El Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), vigente en todo el país desde el 18 de junio del 2016, ha dividido las críticas en dos frentes. Las fallas en la implementación y el aumento de la violencia en México han hecho que representantes de distintos sectores del gobierno y de la sociedad pidan cambios estructurales, mientras que otros sectores exigen que las instituciones implicadas cumplan su papel para el funcionamiento pleno del sistema.
La implementación en las 32 entidades del país del nuevo sistema, inserto dentro en la reforma constitucional de 2008, surgió con el objetivo de dar opciones de justicia alternativa para que los procesos se agilicen, que exista justicia pronta para los implicados y que el Estado pueda ahorrar recursos.
Sin embargo, a un año de su entrada en vigor las fiscalías y procuradurías estatales sólo avanzaron en el 40 por ciento de los casos por los que abrieron carpetas de investigación, mientras que el 60 por ciento continuó en trámite o sin que el ministerio público acreditara el cuerpo del delito y encontrara a un probable responsable, según el informe Hallazgos 2016 del Centro de Investigación para el Desarrollo, A. C (Cidac).
“El blanco perfecto”
Las fallas operativas del NSJP y el aumento récord de la violencia han sido los temas por los que políticos, instancias gubernamentales y organizaciones civiles lo critiquen.
Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública hasta julio del 2017 indican que en la primera mitad del año se han abierto 12,155 carpetas de investigación por homicidio doloso, lo que supera a las 9,300 carpetas que se abiertas en el mismo periodo de 2016.
Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), declaró en entrevistas con medios nacionales que el aumento en la incidencia de delitos se debe al nuevo modelo de impartición de justicia.
Mancera también alertó a inicios de julio que 4 mil personas pueden salir de la cárcel luego de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien añadió que los internos podrán solicitar su libertad provisional en delitos que antes se consideraban graves para seguir su proceso fuera de la cárcel, tema que fue refutado por Rommel Moreno, titular de la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Procuraduría General de la República (PGR).
Manelich Castilla Craviotto, comisionado general de la Policía Federal (PF), criticó que este sistema no permite encarcelar a quienes portan armas de grueso calibre y solicitó revisarlo para generar los cambios necesarios, aunque afirmó que no está en contra de su aplicación.
El comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia destacó la necesidad de hacer una reforma a los artículos 19 Constitucional y del Código Nacional de Procedimientos Penales para que se establezca la prisión preventiva a las personas detenidas en posesión de armas de fuego.
El incremento en los delitos se debe a la inadecuada capacitación de policías, personal de las procuradurías, y la falta de lineamientos, que han originado vacíos en la aplicación de la ley, destacó Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización Alto al Secuestro, quien destacó la necesidad de que se realice una auditoría para conocer en qué se gastaron 50 mil millones de pesos que se destinaron para la implementación del NSJP.
Criticar las fallas, no al NSJP
Rommel Moreno el representante de la PGR dijo en declaraciones a Milenio que no considera que el NSJP sea una puerta giratoria para la salida de los reos que actualmente cumplen condena en las cárceles del país.
“El hablar y decir: ‘4 mil gentes que van a ser excarceladas’… Hay que cuidar mucho el lenguaje en el tema de la Corte. La Corte ha hablado de supervisar, revisar caso por caso, no es que van a salir inmediatamente”, dijo el representante de la PGR.
Sin embargo, el Cidac alertó que la sustentabilidad del NSJP mexicano está en riesgo porque enfrenta, por un lado, las deficiencias institucionales y, por otro, iniciativas de ley que funcionarían como contrarreformas.
La Directora General de la organización, Edna Jaime, expresó en un comunicado que este sistema está en una encrucijada porque todavía necesita de reformas para garantizar su operación y “va a requerir más tiempo”.
Señaló que surgieron propuestas legislativas que pretenden endurecer las normas procesales del sistema acusatorio, situación que representaría una contrarreforma. “No podemos dejar que esto suceda”, dijo.
La Barra Mexicana Colegio de Abogados (BMA) acusó por su parte que la propuesta de reformar al NSJP pretende responsabilizar al Sistema de la inseguridad pero que “las fallas reales” están por un lado en “la falta de capacitación de sus operadores (policías, peritos, fiscales y abogados) y, por otro, la desinformación a la ciudadanía sobre las razones que justifican tales medidas”.
La iniciativa, señaló, tiene como finalidad principal ampliar el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa. Expone que “el nuevo Sistema, lejos de prohibir la prisión preventiva, la racionaliza, de manera que cualquier persona puede quedar sujeta a ella cuando las conductas lo ameriten”.
El verdadero reto, señaló la BMA, no es legislativo sino de capacitación para que operadores del NSJP tengan en sus manos las herramientas.