es dinero dentro”, dice Giovanni Pérez, un liberado que estuvo en el Cereso de La Mesa en Tijuana entre 2012 y 2015. Por eso quien tiene cigarros tiene poder.
Pero la liberada Viviana no está de acuerdo.
Ella pidió usar un seudónimo para evitar ser discriminada por su testimonio.
Salió de prisión en 2016 y asegura que la extorsión entre internas continuó por lo menos hasta el día en que fue liberada.
“Siempre se encuentra una manera, ¿me entiendes? Si ya no hay cigarros hay que buscar otra cosa que no sea tan comercial y que nos sirva para intercambiar”, dice.
Y así ha sucedido para ellas, pero la venta se mantiene en las áreas masculinas de cuatro Ceresos.
Si el fin es rehabilitar a los internos, especialistas de la salud dicen que reemplazar una adicción con otra, simplemente no funciona.
Todo lo contrario. Complica el proceso de rehabilitación porque aumenta la tolerancia del adicto y su dependencia se redirige, pero persiste.
Si el propósito de venderles cigarros es calmar su ansiedad, entonces la estrategia no es congruente, opina la doctora Deborah Figueroa, especialista en Medicina Integrada, adicciones y problemas de salud mental.
Y en esto coincide la psicóloga Priscilla Madrigal, quien ha visto que la ansiedad, lejos de mejorar, cobra fuerza.
Ninguna persona necesita fumar del modo que necesita beber agua o consumir alimentos.
Además de la ansiedad que provoca, el humo del tabaco tiene al menos 70 sustancias químicas que han sido señaladas como cancerígenas, por la Asociación Americana del Cáncer, y que además son capaces de provocar complicaciones cardíacas y respiratorias.
En México, el cáncer de pulmón es la segunda causa de muerte por tumores malignos más común en hombres, y la octava en mujeres, siendo una enfermedad que se atribuye al tabaquismo, según el Instituto Nacional de Cancerología.
Pero al cuestionar cuál es la razón para que vendan cigarros, las autoridades del sistema penitenciario y de salud responden similar: para no retirar “de golpe”, sino gradualmente, un producto al cual los internos están acostumbrados.
También argumentan el tema de seguridad.
“Empieza la ansiedad y el disturbio”, dice Limón Grijalva, sobre la posibilidad de retirarles este producto.
Tranquilizarlos a través del cigarro solamente disfraza el problema, dice la doctora Deborah Figueroa.
Ella sugiere grupos de ayuda y terapias individuales que integren medicina y psicología, y brinden acompañamiento durante la abstinencia.
Un Cereso debe facilitar que los internos sean capaces de reincorporarse a la sociedad, una vez que cumplan su sentencia.
La Secretaría de Seguridad Pública de Baja California, en su Modelo Estratégico del Sistema de Reinserción Social, establece como objetivo específico de los Ceresos propiciar que el interno desarrolle hábitos para conservar una adecuada salud mental y física.
Aunque el gobierno estatal procura la salud en su discurso, e invierte millones de pesos en rehabilitar a quienes sufren de adicciones, violan su propio compromiso en aras de comerciar con una adicción.
El Coordinador Administrativo de las Unidades de Abastecimiento dice que gastan un promedio de 20 millones de pesos al año en cajetillas marca Marlboro y Delicados, que después distribuyen a cuatro Ceresos.
En esos cuatro centros, viven con acceso a la compra de cigarros, 7 mil 822 internos de los 11 mil 800 internos que hay en el estado. Los demás internos corresponden a la población femenina y centros de atención provisional, en cuyas unidades no hay venta de tabaco.
Padilla Terán estima que al mes, los internos consumen unos 27 mil 500 cigarros.
Cada cajetilla de Marlboro rojos se vende en un precio público de 55 pesos, mientras que los Delicados se venden en 44 pesos, en las unidades de abastecimiento de cada Cereso.
En 2015, la empresa Distribuciones Dana, S.A. DE C.V., ganó una licitación por un total de un millón 144 mil 432.80 pesos, con Impuesto al Valor Agregado incluido, para proveer 3 mil cajetillas Marlboro rojo y 35 mil 280 Delicados.
