El gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, reviró el llamado que el presidente Enrique Peña Nieto hizo ayer a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y le exigió que el gobierno federal también “jale parejo” en el combate al narcotráfico.
“Pues yo también lo digo al revés: que jalemos parejo (…) El tema del consumo de droga, ¿dónde está el control en la parte de los grandes cárteles, de la introducción de la droga, del cristal, que está invadiendo el país? Y sin duda tanto las responsabilidades del presidente Peña como las nuestras o las de la alcaldesa tiene que ser en conjunto, en seguridad. Solos, no vamos a poder”, respondió Orozco en entrevista colectiva.
El gobernador hizo estas declaraciones a un día de que se publicara un informe de la PGR que identifica al Cártel de Los Beltrán Leyva como el predominante en Aguascalientes, y después del fin de semana en el que se realizó el cuarto decomiso de marihuana que era trasladada rumbo al norte del país en lo que va del año.
Orozco Sandoval reconoció que Aguascalientes y todos los estados padecen el incremento de los delitos del fuero común y apuntó que, aunque su combate le corresponde a las policías municipales, el estado apoya a los municipios través del mando único o mando mixto, y lo mismo debería de hacer el gobierno federal en lo que le compete.
En Aguascalientes, las denuncias por delitos del fuero común crecieron 26 por ciento entre enero y mayo de 2017 con respecto al mismo periodo de 2016, según estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNPS).
En ese sentido, el mandatario también manifestó su respaldo a la iniciativa que la Conago envió al Congreso para reformar el sistema penal.
Entre otros cambios, la propuesta plantea:
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Ampliar de 6 a 12 la lista de delitos por los que el imputado deba permanecer en prisión durante el proceso
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Acotar las medidas alternas que eviten que los asuntos lleguen a tribunales
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Incrementar las sanciones a adolescentes
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Aplicar el arraigo a delitos del fuero común
Además del gobernador, la presidenta municipal de Aguascalientes, Teresa Jiménez, y el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del estado (STJ), Juan Manuel Ponce, se han pronunciado a favor de reformar el sistema penal acusatorio.
Falló la capacitación, no el sistema: especialista
Para Eloy Morales Brand, investigador de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), la iniciativa de la Conago busca resolver con una reforma un problema de falta de capacitación y trabajo preventivo.
“Todavía no hay un procedimiento de evaluación real, con estadísticas, con datos duros que digan que el sistema está bien o mal funcionando. Y en consecuencia es un error, a mi parecer, querer reforma algo que no ha sido evaluado. Lo que pretenden hacer es resolver los problemas de inseguridad modificando el sistema penal, cuando el sistema penal no atiende problemas de inseguridad, al contrario: atiende delitos consumados. Entonces, la falta del trabajo adecuado de sistemas policiales, del sistema preventivo, se lo quieren atribuir a la ley”, evalúa Morales Brand.
Desde el punto de vista del investigador, el resultado no sería sistema penal acusatorio más eficiente, sino una regresión al sistema inquisitivo tradicional.
Otra de las razones por las que el sistema acusatorio no ha funcionado como las autoridades esperaban, considera, es la mala o nula capacitación, principalmente de las policías preventivas.
“Creo que es más bien una indebida percepción del sistema, que puede ser atribuido a una falta de capacitación de todos los operadores. La policía fue lo último que se dejó en todo México. Se empezó a trabajar, principalmente, con ministerios públicos, defensores, jueces, que eran lo último a trabajar. Primero se tenía que trabajar con el eslabón de la Policía y la Policía de Investigación, que es el primer contacto que se tiene y fueron los últimos que trabajaron”, explicó.
Un ejemplo de la falla de capacitación a las policías municipales, indicó, es el argumento de que no pueden detener a los presuntos delincuentes si no es en flagrancia.
“¿Es posible detener a una persona después de que cometió un delito? Sí. Si inmediatamente se informa a la autoridad de la comisión del delito, se puede hacer y no necesariamente tiene que ser exclusivamente cuando cometa el delito y prácticamente ir corriendo atrás de la persona. Se puede montar un operativo en forma inmediata”, señala el investigador.
El también jefe del Departamento de Derecho de la UAA concluye que el sistema penal sí amerita reformas, pero aquellas que agilicen los procesos y la solución de los conflictos.