Este artículo
fue publicado inicialmente en Just Security.
Mientras
asimilamos la noticia de que el presidente Donald Trump ha puesto fin al
programa DACA, no debemos olvidar que, el mes pasado, Trump selló el destino de
más de 2,700 niños que intentaban escapar de la violencia criminal y las
penurias económicas de América Central.
Eran
niños inocentes que quedaron atrapados en la red de la prohibición contra
refugiados que Trump lanzó en febrero.
Gracias
a un programa iniciado por el presidente Barack Obama, algunos menores de
América Central estaban autorizados a reunirse con sus progenitores si vivían
legalmente en Estados Unidos.
En
febrero, esos 2,700 jóvenes habían recibido la autorización provisional de
ingresar en Estados Unidos, mas no habían llegado todavía.
El
mes pasado, el presidente Trump canceló el programa de Menores
Centroamericanos, obligando a estos niños a deshacer sus maletas, a renunciar a
sus sueños de una vida mejor, y a reconciliarse con la idea de vivir sin sus
padres.
Aunque
es fácil denunciar la crueldad de Trump –la cual probablemente ocasionará también
un incremento en la migración ilegal y el tráfico humano-, pero debemos perder
de vista el hecho de que la política de Menores Centroamericanos de Obama
pretendía ser un recurso provisional.
No
había, y no hay, una política estadounidense coherente para hacer frente, de
manera eficaz, a la realidad de que mucha gente sale de América Central por la
violencia y la pobreza que sus solapan gobiernos corruptos, cómplices en el
narcotráfico y aferrados a una economía oligárquica y rentable.
Así
que, este es el momento de reconsiderar las políticas estadounidenses para
atender a este problema de gran alcance, y sus efectos a corto plazo.
Primero,
¿cuáles son las repercusiones inmediatas del cambio radical de la política de
Trump?
Es
muy probable que los niños muy pequeños se vean obstaculizados por el cambio de
política, dejando a muchos de ellos en la cruel situación de crecer sin padres
en una de las regiones más peligrosas del mundo.
Al
mismo tiempo, muchos adolescentes que huyen de pandillas, violaciones y la
pobreza aplastante de América Central seguirán migrando. Por lo tanto, al
cerrar la vía legal para los inmigrantes altamente investigados, cuyos padres aguardan
para cuidar de ellos, las políticas de Trump simplemente nutrirán el
contrabando humano y una mayor inmigración ilegal.
Los
niños centroamericanos podrán seguir solicitando el ingreso como refugiados, mas
la condición de refugiado no describe a quienes huyen de la violencia criminal.
La legislación estadounidense define al refugiado como una persona “que no
puede o no está dispuesta a regresar, y no puede o no está dispuesta a hacer
uso de la protección, de ese país debido a la persecución o por temores bien
sustentados de persecución, por motivos de raza, religión, nacionalidad,
pertenencia a un determinado grupo social u opinión política”.
La
violencia en América Central suele atribuirse a las pandillas y, sin embargo,
la gran mayoría de las personas que sufre ataques de pandilleros no cumple con
esta definición.
Vale
la pena recordar que, aunque en todas partes hay pandillas juveniles, los híper
violentos “maras” de América Central surgieron del sistema carcelario estadounidense
y de las decisiones de deportación que tomamos durante la década de 1990,
cuando miembros de las pandillas de Los Ángeles, quienes llegaron a Estados
Unidos huyendo de las guerras civiles centroamericanas, fueron enviados de
vuelta a países con los que no tenían nexos y cuyo idioma ya no hablaban.
Estados
Unidos no reveló a esos países los expedientes criminales de los individuos
deportados, ni brindó ayuda para reintegrarlos en esas naciones de sí pobres y
debilitadas.
Por
ello, a nadie debe sorprender que Honduras, El Salvador y Guatemala tengan hoy
unas de las tasas de homicidio más altas del mundo; y que la extorsión, una
amenaza más silenciosa, se haya disparado.
Por
supuesto, es demasiado simplista culpar a las pandillas. La violencia actual en
América Central es, en buena medida, resultado de una asociación
pública-privada. La colusión del Estado está promoviendo la violencia criminal
generalizada, y ni las políticas estadounidenses ni la ley contra refugiados
han podido llevarle el paso.
Los
gobiernos de El Salvador, Honduras y Guatemala se dicen abrumados por la
violencia de los carteles de drogas y las pandillas violentas. Y la prensa
nutre esta narrativa porque el riesgo de cubrir la violencia del Estado es tan
grande que, irónicamente, resulta menos peligroso cubrir a los carteles y los
miembros de pandillas.
Así
pues, las pandillas centroamericanas son culpadas de la mayoría de los asesinatos
en esos países, si bien, en 2015, el Observatorio de la Violencia, organización
independiente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, solo pudo
atribuir 5 por ciento de los homicidios a las pandillas, un porcentaje similar
al de los años anteriores.
