La negativa de la Comisión Estatal de Derechos Humanos a prohibir la entrada de menores de edad a corridas de toros en Aguascalientes pasa por alto una recomendación que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hizo a México en 2015 y viola el principio del interés superior del menor.
Además, la CEDH mintió, al asegurar hace unos días que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) resolvió en la impugnación que los antitaurinos interpusieron contra su respuesta a favor de los niños en los toros, acusó el activista Gustavo Lozano.
“Lo que atenta, fundamentalmente contra un debate democrático, es que se anuncie de parte de la Comisión Estatal, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos -ante quien se recurrió esa resolución estatal, haya dicho que sí a los niños en los toros. Eso es totalmente falso”, afirmó.
Exigió que la instancia estatal exhiba un documento en el que conste que la CNDH resolvió de la forma en que la propia Comisión Estatal publicó que había hecho.
Lozano, representante en México de la Fundación Franz Weber, defendió que la Fiesta Brava implica el conflicto entre dos derechos. Como el Comité de los Derechos del Niño de la ONU ya ha señalado que exponerlos a corridas de toros vulnera sus derechos, el gobierno debe respetar el principio de interés superior del menor, insistió.
“En un fenómeno concreto, como en este caso la tauromaquia, colisionan dos derechos: el derecho de acceso a la cultura, que existe y que no negamos, y por otro lado el derecho a una vida libre de violencia, que existe y que exigimos que se reconozca”, sentenció.
Aseguró que la Fundación reconoce a la Fiesta Brava como un acto cultural y una tradición, por lo que su campaña no tiene el objetivo de erradicarla.
La organización ha logrado que ciudades como León prohíban la presencia de niños en eventos taurinos, pero algunos padres de familia, en desacuerdo con la prohibición, han promovido amparos en su contra.
El activista precisó que las resoluciones de esos recursos permiten, temporalmente, la entrada de los niños cuyos padres se ampararon, pero no anula la prohibición de forma permanente.
“Por un lado, dice: concedo el amparo porque me parece que no se robustecieron los argumentos de manera suficiente. Pero por otro lado, no niego que existan los derechos de los niños a una vida libre de violencia (…) Desde entonces a la fecha, las organizaciones nos hemos encargado de construir un conjunto de argumentos, me parece, muy sólidos, que están a disposición de cualquier autoridad que valientemente se anime a echar para adelante esto”, explicó.
A juicio del representante de la Fundación Franz Weber, el principal bloqueo a la implementación de esta propuesta de política pública se debe al peso político y económico que tienen los actores del ámbito taurino.
Sobre el caso de Aguascalientes, Lozano opinó que en el contexto de su jurisdicción, el actuar de la CEDH es esperable.
“En general, aunque hay excepciones, las Procuradurías o Comisiones de Derechos humanos en todo el país suelen no ser autónomas en su toma de decisiones; es decir, obedecen a los intereses de quienes los llevaron a esa posición. En el caso de Aguascalientes, tenemos un gobierno que es férreo defensor de la fiesta brava y lo ha dicho quedito y fuerte. En este punto no podemos esperar que alguien que fue colocado en ese espacio por un gobierno que defiende férreamente la tauromaquia se pronuncie en sentido contrario”, condenó.