La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó al gobierno de Miguel Ángel Yunes, que repare el “daño integral” a los familiares de cinco jóvenes que fueron víctimas de detención arbitraria, tortura, desaparición forzada y ejecución en el municipio de Tierra Blanca.
El gobierno estatal deberá incluir una indemnización justa por la gravedad de los hechos, además de proporcionarles atención médica, psicológica y tanatológica, según la recomendación 5VG/2017 emitida por la CNDH por violaciones graves a derechos humanos.
Otra de las acciones recomendadas por la CNDH es que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal deberá ofrecer una disculpa pública institucional a los familiares.
Además, deberá colaborar en la integración de la carpeta de investigación que inicie la Procuraduría General de la República (PGR) con motivo de la denuncia que formule la CNDH contra quien o quienes resulten responsables por delincuencia organizada, tortura y homicidio,en las que se encuentren involucrados agentes policiales con el crimen organizado.
Cuatro policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz, estarían involucrados en la desaparición forzada de cuatro jóvenes y una menor de edad en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz, que fueron torturados y ejecutados en enero de 2016.
De acuerdo con las evidencias contenidas en el expediente de queja CNDH/1/2016/204/Q/, las víctimas viajaban en un vehículo particular del Puerto de Veracruz hacia Playa Vicente. Al llegar al Municipio de la Cuenca del Papaloapan fueron detenidas por agentes de Seguridad Pública, aproximadamente a las 12:00 horas.
En la misma fecha, a las 20:15 horas, policías de Seguridad Pública localizaron el vehículo en el que se trasportaban las víctimas en el Municipio de Medellín de Bravo, Veracruz.
Dos días después -13 de enero-, la CNDH recibió la queja en la que se denunció que entre las 12:30 y las 13:00 horas del 11 de ese mismo mes y año, el hijo de la persona denunciante se transportaba en un vehículo particular, en compañía de cuatro personas más, y que al llegar a una gasolinera ubicada en la carretera federal 140, en las inmediaciones de un negocio comercial denominado “Súper Che”, en Tierra Blanca, fueron detenidos por agentes de Seguridad Pública, desconociendo hasta esa fecha el paradero de los agraviados.
Después de diversas investigaciones, el organismo nacional acreditó violaciones graves a la legalidad, seguridad jurídica y a la libertad personal por la detención arbitraria de las víctimas, atribuible a servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Veracruz.
También a la integridad personal, con motivo de los actos de tortura cometidos en agravio de las víctimas, por parte de policías de la SSP estatal y de diversas personas que, de acuerdo con las actuaciones ministeriales, reconocieron pertenecer al Cártel Jalisco Nueva Generación, advirtiéndose que algunos los llevaron a cabo y otros los toleraron.
La Fiscalía General del Estado determinó que las víctimas fueron privadas de la vida por parte de personas que, de acuerdo con actuaciones ministeriales, declararon pertenecer al Cártel Jalisco Nueva Generación, quienes contaron con la autorización y de miembros activos de Seguridad Pública.
Según la CNDH, la Dirección General de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Veracruz violó gravemente los derechos humanos y la verdad por abstenerse de resolver en definitiva la responsabilidad en la
Investigación Administrativa instruida en contra de los policías estatales involucrados en los hechos.
Desde hace varios años, en el estado de Veracruz, advierte la CNDH, la desaparición de personas está motivada entre otras causas, por la falta de implementación de políticas públicas para prevenir y combatir este ilícito, además de la conjunción de impunidad, violencia, inseguridad y colusión de agentes policiales con el crimen organizado.