El presidente de la Comisión
Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) Jesús Eduardo Martín Jáuregui, aseguró
que en las próximas dos semanas estará en condiciones de presentar dos recomendaciones
–y posteriormente denuncias penales– contra la Secretaría de Seguridad Pública
Municipal por los delitos de desaparición forzada y tortura.
En rueda de prensa, el Ombudsman
detalló que dichos actos estarán respaldados por investigaciones realizadas por
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la tercera visitaduría de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), correspondientes a la
represión el 9 de junio contra estudiantes de la Normal Rural Vasco de Quiroga
de Tiripetío, Michoacán en donde se configuró el delito de desaparición forzada
contra 26 estudiantes detenidos sin ser consignados; y contra actos de presunta
tortura divididos en tres diferentes hechos ocurridos en julio de este año.
Tanto las recomendaciones como
las denuncias penales serán presentadas una vez que los mandos de seguridad
pública comparezcan –a puerta cerrada– ante la CEDH, y contarán con el apoyo y
respaldo de los organismos nacionales e internacionales antes mencionados.
Entre las autoridades que serán
citadas por el Ombudsman se encuentra Héctor Benítez López, director de la
Secretaría de Seguridad Pública Municipal; Elías Manzur, director operativo de
la misma corporación; Alfonso Ruvalcaba, responsable de prevención del delito
del municipio capital; y Pablo Diosdado Gómez, director del estado mayor.
“Nosotros lo vamos a hacer. La
Fiscalía no ha terminado su investigación, nosotros presentaremos nuestra
denuncia por desaparición forzada con nuevos elementos. Vamos a citar a los
jefes, (…) hemos pedido informes al director operativo Elías Manzur y nos
preocupa especialmente que sus informes no concuerdan con otros informes de
otros jefes, concretamente el informe público que dio el capitán Benítez,
además de que el director operativo no conoce varias acciones hechas públicas
por el Municipio Capital.
“Una vez que tengamos sus
declaraciones tendremos completada nuestra investigación, y haremos las
recomendaciones respaldados por los organismos internacionales”, indicó el
Ombudsman.
Al preguntarle si las denuncias
se presentarían en contra de una persona en específico, Martín Jaúregui señaló que, aunque todavía no
es seguro, “los elementos que tenemos ahorita me hacen pensar que en mandos
medios tenemos graves problemas. La posibilidad de que pueda configurarse
desaparición forzada porque mandos medios de la corporación negaron tener
detenidos a los muchachos, cuando hay constancias gráficas y de grabaciones de
que efectivamente estaban detenidos y que no fueron recibidos en la Fiscalía.
Esto configura una falta muy grave”.
Sobre las recomendaciones apuntó
que “por la gravedad que revisten” serán dirigidas a la alcaldesa Teresa
Jiménez, debido a deficiencias encontradas tanto por la CEDH como por la ONU y
la CNDH en el funcionamiento de la policía municipal.
“Tenemos acreditado que policías
que no habían pasado el examen de control confianza estaban trabajando, además
de que no funciona adecuadamente el sistema de videovigilancia, entonces ellos
no pueden acreditar que no cometieron actos de tortura o que no realizaron detenciones
arbitrarias”.
Respecto de lo ocurrido contra
los normalistas de Tiripetío, Michoacán; Martín Jáuregui detalló que “preocupa
porque el formato se parece bastante, y eso nos lo hicieron notar ayer en la
Ciudad de México, al mecanismo que aparentemente se siguió en Ayotzinapa.
“La intervención de la Secretaría
de Seguridad Pública Estatal para impedir que se avanzara en la represión que
ya se había iniciado y de la que tenemos documentación clara de una
participación apartada de los cánones legales por parte de la policía municipal
sobretodo en cuanto a las cadenas de mando, verificar si es posible que una
orden pueda brincarse y pasar de un jefe a ejecutores, o responsabilidad de
mandos medios sin que se entere el jefe.
