El gobierno estadounidense advirtió sobre la escalada de corrupción en México y la amenaza que representa para el estado de derecho por no contar con un marco legal bien definido para castigar “las muchas formas de corrupción en el gobierno y la sociedad mexicana, incluido el sector público”.
El Departamento de Estado de EE.UU. se encuentra preocupado por la complicidad de funcionarios gubernamentales y policiales mexicanos con organizaciones criminales, señala en el “Informe sobre el Clima de Negocios 2017” publicado el pasado 30 de junio.
La corrupción existe en muchas formas en el gobierno y la sociedad mexicana, incluida en el sector público. Por ejemplo, la demanda de sobornos o sobornos de funcionarios gubernamentales, mientras que en el sector privado persiste el fraude y falsificación de reclamaciones. Algunas de las formas más comunes de corrupción oficial involucran a funcionarios gubernamentales que roban las arcas públicas o exigen sobornos a cambio de hacer su trabajo, concluye el análisis.
Las empresas mexicanas pagaron 1,600 millones de pesos derivados de actos relacionados con la corrupción durante 2016, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Corrupción, “factor problemático” para hacer negocios
La transparencia en la administración pública a nivel federal ha mejorado notablemente, señala el Departamento de Estado de EE.UU. en su informe, pero el acceso a la información a nivel estatal y local ha sido lento.
De acuerdo con el Índice de Percepción de Corrupción 2017 de Transparencia Internacional, México ocupa el puesto 123 de 176 países. Las organizaciones de la sociedad civil centradas en combatir la corrupción son cada vez más influyentes a nivel federal, pero son pocas en número y menos poderosas a nivel estatal y local.
El Informe de Competitividad Global del Foro Económico Mundial (FEM) para 2016 encontró que la corrupción es “el factor más problemático para hacer negocios” en México. Por ejemplo, el FEM apunta sobornos para facilitar la adquisición de los permisos necesarios o los contratos gubernamentales pueden aumentar los costos de negocios en un 10 por ciento.
“Los representantes empresariales, incluso de empresas estadounidenses, creen que los fondos públicos a menudo son desviados a empresas privadas y a particulares debido a la corrupción y perciben que el favoritismo está muy extendido entre los funcionarios de públicos”, dice el análisis del Departamento de Estado de EE.UU..
El Portal Anticorrupción de Gan Business declara que el cumplimiento de las regulaciones de adquisiciones por parte de los órganos estatales en México no es confiable y la corrupción es extensa, a pesar de las leyes que cubren conflictos de interés, licitaciones y procedimientos de listas negras de empresas.
“La Embajada de los Estados Unidos ha participado en un amplio esfuerzo para trabajar con agencias mexicanas y organizaciones de la sociedad civil en el desarrollo de mecanismos para combatir la corrupción y aumentar la transparencia y el juego limpio en la contratación pública”, dice el Informe de EE.UU..
La importancia del Sistema Anticorrupción
El Congreso mexicano aprobó una reforma constitucional el 27 de mayo de 2015 creando el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), diseñado para proporcionar un marco integral para la prevención, investigación y enjuiciamiento de casos de corrupción.
Una vez que se aplique plenamente el nuevo marco jurídico, proporcionará a los tribunales competentes la autonomía para aplicar sanciones administrativas a los funcionarios públicos. Sin embargo, advierte el gobierno estadounidense en el informe, que las nuevas leyes requieren un rediseño de la administración pública para dotarlo de funciones adicionales de auditoría e investigación y de capacidad para combatir la corrupción en el sector público.
La nueva Ley de Responsabilidades Administrativas crea un régimen unificado de responsabilidades para los servidores públicos en todos los niveles de gobierno, incluyendo los organismos autónomos, las organizaciones y las instituciones del Estado mexicano. También establece la obligación de los funcionarios públicos de proporcionar declaraciones anuales de activos, declaraciones de posibles conflictos de intereses y prueba de “posición fiscal”.
La ley establece códigos de ética con implicaciones legales específicas y sanciones por actos corruptos cometidos por políticos y ciudadanos privados, así como por servidores públicos.
El nuevo Sistema Nacional de Lucha contra la Corrupción prevé la creación de un Fiscal Especial contra la Corrupción y enumera los actos de corrupción que se consideran delictivos con arreglo a las nuevas leyes. El nuevo marco jurídico establece una base para que los actores privados y las empresas sean legalmente responsables de actos de corrupción en los que participen funcionarios públicos.
El informe del Departamento de Estado señala que el sistema alienta a las empresas privadas a desarrollar códigos internos de conducta. Las empresas privadas aún no son plenamente conscientes de los nuevos requisitos y el potencial de responsabilidad legal que trae consigo el nuevo sistema anticorrupción.