Un
estudio de Naciones Unidas halló que apenas 14 por ciento de los asesinatos
perpetrados en El Salvador, en el año 2000, podía atribuirse a las pandillas
(Naciones Unidas 2007). Un análisis de 2017, sobre la violencia en Guatemala,
solo pudo atribuir 28 por ciento de los homicidios del país a los carteles en el
principal corredor del narcotráfico, y en los barrios más conocidos por la
violencia de pandillas, solo 41 por ciento de los asesinatos pudo adjudicarse a
esos grupos; un gran porcentaje, sin duda, pero aún menos de la mitad.
Entonces,
¿quién comete todos los homicidios? Por supuesto, las pandillas son la causa
inmediata más importante; con todo, las pandillas suelen trabajar en estrecha
relación con políticos y miembros de la policía.
Si
bien es cierto que los funcionarios del gobierno combaten a las pandillas,
otros las protegen y trabajan en colaboración para compartir el dinero de
sobornos, extorsiones y esquemas de secuestro, y para beneficiarse de otros
tipos de violencia que pueden disimularse bajo la ubicuidad de los asesinatos
de pandillas.
Por
ejemplo, entre el golpe de Estado de 2009 y 2017, más de 120 activistas
ambientales han sido asesinados en Honduras. Los activistas rurales no suelen
ser blancos comunes de la violencia de pandillas (las víctimas son habitualmente
urbanas), pero amenazan al gobierno y al desarrollo empresarial.
No
obstante, en la vorágine de la criminalidad, es fácil disfrazar la
responsabilidad y apuntar el dedo hacia los criminales, en vez de hacia los líderes
empresariales con buenos contactos y actuando con impunidad política.
La
ley contra refugiados no tiene manera de resolver la violencia indiscriminada
que cometen los grupos criminales que operan con el beneplácito y hasta en
complicidad con los funcionarios públicos. La política pública también falla.
La
nueva y mezquina política de Trump separará a las familias, extinguirá
esperanzas y dañará a miles de niños. También dará impulso a los criminales que
contrabandean personas cuando las vías legales se cierran.
Aunque,
bien visto, las políticas de Obama eran marginalmente mejores. El programa
provisional Menores Centroamericanos fue un gesto humanitario, y resultó
significativo para quienes pudieron realizar el arduo viaje a través de la
frontera de Estados Unidos.
Sin
embargo, otro programa de la era Obama –la Iniciativa de Seguridad Regional
Centroamericana- proporcionó extensos fondos a los gobiernos de México y
América Central para combatir la violencia, reformar sus sectores de seguridad,
y detener la migración ilegal. Así que, de hecho, lo que hizo fue poner a los
zorros a cargo del gallinero.
Hubo
algunos momentos de creatividad deslumbrantes, como ofrecer fondos a miembros
de pandillas para que se separaran de sus grupos, como hacen muchos acuerdos de
paz para la reintegración de los ex combatientes.
Pero,
en términos generales, los fondos que se destinaron para fortalecer el estado
de derecho, para ayudar a las víctimas de la violencia, para programas para la
prevención de pandillas y otras soluciones útiles (aunque, a la larga, fueron
remedios superficiales), llegaron en cantidades muy inferiores comparadas con
las que se volcaron en los servicios de seguridad estatal, a menudo controlados
por funcionarios corruptos.
Incluso
es difícil determinar la información básica de los programas, y las
evaluaciones han sido esporádicas.
Para
contener la violencia de una región y resolver los desafíos inmigratorios que
presentan los países al sur de Estados Unidos, necesitamos trabajar con los
ciudadanos de esos países y ayudarlos a recuperar sus naciones de las manos de
gobiernos criminales y corruptos.
Uno
de los ejemplos más estimulantes de esa estrategia fue el intento de un
emprendedor grupo de profesionales legales guatemaltecos, quienes convencieron
a Naciones Unidas de actuar como un cuerpo externo con la capacidad para
enjuiciar a los principales líderes del país bajo la tutela de la Comisión
Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de ONU.
La
organización fue creada debido a que las instituciones del país estaban
demasiado comprometidas para perseguir a dichos funcionarios del más alto
nivel. Pero el esfuerzo se encuentra amenazado ahora: después de descubrir la
inmensa corrupción del nuevo gobierno de Guatemala, que hizo campaña con una
plataforma de honestidad, el comisionado de ONU acaba de ser expulsado del
país.
Los
miembros del Congreso estadounidense que se pronunciaron contra la decisión de
cancelar el programa Menores Centroamericanos, también debieran hablar en
defensa de CICIG y proponerla como un programa que habría de expandirse a toda
la región.
Estados
Unidos debe pugnar fuertemente por este tipo de estrategia multilateral para
reforzar el estado de derecho como parte de un esfuerzo que, de resultar, terminaría
por volver menos necesarios los remedios superficiales a la inmigración.
Rachel Kleinfeld es un miembro prominente
de Carnegie Endowment for International Peace, organización especializada en asuntos
de conflicto, gobernación y seguridad.
—
Publicado en cooperación con Newsweek /Published in cooperation with Newsweek.