“Tenemos ya un análisis terminado,
la posibilidad de brindar resultados y desde nuestro punto de vista se
configura plenamente una intervención violenta sin que mediara una agresión por
parte de los normalistas, no está documentado que ellos trajeran armas o
piedras, pero sí tenemos documentadas violaciones de la policía municipal
contra los normalistas”.
Correspondiente a los presuntos
hechos de tortura, divididos en tres diferentes eventos: el primero ocurrido el
2 de julio en la carretera 45 donde fueron encontrados una veintena de personas
caminando desnudas, el 2 de julio en Calvillo con 7 personas localizadas en la
mismas condiciones, y el 5 de julio en la Comunidad de El Soyatal donde 9
personas fueron desnudadas y brutalmente golpeadas; el Ombusdman recalcó que
dichos eventos pusieron a Aguascalientes en el mapa nacional de la tortura.
“Pensamos que se trata de la
misma autoridad y con la mismas intenciones. Los indicios que tenemos señalan
que hay una responsabilidad de la policía porque en materia de tortura y
desapariciones la carga de la prueba corresponde a la autoridad y lo que tienen
en común las víctimas es que todas fueron detenidas antes de los hechos por la policía
municipal. El compromiso que asumí con el representante de la ONU es coadyuvar
para la implementación en Aguascalientes de la nueva Ley General de Tortura aprobada
el pasado 26 de junio”.
Aguascalientes ya es parte del
mapa nacional en temas de tortura.
se necesita que organismos con un
peso público importante respalden los trabajos de la Comisión estatal
Dos personas del área de
documentación de la ONU que realizaron en conjunto con la CEDH diligencias,
entrevistas con castuela, Tere, Manzur, benítez
CNDH previsión de la tortura
“Tenemos ya un análisis
terminado, la posibilidad de brindar resultados y desde su punto de vista se
configura plenamente en el caso de los normalistas una intervención violenta
sin que mediara una agresión por parte de los normalistas, no está documentado
que ellos trajeran armas o piedras, pero sí tenemos documentadas violaciones de
la policía municipal contra los normalistas.
la CNDH acompañará al Ombudsman
en el caso de la ONU estuvo alan
garcía campos, director de la unidad jurídica y de análisis de la ONU,
la posibilidad de que pueda
configurarse desaparición forzada porque mandos medios de la corporación
negaron tener detenidos a los muchachos, cuando hay constancias gráficas y de
grabaciones de que efectivamente estaban detenidos los muchachos y que no
fueron recibidos en la Fiscalía. Esto configura una falta muy grave.
le preocupa a la representación
el parecido con lo ocurrido en Ayotzinapa
por lo que toca a la tortura hay
una condena muy clara por parte de la ONU (…) el relator nos dice que ellos no
pueden de manera directa brindar información o análisis pero podemos usar el
material recabado por ellos de las diligencias realizadas en Aguascalientes
nos acompañarían de la
representación
pensamos que se trata de la misma
autoridad y con la mismas intenciones. Los indicios que tenemos señalan que hay
una responsabilidad de la policía porque en materia de tortura y desapariciones
la carga de la prueba corresponde a la autoridad
el compromiso que asumí con el
representante de la ONU es coadyuvar para la implementación en Aguascalientes
de la nueva ley general de tortura aprobada el pasado 26 de junio
todos tienen en común que fueron
detenidos por la policíaa municipal
Alejandro Monreal no ha aceptado
la invitación de la CEDH
El tratado internacional Acuerdos
de París permite que los organismos de derechos humanos realicen señalamientos
aún antes de concluir con cualquier investigación.
“Se ha criticado señalamientos,
apuntes e informaciones que la Comisión ha dado aún antes de terminar alguna
investigación, pero los Acuerdos de París da un mandato a los organismos de
derechos humanos para que hagan públicos los asuntos cuando consideren que esa
publicidad sea correcta para orientar a la ciudadanía o alertar sobre alguna
conducta que se realice fuera de la ley”.