Distribuciones Dana obtuvo el fallo a su favor, ofreciendo un precio unitario de 34.86 y 25 pesos mexicanos por cajetilla.
Considerando el precio de venta final, esta compra generó una utilidad de 730 mil 740 pesos. Pero no fue la única adquisición de cigarros que realizó el Sistema Estatal Penitenciario ese año.
El coordinador administrativo asegura que ese año se gastó el equivalente a 13.4 millones de pesos en cigarros.
Apunta que el fallo previamente citado fue una compra parcial, aunque el contrato no lo especifica así.
Se le solicitó el contrato que probara la compra restante, y no lo entregó.
Para 2016, Padilla dice que la misma coordinación destinó 11.3 millones de pesos para la compra del mismo producto.
De acuerdo a la licitación pública 32065001-011-16, ese año se contrató a Magova Comercializadora y Prestadora de Servicios S. de R.L. de C.V., por un importe total de 13.5 millones de pesos.
En julio de este año, el periódico Frontera reveló que Magova Comercializadora y Prestadora de Servicios es empresa familiar de David Magos Vázquez, Director de Infraestructura Deportiva del Instituto del Deporte del Estado (INDE).
El diario señaló que Magova se ha beneficiado al menos en dos ocasiones como proveedora del Sistema Estatal Penitenciario.
Una vez en 2014 con un contrato por 12.4 millones de pesos para la compra de cigarros y agua purificada, y nuevamente en 2016.
Para 2017, la compra de cigarros no se detuvo.
La licitación número 32065001-016-17 señala que la propuesta ganadora vino de la empresa mazatecla Osuru Trading de México, S.A. de C.V., por 3.5 millones pesos.
Aun así, Padilla Terán niega que los cigarros se sigan comprando cada año a gran escala con el fin de hacer negocio.
“No compramos para propiamente tener una utilidad, únicamente lo hacemos para efectos de no incurrir en una irresponsabilidad, es decir, no vender más barato de lo que compramos”, dice Padilla Terán.
La diferencia entre precio unitario y precio público, es porque no pueden adaptar sus precios al comportamiento del mercado, dice.
Si un producto encarece, el Sistema debe tener la capacidad de seguir adquiriéndolos, sin que esto les represente una pérdida, según el administrador.
En una tienda de autoservicio, las cajetillas Marlboro rojos cuestan 51 pesos, mientras que los Delicados 27 pesos.
Y no es que gobierno no tenga permitido hacer negocios.
Gerardo Carrasco, director de Litigio Estratégico de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, dice que los gobiernos hacen negocio para mantenerse y procurar el crecimiento del país.
“Toda la legislación de deuda pública, la Ley de Responsabilidad Hacendaria y leyes nuevas que limitan el mecanismo de endeudamiento de los estados están pensadas en sentido de que al propio gobierno, a fin de financiarse, se le permita hacer negocio”, dice Carrasco.
“Pero en temas de salud yo lo veo muy delicado”.
En Baja California, solo El Hongo II en Tecate y las áreas femeninas de todos los reclusorios, son espacios considerados libres de humo, según David Limón Grijalva, Subsecretario del Sistema Estatal Penitenciario.
Limón Grijalva dice que antes de que termine la actual administración del gobernador Francisco Vega de Lamadrid, todas las prisiones serán libres de humo.
Pero “el ritmo lo marcan los internos”, según Gil Alberto Martínez Aguirre.
Martínez Aguirre es subdirector estatal de tratamiento en adicciones del Instituto de Psiquiatría Estatal de Baja California (IPEBC), y subdirector del programa de reconstrucción personal.
La institución que dirige invierte recursos de gobierno en programas de prevención y tratamiento contra las adicciones. Al año, el IPEBC recibe 62 millones de pesos para esa tarea.
Se le pregunta si el tabaquismo es un tema que deba preocuparnos como estado y contesta que sí, porque es una droga de inicio en casi todos las edades.
Pero no cree que la compra de cigarros por parte del Sistema Estatal Penitenciario sea contradictoria.
“Empezaron a disminuir su venta, pero esto se tiene que hacer gradual, no lo podemos hacer de golpe, porque las repercusiones psicológicas, como de sintomatología, pueden hacer que las personas entren en crisis, inclusive aumentar la cantidad de riñas dentro de los Ceresos”, dice el subdirector del programa contra las adicciones.
