El día de ayer Jorge Ruiz
Palomares, abogado ambiental del Centro de Estudios sobre Derecho Ambiental
Mexicano (CEDAM) fue notificado por la Profepa sobre la no acreditación del
interés legítimo de Edgar Dávila, habitante de Asientos, para conocer el
expediente completo sobre la verificación realizada al recinto minero El
Porvenir, propiedad de Minera Frisco, del magnate mexicano Carlos Slim.
Según la llamada telefónica
recibida por Ruiz Palomares, la decisión fue tomada presuntamente por el
delegado de la Profepa, Luis Fernando Muñoz.
La denuncia ambiental fue
presentada debido a que ambos actores consideran que la explotación de
minerales entre los municipios de Asientos y Tepezalá, afecta el medio ambiente de la zona, la
salud de sus habitantes, y la actividad no se realiza en apego a los
ordenamientos legales.
La denuncia fue presentada en
abril de este año ante las oficinas centrales de la Profepa a nombre del CEDAM,
pero fue remitida a la delegación en Aguascalientes y aceptada hasta el pasado
mes de junio.
“Fue una llamada telefónica,
hablé con el subdelegado jurídico Carlos Méndez de la Breña, me dijo que ya
tenían una respuesta de la solicitud que hicimos en la que solicitamos a la
delegación de la Profepa que a Edgar lo reconociera como una persona con
interés legítimo, lo que quiere decir que como es un afectado directo de las
actividades mineras, el tiene el derecho de poder revisar el expediente, actuar
en él presentando promociones, escritos, argumentaciones o alegatos para poder
defender su derecho a un ambiente sano”, explicó.
A Ruiz Palomares el sudelegado
jurídico de la Profepa le dijo que, para conseguir el interés legítimo, debían
presentar otra denuncia, pero esta vez a nombre de Edgar Dávila.
“Existen criterios
jurisprudenciales en donde los denunciantes tienen derecho a ser parte de ese
procedimiento incluso sin la necesidad de hacer la solicitud y eso se lo hice
saber al subdelegado jurídico, sin embargo, el me expresó que la decisión fue
del delegado, él dijo que se firmara así y se dijera que Edgar no tenía interés
legítimo y que para tenerlo, tenía que tramitar una nueva denuncia y ahí se le
acreditaría el interés legítimo.
“Este es un criterio totalmente
erróneo, es de antaño y no tiene nada que ver con los nuevos criterios que
existen, contradice la misma ley y los criterios jurisprudenciales. Se presta a
sospechar que quieren cubrir a la empresa”.
Tanto Dávila como Ruiz Palomares,
buscan conocer los resultados de la última inspección realizada a la minera,
para conocer las anomalías que se encontraron.
El día de ayer, Gilberto
Gutiérrez, delegado de la Semarnat señaló que la delegación de la Profepa tuvo
que solicitar apoyo a las oficinas centrales para poder ingresar a la mina,
debido a supuestas “trabas” impuestas por la empresa.
Ruiz Palomares estudia la
posibilidad de impugnar la decisión de Luis Fernando Muñoz, delegado de la
Profepa ante tribunales locales.
“Hay medios para impugnar esta
decisión, es por la vía de un juicio de amparo presentado en algún juzgado
distrital de Aguascalientes. Si Edgar nuevamente hace la denuncia lo que van a
hacer es que perdamos más tiempo y esa denuncie se acumule a la misma que ya
hicimos, no tiene sentido lo que ellos están argumentando. Al final sería
exactamente lo mismo, ¿para qué atrasarnos de esa forma?. El amparo se
presentaría contra el delegado de la Profepa de Aguascalientes”.