El IPEBC es una paraestatal que de la mano con la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios y el Consejo Nacional contra las Adicciones (Conadic), certifican espacios como libres de humo.
El instituto ha trabajado anteriormente con el Sistema Estatal Penitenciario, cuando se certificó a El Hongo II en Tecate, pero también, realizando un estudio para identificar la magnitud de los problemas de adicción entre internos en el Cereso de Mexicali.
En 2016, el IPEBC encontró que un 28% de la población penitenciaria en Mexicali, presentaba adicción media y alta al cigarro.
Sobre la venta y consumo de cigarros en los Ceresos, la CNDH dice que el tema no les compete, a menos que se cometa una violación a los derechos humanos.
Óscar Zárate Chávez, Jefe del departamento de Verificación y Vigilancia de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dice que les corresponde verificar que las tiendas exhiban y respeten precios, aunque no los regulan.
Además Profeco no tiene quejas por la venta de cigarros en prisiones de México.
En Baja California, solo cinco Ceresos tienen unidades de abastecimiento.
Y de ellos, solamente cuatro permiten la venta de cigarros, en los espacios para hombres.
Aunque el gobierno estatal procura la salud en su discurso, e invierte millones de pesos en rehabilitar a quienes sufren de adicciones, violan su propio compromiso en aras de comerciar con una adicción. FOTO: KARINA QUEVEDO
A las mujeres se les quitó el cigarro desde 2013, según Martínez Aguirre, del IPEBC.
Viviana vivió la época en que las mujeres aún podían fumar en la cárcel. Tiene 40 años de edad y fue recluida en la penitenciaria de La Mesa, de 2012 a 2016.
Igual que Giovanni, Viviana compraba cigarros para después intercambiarlos por servicios de otras compañeras.
Cuando la SSEP dejó de vender cigarros a las mujeres, Viviana lo agradeció, pues recuerda que otras internas fumaban en las celdas a escondidas.
“A tres de las que yo conocí, se les desarrolló asma por lo mismo¨, dice Viviana.
Por eso Gerardo Carrasco, de Mexicanos Contra la Corrupción, cuestiona si los gobiernos tienen expresamente permitido comerciar cigarros.
En el artículo 34 del Reglamento de los Ceresos dice que está prohibido poseer, traficar, adquirir o consumir sustancias estimulantes, psicotrópicas y cigarros, tabaco o puros.
“A excepción de los artículos de venta en las unidades de abastecimiento del centro”.
En su opinión, la discusión va más allá de encontrar si es legal o no la venta de cigarros en las penitenciarías. La pregunta que lanza, aunque no está de acuerdo con ella, es más bien moral.
¿Cómo es posible que dentro de los Ceresos vendan cigarros si está comprobado que estos dañan la salud?
Por eso en ninguna de las 34 cárceles de California se permite la venta y consumo de cigarros, según Bill Sessa, vocero para el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California.
“Es por razones de salud pública. Todas las cárceles de California son libres de humo, así que no hay cigarros en absoluto, ni siquiera se le permite a los visitantes”, dice Bill.
Lorenzo Hernández Niebla, Vicepresidente del Colegio de Contadores Públicos de Baja California, agrega a la ecuación que el sistema está fallando en preparar a los internos, para volver a la vida en sociedad.
“En mi punto de vista no debería existir [la venta de cigarros] porque si tienen presupuesto es para rehabilitar a la persona”, dice.
Le parece criticable que el gobierno comercialice en un centro penitenciario, porque hacerlo “es lucrar directamente con los reos”.
En cuanto a la venta de cigarros, el presidente del Patronato de Liberados en Tijuana, Martín Muñoz, coincide en que no deberían darse porque dificultan la reinserción del liberado.
En la asociación que preside se da seguimiento y apoyo a quienes cumplieron sentencia e intentan readaptarse a la vida en libertad.
Ha visto de cerca el proceso de algunos liberados, pero reconoce que en proporción, son pocos los que acuden al patronato. “Sin generalizar, nos buscan los más rescatables”, dice.
Mientras que el resto de la población que egresa con adicciones, corre el riesgo de reincidir en drogas más fuertes, o nuevamente, en la delincuencia.